Desde Brasilia

El senador Roberto Requiao, uno de los legisladores que denunció la “entrega petrolera” del gobierno de Michel Temer, contó que a raíz de un  pacto secreto con las multinacionales algunos ya lo apodan como MiSHELL Temer. “Negociar con el gobierno de Brasil da más lucros que vender cocaína” lanzó recientemente Requiao, del ala disidente del oficialista Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Ayer Requiao y su colega Lindbergh Farias, jefe del PT en el Senado, integraron el grupo de parlamentarios firmantes de una acusación presentada ante la Procuraduría General de la República sobre un presunto acuerdo entre autoridades brasileñas y británicas para favorecer a las multinacionales Shell y British Petrolium en una subasta de yacimientos ubicados en el litoral atlántico donde hace diez años fueron descubiertas reservas gigantes en aguas ultraprofundas.

Documentos reservados de la diplomacia británica indicaron que el ministro de comercio, Greg Hands, hizo lobby ante el Ministerio de Minas y Energía brasileño para alterar las reglas de los concursos.

“Aquí hubo fraude, la licitación fue manejada para favorecer a Shell y perjudicar a Petrobras” lanzó Farias.

El objetivo de los denunciantes es demostrar la “nulidad” de esa concesión de pozos y obstruir el tratamiento del tema en el Congreso, donde el gobierno cuenta con una mayoría amplia.

Además de un presunto entendimiento para manipular el concurso, las conversaciones entre los gobiernos de Temer y la primera ministra Theresa May incluyeron la eliminación de impuestos para las petroleras junto con la autorización para que éstas adquieran equipamientos en el exterior, suprimiendo el “compre nacional”.

Al aceptar estas imposiciones Temer afectó la recaudación e hirió casi de muerte a la industria naval.

Según los parlamentarios, en 2018 el fisco brasileño dejará de cobrar unos 17.000 millones de reales (5,2 mil millones de dólares) en impuestos a las multinacionales además de agravar la crisis en los astilleros de Río de Janeiro, donde se construían los buques sonda y las plataformas marítimas empleadas para en alta mar.

“Brasil se está transformando en un paraíso de las empresas multinacionales de la energía y el petróleo”, denunció Carlos Zarattini, titular de la bancada de diputados petistas. Y agregó que durante una sesión parlamentaria en la que se discutían temas energéticos un legislador oficialista fue visto mientras recibía instrucciones de un lobbista de la Shell.

 

Como en los noventa

El equipo de gobierno nombrado por Temer tras la caída de Dilma Rousseff en 2016 contó con dos funcionarios de peso, el canciller José Serra y el responsable de Petrobras Pedro Parente, conocidos interlocutores de las petroleras extranjeras.

José Serra prometió a representantes de la norteamericana Chevron acabar con la política energética implementada por los gobiernos del PT resumida en ley que estableció el “régimen de participación” en el cual Petrobras tenía el control de la explotación y la propiedad del crudo incluso cuando la extracción se realizara junto a firmas de otros países.

Lo pactado por Serra y Chevron quedó registrado en documentos reservados de la Embajada de Estados Unidos a los que tuvo acceso y divulgó WikiLeaks.

Envuelto en el escándalo Lava Jato Serra renunció al Ministerio de Exteriores al frente del cual quedó Aloysio Nunes Ferreira, otro funcionario simpático a las multinacionales: el actual canciller es autor del proyecto de ley 417/14 en el que se propone “extinguir el régimen de participación” para restablecer el modelo de concesiones que estuvo en vigor durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). A través de las concesiones las petroleras son dueñas del crudo que extraen y determinan la estrategia de la explotación, afectando las políticas diseñadas por el gobierno.

Pedro Parente, actual jefe de Petrobras, ya había ocupado ese cargo durante los años (neoliberales) de la administración Cardoso “cuando lo que se impulsó fue una forma más o menos gradual, más o menos disimulada de iniciar una privatización de Petrobras. Se llegó a contratar a una consultora de  publicidad  que propuso cambiarle el nombre y pasar a llamarla Petrobrax para hacerla más atractiva a los capitales extranjeros”, afirma Haroldo Lima, ex titular de la Agencia Nacional de Petróleo durante la gestión de Lula.

Para Lima estas licitaciones anómalas, en favor de Shell, son una forma de perjudicar a Petrobras, que “va siendo debilitada, como si la fueran cortando en rodajas. Creo que existe la posibilidad de que se privatice pero me no parece que ocurra de inmediato”.

El análisis de Lima fue corroborado por el ministro de Minas y Energía Fernando Coelho Filho, que el mes pasado declaró que está abierto el “camino” hacia la “privatización” de Petrobras algo que, aclaró, no ocurrirá durante este gobierno.

Coelho Filho y Parente están en la lista de los funcioarios acusados de colaborar con Shell presentada ayer por los congresistas opositores.