El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno decidió “ampliar la oferta en el rubro de telecomunicaciones” y señaló que “se implementarán medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector, buscando más competencia, mejor servicio y menor precio”.

Al contrario de lo anunciado, la serie de medidas programadas impactará de lleno en la actividad periodística e informativa, además de reconfigurar el negocio de la banda ancha móvil, contribuyendo una vez más a la concentración económica en detrimento de la pluralidad de voces.

Adorni anticipó que se anularían los beneficios impositivos para periódicos en papel y suscripciones digitales a portales de noticias, que actualmente no pagan IVA. También aseguró que se privatizará el espectro radioeléctrico de 5G que actualmente pertenece a ARSAT y al ENACOM.

Como si eso fuera poco, expresó la decisión de derogar la Res.1491/2020 del ENACOM, que establece la obligación de ofrecer en la grilla de programación tanto señales informativas nacionales y locales como canales de TV originados en la zona de cobertura del operador, por parte de los servicios TIC por suscripción (léase TV por Cable y Satelital).

Bajo una extraña lógica de competencia, el gobierno repone el IVA a un sector sensible: diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto en ediciones impresas como digitales, lo que impactará inmediatamente sobre el precio que paga el consumidor.

Las entidades periodísticas estuvieron históricamente exentas del pago del IVA hasta que ese impuesto fue introducido en 2001 por el entonces ministro Domingo Felipe Cavallo. En 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la ley 26.982 restableció la exención del IVA a publicaciones gráficas y en 2016 se amplió a medios periodísticos digitales.

Lo voceado perjudica tanto a las ediciones gráficas y digitales como a sus clientes y asesta un golpe más a la pluralidad de voces. También resulta por lo menos aventurado el esperado incremento de la recaudación “en 264 mil millones de pesos”.

Por otro lado, el gobierno anunció que pondrá a disposición los 100 MHz de espectro reservado para ARSAT y otros 50 MHz que se encuentran en manos de ENACOM. Esas bandas serían utilizadas para el despliegue del servicio de 5G, con el fin de “impulsar inversiones que mejoren las telecomunicaciones y corrijan los privilegios de las empresas públicas (¿?)”.

Se renuncia así a recursos fundamentales para el desarrollo y a la gestión de servicios mediante una empresa testigo en un sector estratégico clave, caracterizado por un mercado oligopólico y cartelizado, con una oscura estructura de precios. Constituye asimismo un avance más en el proceso de vaciamiento de ARSAT, cuando se cumplen diez años de la puesta en órbita el ARSAT-1,emblema de la soberanía tecnológica y de las comunicaciones del país.

Finalmente, Adorni anticipó que se derogará la resolución del ENACOM que implicaba la obligación de incluir señales informativas y canales de TV abierta en la grilla de los servicios de TV por cable y satélite. El principal operador del AMBA ofrece hoy diez señales de noticias, siete de televisión abierta y cuatro con participación estatal. La decisión gubernamental permitirá a las principales empresas (Personal, Telecentro y Direct TV) decidir qué programas verán sus clientes. ¿Qué pasará con las señales locales y de televisión abierta, o con las educativas y de cine nacional, o con las informativas de línea editorial crítica sobre el gobierno? A estar atentos, que ya estamos en período electoral y en cualquier momento vuelve la publicidad oficial.

* Docente investigador FSOC UBA @diegoteve

** Docente investigador FSOC UBA