Sentados en el banquillo de los acusados, esperan el veredicto Roberto Catalino Bejararo y sus hijos David y Santiago, dueños de un taller de motos en el barrio Vicente Solá. La familia Monges anhela la pena máxima para los tres hombres, que eran amigos de Darío desde hacía 10 años, sin embargo consideran que ellos no son los únicos culpables del homicidio y que encubren a los autores ideológicos.

Los Monges aseguran que los Bejarano mataron a Darío “por plata”, es decir que no coinciden con la Fiscalía en que el móvil fue un ajuste de cuentas vinculado a la venta de marihuana. Eso sí, el negocio parece haber existido y prosperó durante la cuarentena por la pandemia, cuando Darío conseguía permisos de circulación gracias a sus contactos políticos en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Salta.

Las pruebas contra los acusados

El único que dijo en el juicio que los Bejarano mataron a Darío Monges por un desacuerdo entre ellos, fue un testigo de identidad reservada. Expuso que en 2020 trabajó para la sociedad entre ellos, en actividades vinculadas al narcotráfico, y que luego no los volvió a ver, ya que quedó enemistado con David. Del tema dijo que se enteró por un amigo que tienen en común.

Con la voz distorsionada para evitar su identificación, el testigo afirmó que esta persona, llamada Marcos González, le contó absolutamente todo, inclusive cuál de los Bejarano realizó los disparos y dónde estaban sentados cada uno dentro de la Ford Ecosport.

González es justamente uno de los testigos que la Fiscalía decidió no llamar ante el Tribunal, aunque ya lo interrogó bajo juramento, y desmintió rotundamente aquella versión. El hombre reconoció la relación de amistad con David pero aseguró que ni él ni nadie le contó nada sobre el crimen de Monges.

Otra de las pruebas que se ofrecen del crimen es el recorrido de la camioneta a la que se subió Darío la última vez que se lo vio con vida y que siguió la Policía a través de cámaras de seguridad. El vehículo con vidrios polarizados se desplazó desde la zona de bares de la Balcarce con dirección al taller de los Bejarano. Una cuadra antes del lugar desapareció de la vista de la policía durante una hora y media. Luego retornó al punto donde se perdió y transitó hasta el barrio El Círculo I, donde fue hallado el cuerpo dos días más tarde.

Las pericias científicas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales acreditan que el vehículo fue la escena del crimen, pero no lograron determinar si la víctima fue asesinada en ese punto o en otro lugar, tampoco pudo precisarse el horario de muerte.

En la camioneta encontraron ADN de dos aportantes: el perfil mayoritario es de Darío Monges y el minoritario de David Bejarano. Las genetistas del CIF también encontraron ADN de dos aportantes desconocidos, que no son los imputados. Sobre el hallazgo de ADN, David Bejarano tiene una coartada: cuando le pidieron muestras para los exámenes, les dijo a los policías que seguramente iban a encontrar su rastro porque el día anterior a su desaparición le había pedido prestada la camioneta a Darío para ir a buscar el cuadrante de una moto.

También hay rastros odoríficos de Roberto Catalino y de Santiago, ambos en los asientos traseros de la camioneta.

Dudas en torno a la Policía

La selección de las cámaras de seguridad que realizó el Servicio 911 es cuestionable. No buscaron si la camioneta de Darío transitó desde el barrio Vicente Solá hasta la zona de la Almudena, donde el celular de la víctima se conectó a la antena satelital en el tiempo que no aparecía en las cámaras aportadas al juicio.

Otro dato llamativo es el que informó un perito de Gendarmería, quien ratificó que el teléfono de David Bejarano fue manipulado durante el tiempo que estaba en custodia de la policía. El análisis muestra que dos días más tarde del secuestro del celular, el 19 de septiembre, teléfono ingresaron mensajes a ese telefóno y fueron leídos. Es decir que se perdió la cadena de custodia, ya que el aparato debió haber estado en modo avión desde su incautación.

Benjamín Cruz sigue sin ser investigado

En su testimonio, el padre de la víctima, Arnaldo Monges, confirmó que Darío trabajaba para el entonces secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, quien “lo manejaba como quería” y lo mandaba a negociar con “gente peligrosa” en Orán.

Arnaldo acompañó a su hijo en dos oportunidades a ese destino en 2022 y lo esperó en una estación de servicio. En uno de los viajes vio cuando se subía a una camioneta con gente encapuchada. Ese día se habría grabado el video que se encontró en el celular secuestrado al Cristian “Gringo” Palavecino, uno de los presos de alto perfil que hoy aloja el penal de Ezeiza. En esa grabación, Darío se comprometía a mejorar las condiciones de detención para el sicario Oscar “Cabezón” Díaz.

Gracias a su vínculo con Benjamín Cruz, Monges logró ingresar el 1 de junio, tres meses antes de su muerte, a la Unidad Carcelaria 3 de Orán. Dos años más tarde, el exsecretario de Seguridad y actual juez del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta fue imputado por tráfico de influencias.

Sin embargo, hasta ahora la Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres, y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, no secuestró sus teléfonos. Se sabe que en la época en que ocurrió el asesinato Cruz tenía varias líneas y que una estaba agendada en el directorio de Monges como “Benja Cruz Exclusivo”.

Monges intentó ayudar a Díaz 

El intermediario entre el asesor político y el jefe de los sicarios del norte era Diego Aquino, quien reconoció en el juicio que participó de las negociaciones en Orán y luego siguió en contacto con Darío para velar por los beneficios para el protegido del “Gringo”, una vez que “Cabezón” fue alojado en el penal de Villa Las Rosas de la capital salteña.

En su testimonial, Aquino dijo que los primeros días de septiembre de 2022, cuando ocurrió el crimen, él estaba del otro lado de la frontera, en Bolivia, en una finca de su familia donde no hay señal de celular.

El martes 29 será la próxima audiencia ante el Tribunal compuesto por la jueza Liliana Snopek y los jueces Federico Díaz y Mario Juárez Almaraz. Los alegatos de las partes comenzarían en dos semanas y se espera que la sentencia se dé a finales de noviembre.