La Provincia quiere modificar la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano porque hay más de 3 millones de bonaerenses en situación de déficit habitacional, según indicaron a este diario fuentes del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). La construcción de una nueva normativa de ordenamiento territorial y hábitat, que involucra alrededor de quince leyes, normas y decretos que hoy regulan la materia, es tratada por municipios, colegios profesionales, universitarios y organizaciones de la comunidad en las Jornadas Bonaerenses por el Derecho a un Territorio Justo y a un Hábitat Digno, que tuvieron su sexta edición este viernes, en Bahía Blanca.

La Universidad Provincial del Sudoeste recibió la sexta jornada organizada por los ministerios de Gobierno, Desarrollo de la Comunidad, y Hábitat y Desarrollo Urbano, que son los que tienen competencia especifica sobre la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, y que decidieron debatir junto a un órgano multiactoral el porvenir de la provincia más grande del país en la materia.

Romina Barrios, titular de OPISU, asegura a BuenosAires/12 que a partir de estos paneles de intercambio "la visión general del Gobierno se va profundizando y mejorando gracias al aporte de diferentes ministerios y organismos", como los de Infraestructura, Ambiente, ARBA, Desarrollo Agrario y Producción, todas áreas que van sumando su perspectiva porque "no es lo mismo la sección electoral cuarta que la sexta, la segunda o la quinta", por lo que analizan "cada una de las realidades de un territorio vasto y que tiene múltiples anclajes de desarrollo identitarios", según explica la funcionaria.

Al hablar de la jornada en Bahía Blanca, la funcionaria destaca que en la sexta sección electoral el debate tuvo "un anclaje muy importante en términos de discusión del sistema energético, la mirada sobre la perspectiva de una provincia petrolera, y la perspectiva del desarrollo fluvial con el aporte que tiene el canal Magdalena". Barrios asegura que "son aspectos que se van integrando en el debate y en la discusión sobre el ordenamiento territorial, que está ligada a la mirada del desarrollo productivo de la Provincia".

El objetivo del proceso abierto y colaborativo que recibe las ideas y los aportes de la comunidad para pensar colectivamente las necesidades del ordenamiento territorial, nació con el fin de generar una nueva normativa en materia de ordenamiento territorial y urbano, ya que el marco normativo que rige en materia de ordenamiento territorial y urbano es un decreto de la última dictadura militar y que, según el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, merece revisión "por ilegitimidad de origen pero también porque quedó sin respuesta a muchos de los fenómenos urbanos actuales".

En los encuentros, que serán ocho en total, los presentes siempre discuten con una mirada regional. El foco del pensamiento colectivo suele centrarse en el conurbano bonaerense, pero las mayores preocupaciones en términos de oportunidades hoy no están en las primeras dos coronas sino la tercera, esa gran medialuna que va entre Campana y la región capital de la Provincia. "Ese es el cordón que más ha crecido", explica Barrios, que destaca las ciudades de General Rodríguez y San Vicente, que son la cuarta y la segunda ciudad que más crecieron en Argentina. De las diez ciudades que más crecieron a nivel nacional, seis son bonaerenses, dos están en la región metropolitana, y cuatro en la región costera. "No es un problema del conurbano, sino de hacia donde crece la población", añade la funcionaria.

Las necesidades de la actualidad son muchas. Una de las últimas evaluaciones realizadas por OPISU indicó que se necesita más del 50 por ciento de los ingresos se requieren para pagar el alquiler. Ante esa situación, los barrios cerrados aparecieron como una opción para la clase media con algún margen económico, pero son terrenos que muchísimas veces están en condiciones de irregularidad. Las urbanizaciones cerradas avanzan sin las convalidaciones que se necesitan, y son terrenos que se van dividiendo en condiciones de igual irregularidad que un barrio popular.

La Plata es uno de los municipios que tiene grandes dificultades, ya que es el distrito que más barrios populares tiene, con 190, pero también cuenta con el mayor número de urbanizaciones cerradas, que son más de 400 y que deben ser regularizadas. Bahía Blanca muestra dificultades y Mar del Plata también, porque según explican los funcionarios, tiene serias dificultades que atender en términos de espacio.

Barrios explica que las Jornadas Bonaerenses por el Derecho a un Territorio Justo y a un Hábitat Digno "reconstruyen el proceso de creación de la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, que fue una resolución de los temas vinculados a la problemática, donde los reclamos siempre partieron desde las organizaciones del territorio y de quienes no tienen acceso". "Esas fueron las que siempre le pidieron al Estado que integrara este tema en la agenda pública, y si bien esa ley se sancionó en 2012, a nivel provincial terminamos de confirmarlo y lograrlo con la creación del ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano", añade la titular de OPISU.

Ella explica que ponen el tema en discusión con los intendentes porque tienen la competencia primaria en el ordenamiento, para terminar de conocer sobre qué ciudad construyen, y sobre cómo guian, desde la Provincia, la inversión pública en términos eficientes. La tierra es uno de los recursos más buscados, y para las autoridades, la crisis de viviendas es una discusión que debe darse entre todos. Barrios asegura que, en términos de censo de movilidad poblacional, las autoridades visualizan que "las mayores configuraciones de habitación son duales". "Tenemos urbanizaciones cerradas que usan mucho suelo para una menor cantidad de población, y muchos barrios populares que están hacinados, con condiciones deficitarias en la infraestructura", destaca.

La Provincia está regida por un decreto ley de 1977, un marco normativo descontextualizado que no brinda soluciones equitativas. Barrios sostiene que la nueva Ley, provincial debe actualizar sus instrumentos y que el Estado "debe fortalecerse en sus capacidades e instrumentos", porque hay ejemplos en Colombia, Chile o algunos países de Europa, donde existieron "muchísimas instancias de regulación en el marco del modelo capitalista".