La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, que busca castigar con nuevas sanciones la concentración monopólica. Con 140 votos a favor y 72 en contra se aprobó la iniciativa que prevé la creación de una Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), establece lineamientos para las multas, actualiza los montos a partir de los cuales se tienen que notificar adquisiciones y fusiones e incorpora un programa de clemencia para arrepentidos. El proyecto que ahora deberá tratarse en el Senado es la fusión de dos iniciativas que legisladores de Cambiemos, el radical Mario Negri y Elisa Carrió (Coalición Cívica), presentaron el año pasado en el Congreso. 

En una sesión maratónica, los diputados dieron tratamiento express a un paquete de reformas que, en materia económica, incluyó cambios en la ley de Defensa a la Competencia, la de Compre Argentino y la de Mercado de Capitales a partir de la creación de una norma de Financiamiento Productivo para pymes (ver aparte). El debate de los proyectos económicos comenzó al mediodía con la norma que busca castigar la cartelización, a través de nuevas sanciones, y crea la ANC, que estará conformada por un tribunal con cinco miembros. La aprobación estaba descontada a partir del apoyo del massismo y el Bloque Justicialista. 

La autoridad reguladora será un organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, conformado por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y de la Secretaría de Concentraciones Económicas. Luego de la preselección de los cinco miembros, el Ejecutivo deberá enviar los pliegos para que el Senado les dé acuerdo. Esto último fue incorporado a pedido de la oposición. Quien sea designado presidente del TDC también ejercerá la presidencia y la representación legal de la ANC. Sobre este punto, el diputado kirchnerista Juan Cabandié cuestionó la excesiva autoridad que va a ejercer el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que se crea mediante la ley. “Nos parecería más conveniente que se ejerza de una manera más colegiada”, añadió el legislador. 

El proyecto establece además multas según tres criterios: el del monto del beneficio ilícito, con el cual la sanción podría ser hasta el doble de esa cifra; el porcentaje de volumen de negocios del grupo económico; y multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a 20 pesos cada una). Otro punto es la creación de un Programa de Clemencia, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo. Allí se reduce la multa entre el 20 y el 50 por ciento para otro miembro que aporte pruebas adicionales sobre el ilícito.

El diputado Máximo Kirchner respaldó que el proyecto establezca un porcentaje a partir del cual se determine si existe una posición dominante, a diferencia de la actualidad en la que “se deja al libre albedrío de este tribunal”. Quien le precedió en la palabra fue su compañero de bloque, Axel Kicillof, quien criticó el hecho que desde que asumió el gobierno de Cambiemos “no se ha dejado de generar políticas adversas a la competencia”. “Se retiraron todos los elementos que tenía el Estado para controlar, como el programa de Precios Cuidados”. “Hay que accionar desde el Estado para defender al consumidor”, agregó el ex ministro de Economía.

Pablo López (PO) consideró a la ley como “una enorme hipocresía por parte del Gobierno de los monopolios, que ha colocado a los CEO’s de las empresas de monopolios como funcionarios”. “Es algo ridículo decir que con esto se van a solucionar los grandes problemas económicos del país”, acompañó Juan Carlos Giordano (PTS). “Hoy en Argentina tenemos muchas prácticas anticompetitivas que no se están controlando”, aseguró el massista Marco Lavagna. Por el oficialismo defendió el proyecto el radical Mario Negri, quien aseguró que “la cartelización es la enfermedad que termina ahogando al consumidor”.