Hoy vence el plazo de 10 días que tiene el presidente Mauricio Macri para firmar o vetar la prórroga de la Ley de Tierras Indígenas, aprobada por el Congreso, que impide los desalojos a comunidades de pueblos originarios en conflicto territoriales. En reclamo por la prórroga, representantes de diferentes pueblos-naciones aborígenes del país acampan desde el 7 de septiembre en una carpa frente al edificio del parlamento. En diálogo con PáginaI12 Liliana López, cacique general del pueblo Iogys, y Dani Farfán, miembro del pueblo Tastil, aseguraron que levantarán el acampe cuando la ley entre en vigencia, pero si Macri la veta van a continuar con la medida de fuerza. “Es difícil poder mantenernos a pesar de la distancia, pero por ahora es la única ley que frenaría los desalojos y los atropellos para nuestras comunidades”, señaló López, que todavía no está segura de que la ley no será vetada, ya que para ella “de este gobierno se puede esperar cualquier cosa”. A las 14 de hoy se realizará una ceremonia espiritual frente al Congreso que dará comienzo a un festival por la continuidad de la ley 26160, que continuará durante el resto de la tarde.

“Nuestra política es la tierra, la autonomía y el respeto hacia nuestros pueblos”, afirmó López. La mujer cacique llegó a Buenos Aires desde Aguaray, Salta, en representación de 16 comunidades del pueblo Iogys para participar del acampe desde su inicio, hace 77 días. Farfán, en tanto, viajó desde la misma provincia, de Quebrada del Toro, y representa a las 14 comunidades organizadas del pueblo Tastil. El también estuvo en la carpa desde el primer día. Ambos esperan poder volver a sus pueblos mañana, con la ley homologada que garantice que no serán desalojados de sus tierras en los próximos cuatro años. “Sin la ley no tenemos nada”, sostuvo Farfán. “A partir de la ley para los siguientes cuatro años podemos empezar a plantear otros problemas como la Ley de Propiedad Comunitaria”, añadió. 

Según contaron, del acampe participaron “distintas naciones del país”, aunque la medida de fuerza fue impulsada por la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste del país (OPI-NOA), junto con el colectivo de Tierra y Territorio, integrado por miembros de pueblos originarios que viven en Buenos Aires. “Hubo más de 40 pueblos involucrados y estuvimos  comunicados constantemente. Es algo histórico porque acá nos encontramos muchos pueblos alejados que antes no teníamos contacto”, explicó López, y subrayó que “salimos nosotros, con nuestras propias voces, a reclamar lo que es nuestro y hacer que se respeten las leyes tanto nacionales como internacionales”. “Sobre nuestros territorios hay intereses económicos de sectores relacionados con el gobierno, pero no estamos reclamando sólo por nuestros pueblos; estamos defendiendo a toda la sociedad. Si se sigue destruyendo la tierra de la forma en que se viene haciendo no va a quedar nadie, ni los nietos de Macri, por más que tengan todo el oro del mundo”, concluyó. 

Informe: Juan Funes.