Los trabajadores precarizados en la sede Rosario de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia siguen movilizados ante la negativa del Ejecutivo a reconocerles derechos laborales, y con el agregado extra de un despido que juzgan arbitrario y que connota ribetes de persecución política: el trabajador despedido es uno de los empleados públicos que una fiscal hizo allanar y detener por los incidentes del mes pasado en la Legislatura, cuando el oficialismo sancionó la ley de reforma previsional.

Un grupo de trabajadores de este área provincial mostraron ayer en conferencia de prensa lo que la secretaria de Derechos de la Niñez Adolescencia y Familia, Daniela León, se niega a recibirles: los comprobantes y documentos que refutan el motivo esgrimido por las autoridades para despedir a Daniel Vázquez, acompañante convivencial en una institución de alojamiento de niños varones de 5 a 13 años sin cuidados parentales.

Vázquez trabajó hasta el 4 de octubre en un alojamiento para niños en Granadero Baigorria. Lo despidieron vía email, acusado de apropiarse indebidamente de dineros de la institución. La situación no hizo más que dejar en evidencia las irregulares circunstancias en las que Niñez realiza pagos de dinero a personal contratado. Vázquez aceptó que le depositen en su cuenta sueldo los honorarios para el psicólogo de uno de los niños bajo su cuidado. Luego, tomaron esa situación para acusarlo de quedarse con ese dinero.

Dato aparte, estos empleados cobran 240.000 pesos por 120 horas de trabajo al mes, y lo hacen a través de una cuenta bancaria operable con una tarjeta que solo sirve para extracciones y que a menudo depara problemas y retención en los cajeros automáticos.

"Aunque él quiso presentar los comprobantes de que no se quedó con esa plata, Daniela León (la directora) no lo aceptó, tampoco nos quiso recibir porque nos dijo que no hablará con nosotros porque somos precarizados, que no tenemos derecho a representación gremial", aseguró Juan Albano, delegado de ATE Niñez.

El antecedente que a los trabajadores no les pasa por alto en el caso de Vázquez es la detención policial que sufrió el 16 de octubre, por orden de la fiscal santafesina María Laura Urquiza, y a instancias del Ejecutivo provincial que denunció las derivaciones de la protesta gremial contra la reforma del sistema jubilatorio, hecha ley el 12 de setiembre en un trámite exprés y polémico en Legislatura.

Junto con Vázquez fueron detenidos otro militante gremial estatal y cuatro docentes de Amsafé Rosario. Luego de quedar detenidos como delincuentes comunes, fueron imputados por "daño agravado" y por "impedir una sesión legislativa".

En Niñez, el área bajo conducción de la ex concejala radical de Rosario, hay alrededor de 300 operadores en condiciones de precaridad laboral, vinculados por eufemismos contractuales como "acompañamiento", y a cambio de 240.000 pesos, sin obra social ni aporte jubilatorio.

Por todo esto, el colectivo pide la intervención del Consejo Provincial de Niñez, Concejo Municipal y Cámara de Diputados, para dilucidar este despido que juzgan arbitrario y de persecución política, y se empiece a regularizar la precariedad laboral histórica en el área.