La subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, María Florencia Blotta, celebró el fallo de segunda instancia que confirmó la constitucionalidad del artículo de la Ley Orgánica de la Policía que permite demorar a personas para su identificación, y avaló la política de la fuerza de utilizar esa prerrogativa como instrumento de control social de la población vulnerable: “El resultado de los controles es infinitamente mejor a dejar un delincuente en la calle porque no se los hace”, dijo la funcionaria.

Según el fallo del camarista Gustavo Salvador, que si bien confirmó la constitucionalidad del artículo de la norma a la vez fijó criterios para su aplicación –con el fin de evitar la persecución por “portación de cara”-, desde que entró en vigencia esa facultad policial de “averiguación de antecedentes” se demoraron a 9.871 personas en Rosario.

El 35% de ellas, de acuerdo a un informe del Servicio Público Provincial de la Defensa, son personas en situación de calle. A un hombre lo detuvieron siete veces en un mismo mes para identificarlo.

“Estamos en un contexto donde hay gente que sale a la calle para cometer delitos, muchas veces graves”, sostuvo Blotta en una publicación de la red social X. “El resultado de los controles –señaló- es infinitamente mejor a dejar un delincuente en la calle porque no se los hace. Hay casos testigo”.

Blotta dijo también que “hay un plan de Seguridad que estamos construyendo” y, por ese motivo, “nadie tiene por qué enojarse, porque se lo identifica”.

En sintonía con el discurso del gobierno de Javier Milei, la funcionaria enumeró las acciones: “La Policía en la calle cuidando a la gente de bien, control en las cárceles, leyes más eficaces, investigaciones activas, trabajo con Nación y gobiernos locales”.

“Estamos en el gobierno para dar las discusiones que hay que dar, no miramos para otro lado y no le escapamos a los temas incómodos”, finalizó sus posteos la subsecretaria, sin abundar en qué consistiría la incomodidad temática si considera que la tarea es legítima y legal.

Como publicó Rosario/12 en su edición de ayer, el criminólogo y docentes universitario Enrique Font, la decisión de demorar por falta de portación del DNI a un sector focalizado de la población “no es una política dirigida a producir seguridad, sino a hostigar y a correr del espacio público a quienes se considera que no deben estar ahí”.