El único juez federal de Santa Fe que quedaba, Reinaldo Rodríguez, renunció ayer a su cargo, acorralado por graves denuncias sobre abusos de autoridad, tratos despóticos, violencia de género y hasta acoso sexual en perjuicio de empleados y empleadas de ese tribunal.
Rodríguez presentó su dimisión ayer ante la Cámara Federal de Rosario. Casi un trámite anticipado por cuanto el 6 de febrero próximo cumplirá 75 años, la edad límite para ejercer esa magistratura. Pero su salida tiene un contexto de suma gravedad en la historia judicial de esta provincia. El mes pasado se conoció la denuncia que radicaron Julio Piumato, Rocío Herrera y Lisandro Casale, autoridades de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral contra empleados de su juzgado fueron el contenido de numerosas imputaciones con testimonios que el gremio recogió en el último tiempo.
Rodríguez, bonaerense de nacimiento pero en el juzgado santafesino desde principios del año 2000, dejará el cargo el 30 de noviembre. Con su partida, el fuero con sede en la capital provincial se queda sin jueces federales, ni en el viejo sistema de juzgados de instrucción ni tampoco en el régimen acusatorio actual que impera desde mayo de este año.
Aquí, Rodríguez se desempeñaba como juez de garantías. Una paradoja ante el tenor del escrito que el sindicato judicial presentó en su contra. La denuncia describe "las actitudes y comportamientos perpetrados por Rodríguez". Y sostiene que esos desatinos impropios de su investidura "se encuentran directamente vinculados con el abuso de autoridad y el maltrato cotidiano y resultan configurativos de violencia y acoso por razón de género conforme la definición del Convenio 190 de la OIT, ratificado mediante Ley 27.580 y a la fecha vigente".
La acusación se asienta en los relatos de unos 15 empleados del juzgado, y abunda en diversos episodios de destrato y violencia explícita, con raptos de ira plasmados en el revoleo de carpetas delante de empleadas, y la insólita sanción contra uno de los empleados de su juzgado. "Todas las empleadas quedaron paralizadas por el miedo, trataron de explicarle, pero sin entrar en razones, el juez terminó por arrojar varios expedientes, a la cara, cuerpo y escritorio de las empleadas", cita el documento elevado al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Y cuenta la tortuosa relación laboral que mantuvo con un empleado entre los años 2008 y 2018, a quien llegó a sancionar obligándolo a ubicar su escritorio de manera tal que él tuviera que trabajar durante un mes mirando a la pared. De la misma manera, con un ordenanza a quien le ordenó durante largas semanas que cumpliera su jornada laboral solo quedándose de pie, en el pasillo, junto a la puerta del juzgado. Nada más.
El juez en su historial suma también una denuncia de acoso sexual, que data de 2005 y en perjuicio de una trabajadora judicial a su cargo. Sin embargo, esa denuncia quedó arrumbada y nunca prosperó.
