Distintas organizaciones que trabajan por los derechos de personas con discapacidad denunciaron que las empresas de transporte comenzaron a incumplir con la entrega de pasajes gratuitos correspondientes. Diego Dorta, de la Asamblea de Organizaciones de la Dirección de Discapacidad, explicó que las empresas se amparan en el decreto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que desregula el transporte de larga y media distancia, para negar ese beneficio. “Acá hay una clara vulneración de derechos por parte de las empresas y una falta de control del Estado, que es el que tiene que garantizar que se cumplan las leyes”, cuestionó. Este viernes al mediodía habrá una concentración frente a la Terminal de Ómnibus de Rosario. En paralelo, el diputado nacional Eduardo Toniolli impulsó un pedido de informes en el Congreso por este tema y advirtió que la desregulación genera “un viva la pepa” en materia de transporte, donde el Estado tiene cada vez menos posibilidades de control.
A principios de octubre, el gobierno publicó el decreto 883/2024 que establece la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia. La medida tuvo un efecto casi inmediato: en las últimas semanas, distintas asociaciones que trabajan en la promoción de derechos de personas con discapacidad comenzaron a denunciar que las empresas de transporte se niegan a reconocer el pasaje sin costo, que se estableció con dos decretos anteriores del año 2004 y 2006. El argumento de las empresas es que a partir de la desregulación impulsada por el gobierno ya no brindan un servicio público y, por lo tanto, no están obligadas a fijar un cupo de pasajes gratuitos.
“La semana pasada tuvimos varios casos y el fin de semana se profundizó. Conocimos casos de personas que tenían el pasaje con reserva y cuando iban a la plataforma a tomar el colectivo les decían que tenían que pasar por ventanilla. Cuando iban, les informaban que el beneficio se había derogado, que ya no era más un servicio público y que para viajar iban a tener que pagar. Eso pasó en todo el país”, explicó Dorta, en diálogo con Rosario/12. “Ante eso, hubo grupos de personas con discapacidad que se organizaron para hacer denuncias masivas y que el tema logre tener trascendencia porque es muy grave”, añadió.
Las denuncias se multiplicaron por todo el país y este miércoles distintas agrupaciones pasaron a la acción con protestas. En Rosario la lluvia terminó postergando el reclamo, que finalmente se realizará este viernes. Desde la Asamblea de Organizaciones de la Dirección de Discapacidad convocan a concentrar a las 11.30 frente a la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno”, donde funciona la sede de la CNRT. Allí entregarán un petitorio al responsable del organismo y otro para el secretario de Transporte de la Nación, Franco Moguetta.
Según señalaron, los distintos reclamos realizados durante semanas ante el organismo nacional no tuvieron respuestas concretas sobre el tema. Recién este miércoles, en sintonía con reclamos en distintos puntos del país, se difundió un comunicado desde la Secretaría de Transporte, donde aseguran que el gobierno ya sancionó a 296 empresas por no cumplir con la obligación de emitir los pasajes gratuitos. Además, remarca que se emitieron otras 1.036 intimaciones a empresas para que cumplan con la normativa vigente y que la desregulación del transporte automotor “no eliminó la obligatoriedad por parte de las empresas de cumplir con los cupos”.
No obstante, lo que se plantea en el comunicado no es la realidad que enfrentan los pasajeros cuando van a las boleterías. “Acá hay una clara vulneración de derechos por parte de las empresas y una falta de control del Estado, que es el que tiene que garantizar que se cumplan las leyes”, expresó Dorta y agregó: “Para las personas con discapacidad, el transporte es un derecho adquirido que permite garantizar otros derechos. La mayoría son personas vulnerables económicamente, por su dificultad para trabajar. Muchas tienen que viajar para hacer tratamientos, pero también para participar de competencias deportivas o congresos. Poder transportarse es algo fundamental”.
Pedido de informes
En ese contexto, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Eduardo Toniolli, impulsó un pedido de informes en el Congreso, requiriendo precisiones sobre el accionar del Estado nacional en la materia. El legislador del peronismo señaló que, además de Rosario, se registraron denuncias en otras ciudades como Paraná, Bariloche, San Juan y Buenos Aires. Por eso, entienden que hay una operatoria coordinada por las empresas del sector en todo el país y buscan indagar sobre las medidas adoptadas por la CNRT para asegurar el acceso a los pasajes gratuitos, así como también las soluciones ofrecidas a las personas con discapacidad ante el incumplimiento.
“Lo que argumentan las empresas del sector es que la desregulación que acaba de firmar el gobierno les habilita a desentenderse de eso que hasta ahora era una obligación. Frente a eso, nosotros planteamos que el problema de fondo es que la desregulación establece un viva la pepa en materia de transporte, donde cada uno va a hacer lo que quiera y donde el Estado tiene cada vez menos posibilidades de control”, evaluó el dirigente en diálogo con Rosario/12.
En esa línea, explicó que una de las consecuencias del decreto es que ya no será obligatorio para las empresas salir de las terminales de ómnibus, lo que en la práctica imposibilita cualquier tipo de control. “Ahí es donde se realizan los controles de alcoholemia y narcolemia a los choferes, donde se inspecciona las horas de descanso y el estado de los colectivos”, indicó y agregó: “Pero además es donde están las sedes de la CNRT precisamente para atender los reclamos de los pasajeros y, en este caso, de los boletos gratuitos a las personas con discapacidad”.
Por último, Toniolli remarcó que se trata de un tema “muy grave” que requiere un rápido accionar del gobierno y no descartan citar nuevamente a Moguetta a la Comisión de Transporte que él integra, para que brinde las explicaciones del caso. “Esto necesita atención urgente. Y por supuesto que debe darse en el marco de una discusión más profunda sobre este decreto de regulación que para nosotros es un delirio”, finalizó.