Con la disputa entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la conducción del Poder Judicial de fondo, los trabajadores judiciales de toda la provincia realizaron ayer un paro de 4 horas con asistencia los lugres de trabajo en el que, además de cuestiones salariales y laborales, plantearon que el mandatario “respete la independencia del Poder Judicial”. Lo mismo que un día antes había demandado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, cuyo cargo y el de dos de sus colegas mayores de 75 años pretende la Casa Gris para “renovar” la Justicia.

"Queremos que el gobernador cumpla con la ley y respete la independencia del Poder Judicial", dijo desde la vereda de los Tribunales rosarinos de Balcarce y Pellegrini Jorge Perlo, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Si bien la huelga –que en caso de no tener respuesta se repetirá la semana próxima- también contiene demandas estrictamente laborales, está irrevocablemente ligada a la disputa entre el los poderes Ejecutivo y Judicial.

Así lo planteó Perlo ayer: “Hace un mes que presentamos reclamos administrativos por los expedientes que tiene para firmar el gobernador, Maximiliano Pullaro, para promoción, nombramiento y ascenso de personal”. Según el dirigente, “no los firma y no nos dice por qué” aunque, explicó, “es un mero trámite”.

Un planteo similar realizó el presidente de Corte el miércoles, en respuesta los dichos del gobernador sobre la renovación del máximo tribunal y la “eficiencia” del Poder Judicial.

“A la fecha hay 94 cargos vacantes en la provincia, más del 25% de jueces sin designar”, puntualizó Gutiérrez sobre la mora del Ejecutivo.

Además, recordó que Pullaro “hizo retirar pliegos de jueces, fiscales y defensores” a fines de 2023. “Hay 129 decretos a la firma del gobernador entre concursos, ascensos, cesantías, jubilaciones, y está parado en el Ejecutivo”, precisó el presidente de la Corte Suprema.

Papeles pisados

En la misma sintonía, ayer el secretario de los trabajadores judiciales rosarinos sostuvo que “hay personal que tiene que ascender”, pero el trámite está trabado en el Ejecutivo.

“No se asciende todos los días de categoría. Cuando pasa hay una pequeña diferencia salarial que uno cobra entre una categoría y otra”, detalló Perlo, para agregar que “hace diez meses que los trabajadores están esperando ascender y no ascienden porque no viene firmado el expediente”.

El dirigente gremial también señaló que “hay concursos de funcionarios -sobre todo fiscales- que ya rindieron para el cargo definitivo y los tienen como subrogantes”.

Las demoras administrativas en el Ejecutivo, creen en el Judicial, forman parte de la disputa que la Casa Gris tiene con el Palacio de Justicia. Consideran el pie puesto sobre los expedientes una forma de ejercer presión sobre otro poder.

Desde el gobierno dijeron que no son 129 los decretos a la firma del mandatario, sino 109. En cualquier caso, las demoras en destrabarlos contribuyen a la “ineficiencia” del servicio de justicia a la que apuntó Pullaro en sus declaraciones del martes, cuando dijo que “la conducción judicial hoy no está en condiciones de darle a la gente lo que necesita”.

Privilegios

En relación a lo estrictamente laboral, Perlo dijo ayer que “además tenemos retroactivos que cobrar” y que “nos deben plata desde mayo”.

“Los trabajadores no somos privilegiados”, planteó el dirigente sindical, en relación a la narrativa oficial del gobierno santafesino que apunta a los empleados de las empresas estatales como dotados de prerrogativas, que los sindicatos consideran derechos conquistados.

“Nos quieren quitar derechos y no lo vamos a permitir”, afirmó el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales.

La bronca acumulada por los empleados judiciales la sufrieron en carne propia los ministros de Gobierno, Fabián Bastia; de Seguridad, Pablo Cococcioni; y el secretario de Justicia Santiago Mascheroni, quienes fueron abucheados en Santa Fe durante el acto de jura de los nuevos miembros de la Cámara de Ejecución Penal, cuyo diseño no estuvo exento de polémicas por las conductas del gobierno en el modo de selección de los integrantes.