La comunidad indígena Río Blanco Banda Norte, integrada por miebros del Pueblo Kolla y del Pueblo Guaraní, mantienen desde el 25 de setiembre una protesta pacífica en las puertas de su territorio comunitario ubicado al este de la ruta nacional 50, entre los ríos Blanco y Bermejo, en el departamento Orán. La protesta se decidió después de que uno de sus miembros, Zacarías Arias, recibiera una orden de lanzamiento judicial. 

El procedimiento se desarrolló por orden de Catalina Gallo Puló, jueza en lo Civil y Comercial de Orán. Si bien esta comunidad cuenta con personería jurídica y carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, comuneras y comuneros admitieron a Salta/12 estar preocupados, porque es el segundo embate que realiza la empresa Río Zenta SRL, propietaria del catastro 26.113. 

"El 25 de setiembre ingresaron por la fuerza la gente de esa empresa, con el juez de paz, efectivos de la policía, el abogado Sergio Peñalba, y uno de los dueños de nombre Caspar", contó Simón Villalobos, autoridad de esa comunidad kolla guaraní. Sobre el representante de la empresa, el comunero se refería a Caspar Otto Wagener, uno de los socios de la firma, según documentan tanto el Boletín Oficial de Nación como el Boletín Oficial de Salta. 

"Le hicieron el lanzamiento a uno de los hermanos aduciendo que tiene un juicio desde el año 2006", contó Villalobos."Sin embargo, la comunidad desconocía el juicio, y el hermano Zacarías tampoco tenía conocimiento", afirmó. "Nosotros ya pasamos por otro desalojo por orden de los dueños de la misma empresa. Fue en 2004 y estuvimos tres meses acampando al costado de la ruta nacional 50, con gente mayor y nuestros niños, hasta que nos devolvieron las tierras", recordó el comunero.

El abogado de la comunidad, Pablo Macarón, recordó que "la empresa Río Zenta SRL ya realizó la misma modalidad de desalojo hace veinte años". Fue ese año cuando obtuvo de la justicia salteña "una sentencia de desalojo contra terceros que no eran miembros de la comunidad, y cuando se hizo efectiva la orden, desalojaron a toda la comunidad originaria, aún cuando no habían sido ellos los demandados o condenados", precisó. 

Por otro lado, denunció que esa firma "usó policías de la provincia contratados en forma particular para ejecutar la medida". Insistió en que Río Zenta SRL repitió la misma maniobra que en 2004, esta vez con un juicio que condenó a Zacarías Arias y no a la comunidad. "La empresa tiene conocimiento de que el área está ocupada por la comunidad, porque conoce la finca, y porque además el INAI ya hizo el relevamiento en el que reconoció el territorio comunitario", sostuvo. El abogado especializado en propiedad indígena aludió a la carpeta técnica entregada en 2015 a esta comunidad.

Superposición de territorio colectivo orginario con el titular registral del dominio (Elaboración: Analía Brizuela en base a relevamiento catastral de INAI).

Macarón precisó que en el conflicto de 2004 él planteó la nulidad de la orden de desalojo. "Intervino el Defensor del Pueblo de la Nación (Eduardo Mondino)", recordó. Según relató el medio digital lavaca.org, en abril de 2004, "Anselmo Sella, subsecretario de Administración de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue el encargado de recibir el 29 de marzo de aquel año, a la delegación de la comunidad kolla-guaraní que viajó a Buenos Aires desde Salta". Los abogados Juan Pablo Jorge y Adriana Viñas -también de la Defensoría- prepararon el informe que llegó a manos del defensor Mondino.

"Creo que no hay mala fe de la jueza", opinó Pablo Macarón sobre la decisión que tomó Gallo Puló, "sino que la empresa usó esta maniobra para cometer un fraude procesal". Y agregó que la jueza "debería reestablecer la ocupación de la comunidad en forma inmediata, después de los planteos de nulidad y el proceso de interdicto para recobrar la posesión que presentamos".

Mientras se resuelve el trámite judicial, comuneras y comuneros de Río Blanco Banda Norte visibilizan su situación. El 22 de octubre permanecieron todo el día en la plaza central de San Ramón de la Nueva Orán. Según informó Radio Güemes, en esa manifestación dijeron que contaban con el apoyo del Defensor del Pueblo de Orán, Hernán Mascietti, y del Obispado de esa ciudad. "Somos setenta familias que representan a unas 500 personas, más los animales que están a la deriva, esperando una pronta solución del conflicto", expresó Villalobos en la plaza de Orán. 

En la entrevista con Salta/12, Villalobos aseguró que los animales del comunero desalojado no pueden ser atendidos con el tiempo necesario. Agregó que les llegan versiones de cuatreros robando sus animales -vacas y caballos principamente- y que también han matado terneros. "Se están muriendo las vacas, los caballos están atados, y cuando lo dejan entrar al territorio (por Zacarías Arias), le dan una hora nada más porque la policía lo apura para que salga rápido", afirmó.  

"Zacarías Arias vive en tierras comunitarias. El desalojo nos afecta a todos", repitió en varias ocasiones Villalobos. "Queremos una pronta solución. Necesitamos visibilizar la situación que atravesamos", aseguró.