Pese a que desde el gobierno se desalientan las causas por lesa humanidad --y en especial la de las torturas cometidas durante la guerra de Malvinas--, el proceso de verdad y justicia no se detiene. El fiscal de Río Grande Marcelo Rapoport pidió la detención de diez militares por los tormentos que sufrieron tres conscriptos durante el conflicto bélico de 1982. Lo particular de estos casos es que, tras ser hambreadas y sometidas a tratos aberrantes, las víctimas fueron llevadas a la guarnición de Campo de Mayo para ser "engordadas" y allí debieron firmar un compromiso para guardar silencio sobre lo padecido.
El primer hecho se registró a fines de mayo de 1982, cuando uno de los soldados debía realizar un cambio de guardia con su compañero, quien se quedó dormido como consecuencia de la falta de alimentación y la falta de sueño debido a los constantes bombardeos nocturnos. Como reprimenda, dos cabos los estaquearon a ambos durante toda una noche. Las dos víctimas cayeron prisioneros de guerra de los ingleses entre el 10 y el 12 de junio. Arribaron a Puerto Madryn y de allí fueron enviados a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde estuvieron cuatro o cinco días “engordando”. La fiscalía describió que allí los hicieron firmar unos papeles y les impusieron un “pacto de silencio” respecto a lo vivido en las islas.
El otro hecho lo tuvo como víctima a un soldado, que en su testimonio narró constantes malos tratos y discriminación por su condición de indígena. Explicó que a fines de mayo de 1982 fue castigado sin razón aparente y fue estaqueado. En su testimonio, estimó que el tormento duró alrededor de cinco horas, en las que nevó y lloviznó. A él también lo llevaron a Campo de Mayo, donde debió firmar unos papeles en los que se comprometía a no relatar lo sucedido.
Según se informó en la web Fiscales, los imputados ocuparon las jefaturas de la Brigada de Infantería III y del Regimiento de Infantería 4, así como las planas mayores respectivas. También se desempeñaron como jefes de secciones o subalternos.
En su requerimiento, el fiscal desestimó que estas prácticas fueran hechos aislados. Por el contrario, afirmó que “las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo” y remarcó que “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.
La investigación por las torturas en Malvinas se inició en 2006, pero no tiene avances desde mayo de 2021. En ese momento, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a decir --replicando un fallo de 2009-- que las torturas a la propia tropa estaban prescriptas porque no podían ser consideradas crímenes contra la humanidad. El fallo fue recurrido por el fiscal Javier de Luca así como por las querellas ante la Corte Suprema, que sigue sin pronunciarse.
