Chile vivió este sábado el primero de dos días de votación para elegir a alcaldes y gobernadores en medio de un clima político crispado y con la atención puesta en el aumento de la delincuencia y distintos casos de corrupción que afectan tanto al gobierno como a la oposición. "Las autoridades tienen que estar a la altura del cargo, autoridades que esperamos sean honestas, austeras y que actúen siempre en función del bien común para servir a quienes representan y jamás servirse de ellos", dijo el presidente Gabriel Boric tras depositar su voto en su austral Punta Arenas, en el extremo sur.
Más de 15,4 millones de chilenos eligen este fin de semana a 345 alcaldes, 16 gobernadores, 2.256 concejales y 302 consejeros regionales en unos comicios que están considerados un termómetro de las elecciones presidenciales de 2025. Los chilenos acuden a las urnas consternados por la denuncia por presunta violación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, hasta la semana pasada uno de los políticos mejor evaluados del país y cuya renuncia abrió fisuras en el gobierno progresista y de sello feminista de Boric.
Tanto el mandatario, que no quiso referirse este sábado al escándalo y pidió respetar el "silencio electoral", como su ministra del Interior, Carolina Tohá, están en la mira por no haber cesado a Monsalve apenas se enteraron de los hechos, en lugar de esperar dos días. La diversa coalición gobernante, integrada por el Frente Amplio de Boric, el Partido Comunista y la centroizquierda, concurre a los comicios junto a la Democracia Cristiana (DC), que no forma parte del Ejecutivo, pero es su aliada en muchas votaciones. El oficialismo y la DC gobiernan en 15 de las 16 regiones y en importantes alcaldías como Santiago Centro, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción.
La oposición acude muy fragmentada y la derecha tradicional de Chile Vamos tratará de contener una posible fuga de votos al ultraderechista Partido Republicano tras verse afectada por distintos escándalos de corrupción, en especial el "Caso Audios", una megatrama de tráfico de influencias en la élite empresarial, política y judicial, que ha salpicado hasta la Corte Suprema. Se trata de las primeras municipales y regionales realizadas con el nuevo sistema de voto obligatorio, reestablecido en 2022 después de 10 años de participación voluntaria.
