El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a cargar ayer contra los que considera potenciales escollos a su proyecto de poder porque resisten algunas de sus políticas: los trabajadores estatales –con acento en la docencia- y el Poder Judicial -con principal hincapié en su cabeza-. “Los privilegios se tienen que terminar en la Justicia, la EPE, Aguas y los gremios docentes”, dijo el mandatario provincial.

“El poder que a mí me dieron los santafesinos, al haberme permitido tener mayoría, me permite dar este tipo de debates”, sostuvo el gobernador.

Con el poder de los votos y el apoyo que marcan las encuestas en términos de imagen positiva, Pullaro volvió a arremeter: “Los privilegios se tienen que terminar en la Justicia, en la EPE, en Aguas y en muchos gremios docentes que sentían que podían hacer lo que quisieran, asesorar a los docentes para que falten o hacerle sentir que era un derecho poder faltar”, sostuvo en una entrevista con Radio Dos.

Con mayoría propia en ambas Cámaras legislativas, lo que le permitió la aprobación de múltiples normas y la reforma del sistema previsional estatal, y con ascendencia sobre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que funciona en tándem con las decisiones de la cartera de Seguridad, el gobernador avanza en su proyecto que, para algunos opositores, posee rasgos “hegemónicos”.

En una entrevista publicada el lunes por Rosario/12, el jefe de la bancada de Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, dijo que “hay algunos alrededor de Pullaro que le están diciendo que tiene que tener un proyecto de poder hegemónico, que domestique a la Justicia, al Poder Legislativo, que se proyecte nacionalmente, que recurra a imágenes y a una estética que lo asimilan demasiado a la que prioriza (el presidente Javier) Milei”.

Capital político

El punto más alto del enfrentamiento entre la Casa Gris y las y los trabajadores estatales llegó hace quince días cuando seis empleados públicos –tres de ellos docentes- fueron allanados, esposados y encarcelados para someterlos a una audiencia imputativa por el delito de daños, en ocasión de la movilización de gremios a la Legislatura el 12 de septiembre último, cuando Diputados trató la reforma previsional.

Pullaro explicó en la entrevista de ayer que es necesario “poner el capital político para dar los debates en público”.

“Eso, obviamente que incomoda, porque tal vez muchas de esas personas me votaron”, dijo, para agregar: “Pero a mí me votaron para que las cosas no estén igual, no me votaron solamente para que controle la violencia o mejore la seguridad, me votaron para que reordene al Estado y eso significa que yo ponga el capital político ahí, como pasó con la ley de reforma previsional que tuvimos en la provincia”.

En esa línea, el gobernador señaló que “uno nunca quiere tocar a los empleados públicos porque, mal que mal, siempre siente que les tiene que pagar mejor y siente que te terminás metiendo en un inconveniente porque son tus compañeros de trabajo”.

En la narrativa oficial, y a tono con el clima de época nacional, la Casa Gris recorta los efectos de sus políticas a aquellos ejemplos que la mayoría consideraría “privilegios”.

Así explicó Pullaro la reforma previsional: “Teníamos dos alternativas: trasferir la caja a Nación como ya hicieron 12 provincias de la República Argentina, que se la transfirieron y los jubilados ganan un poquito más de la mitad de lo que ganan acá, o teníamos que terminar con muchos privilegios que había”.

“Había personas que ganan 32 jubilaciones mínimas más la potencialidad de la pensión. Nosotros limitamos eso porque no está bien. No son pocos los que ganan más de 20 jubilaciones mínimas, tampoco son pocas jubilaciones de 7, 8 o 10 millones de pesos en Santa Fe”, detalló, sin faltar a la verdad. 

Pero la mayor parte de los haberes que paga la Caja no representan 32 jubilaciones mínimas, y la reforma incluyó un “aporte solidario” para pagar sus propios a haberes a aquellos que cobran más de tres mínimas (alrededor de $1 millón) a los que se les descontará desde el 2% mensual por 36 meses.

“Nada personal”

El otro objetivo que trazó Pullaro desde el inicio de su gestión, y en cuya consecución aún encuentra resistencia, es la cabeza del Poder Judicial.

“En términos personales no tengo nada contra los ministros actuales de la Corte. Creo que son gente buena, que hace 30 años o más que están en ese lugar, que ya cumplieron su ciclo y no tienen las condiciones para pensar una Justicia moderna que necesita la provincia”, dijo el gobernador.

Además, señaló que “tenemos una de las Justicias más caras porque los sueldos son de los más altos de la Argentina”. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, dijo la semana anterior que “la incidencia del Poder Judicial en el presupuesto provincial es una diferencia enorme al compararla con Córdoba, que representa el 7,4% del total de su presupuesto, mientras Santa Fe el 3,2%”.

Pullaro indicó que “indudablemente, en el proceso de seguridad no tuvimos un lineamiento claro por parte de la Justicia para comprometerse”, como considera que sí lo hicieron otros poderes.

“Sí (lo hubo) del Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa y del fuero penal, pero no así de la Corte. Mi crítica es hacia eso, a la incapacidad que tiene la conducción de la Justicia santafesina en repensar una Justicia moderna y eficiente”, insistió el mandatario.

Renacimiento

En la entrevista, el gobernador se refirió también a la llegada de turistas durante el fin de semana a la ciudad de Rosario, en contrapartida con lo que ocurría hasta hace algunos meses como consecuencia de los altos niveles de violencia urbana.

“Rosario empieza a renacer, pero no bajamos la guardia. Hay muchas cosas que están cambiando en la ciudad. Al haber tomado decisiones duras, como el control de la cárcel y la calle, con leyes que nos permitió tener la Legislatura para avanzar, el delito retrocedió en la ciudad, pero no estamos como queremos”, describió.

Mediante una metáfora pugilística, un deporte cuyo entrenamiento practica, el gobernador dijo que “la guardia alta continúa más allá de la caída del delito”.

 

Es que, aclaró, “no es una batalla ganada, no estamos como queremos. Tenemos que seguir trabajando, pero la gente buena se está animando, está saliendo”.