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Desde diciembre del año pasado la Asamblea Orgullo Disca comenzó a organizarse para hacerle frente a las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei que atenta específicamente contra sus derechos. Sostienen asambleas quincenales, tejen redes con otras organizaciones e idearon diversas estrategias para poder asistir a las movilizaciones, como los botiquines sensoriales que facilitan la participación de personas neurodivergentes. Incluso, lxs trabajadores depedidxs de la empresa GPS de Aerolíneas Argentinas les regalaron sus canceladores de sonido, en un gran gesto de solidaridad y apañe colectivo.
Las personas que integran la Asamblea Orgullo Disca se encuentran generando diversos mecanismos anticapacitistas como el formulario para denunciar la quita o amenaza de quita de la pensión y un documento dirigido a las organizaciones en el que detallan modos de participación política de personas con discapacidad para las movilizaciones y protestas. En lo que va del año realizaron tres concentraciones en las puertas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para visibilizar el recorte y el vaciamiento de este organismo encargado de generar políticas públicas que garantizan sus derechos.
Laura Alcaide es parte de la Asamblea, trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, desde que asumió la nueva gestión asegura que en distintos sectores del Estado fueron despedidas personas con discapacidad sin justificación alguna y podría haber más despidos ya que el gobierno nacional está exigiendo una actualización de exámenes preocupacionales a personas que tienen una antigüedad de trabajo en la administración pública de 20 o 30 años. “Esas personas pueden haber adquirido enfermedades discapacitantes y eso puede ser motivo de rescisión de contrato encubierto”, asegura Laura.
Además señala que hay muchas personas con discapacidad que fueron removidas de sus cargos y pasaron a integrar nuevas áreas en el Estado y requieren sistemas de apoyo (recursos y estrategias que promueven el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar de una persona y mejorar su funcionamiento individual) que no se les están garantizando, como por ejemplo, un intérprete de lengua de señas para personas sordas y agrega: “Las personas que trabajaban en INADI cuando se disolvió las trasladaron a un nuevo puesto donde no tienen sistemas apoyos y están trabajando totalmente en soledad, sin saber a quién responden, ni qué tareas tienen que cumplir."
En las reuniones que realiza la Asamblea con una periodicidad quincenal, se pueden escuchar testimonios de personas que cuentan cómo el ajuste y los recortes en la administración pública atentan contra sus vidas. En algunos grupos de chats se hacen trueques de medicamentos porque hay personas que ya no pueden costearlos e incluso otras debieron reducir su dosis diaria, lo que genera un deterioro grave en su salud. El mismo peligro están corriendo las personas electrodependientes que, por cuestiones de salud, necesitan un suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados, a quienes el gobierno pretende eximirlas de este derecho.
A las personas inscriptas en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) se les otorga energía eléctrica gratuita y equipamiento para casos de corte de suministro. "Ahora solo consideran electrodependientes a quienes requieren del servicio las 24 horas, esto reduce considerablemente la cantidad de personas que pueden sostener el derecho cuando hay muchísima gente que quizás necesita un aparato solamente para dormir o en un momento particular del día.” Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) registraron que durante los primeros seis meses del gobierno de Milei el registro bajó un 13,2%, son 1617 pacientes menos, esa reducción es consecuencia de los rechazos en las renovaciones y las demoras que hay para lxs ingresantes.
Los recortes en las becas del Conicet también tiene un impacto negativo en el bienestar futuro de las personas con discapacidad: "Hay muchas investigaciones que no se van a poder llevar a cabo, lo que implica que más adelante no se puedan efectivizar políticas públicas en torno a determinadas falencias en discapacidad debido a que esas falencias no van a estar consideradas”, explica Laura.
Las fake news del gobierno
El decreto 843/24 firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial en septiembre, vetó un decreto anterior que brindaba la posibilidad de que una persona titular de una pensión no contributiva por discapacidad pudiese tener a la par un empleo registrado o un monotributo social. “La pensión intenta subsanar la falta del acceso al empleo en la población de personas con discapacidad, tiene un valor muy bajo, representa un 70 por ciento de una jubilación mínima, no llega a 200 mil pesos al día de hoy. Nadie puede vivir solo con la pensión, por eso es necesario otro ingreso y por eso es importante esa compatibilidad ya que colabora a la inclusión laboral”, explica Maive Carone Fernández, una de las trabajadoras despedidas de ANDIS, altamente calificada, que se desempeñaba en la Dirección de Accesibilidad, área encargada de la concreción de proyectos cuyo objetivo era hacer más accesible y autónoma la vida de las personas con discapacidad como, por ejemplo, crear marcas táctiles en los billetes nuevos.
“No es casual que nuestra área haya sido muy perjudicada, la accesibilidad es lo que elimina las barreras de acceso que generan la discapacidad. En ANDIS rompieron con la cadena de trabajo, por ejemplo, a las validadoras de lectura fácil no las despidieron, son dos compañeras con discapacidad, pero a las personas que redactaban los textos sí las despidieron. Ahora a esas compañeras les falta la mitad del equipo y no pueden trabajar porque los despidos fueron arbitrarios. No hemos podido identificar una lógica y eso es lo que genera más terror”, explica Maive.
Para justificar la quita de pensiones el gobierno alegó que hay certificados truchos, de personas fallecidas o que viven en el exterior. En una de sus conferencias el vocero presidencial Adorni mostró la placa de un perro para desinformar, sosteniendo que presentando cualquier cosa te dan una pensión.
“Eso fue un insulto a la inteligencia de todo el mundo. Las personas que realmente requieren la pensión y la tramitan, tienen que presentar muchísima documentación y la esperan durante dos años para cobrar una miseria. El mismo día que Adorni mostró la placa del perro, el anterior director de la ANDIS, Fernando Galarraga, publicó en un hilo en la red social X con documentación que daba cuenta que esa pensión nunca fue entregada, porque justamente los resortes internos de verificación de la documentación identificaron que no era correcto.
Adorni nunca salió a decir que eso no se entregó y que lo que dijo era falso. Esto no significa que estoy defendiendo a la gestión anterior, lo que digo es que si hay algún error primero deben auditar las pensiones, identificar si hay algún error y avanzar sobre ese caso en concreto, pero eso no es lo que está haciendo esta gestión. Sacan conclusiones antes de auditar, lo hacen a propósito porque lo que quieren es desinformar y generar odio”, explica Maive.
Otra de las falacias que lanzó el gobierno sostiene que hubo un crecimiento inusitado de entrega de pensiones entre el año 2003 y la actualidad que no se puede explicar, sobre ello Maive aclara: “Lo que omiten en ese punto es que hasta el año 2003 para tener una pensión no contributiva por discapacidad tenías que esperar a que se muriera un titular, era alta por baja. En 2003 se quitó esa condición y eso es parte del crecimiento. También dicen que en países que hay conflictos bélicos y desastres naturales no hay tantos discas como en Argentina. Eso es absolutamente falso, la cantidad de personas con discapacidad que hay en el país, se corresponden a los promedios internacionales.”
Maive explica, además, que la quita de pensiones trae otro problema grave que es la dificultad para acceder al programa federal Incluir Salud, que brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas que son titulares de pensiones no contributivas, del cual se encarga la ANDIS: “Toda la cobertura médica de esas personas pasa por ahí, ya sea, tratamiento y servicios que son de apoyo o de educación. El recorte en las pensiones no contributivas tiene como finalidad, también, que estas personas no puedan acceder a esa cobertura que les brinda Incluir Salud”, asegura Maive.
Si queres participar de las asambleas de Discas en Lucha podes escribir acá.
