El gobierno nacional mantiene el plan para abonar el camino que le permita aumentar los despidos de trabajadores del sector público, pero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se le planta. “La única manera de evitar que el Estado termine de ser usurpado por los grandes grupos empresarios es estando en la calle”, señaló ayer el secretario general de la organización, Rodolfo Aguiar, mientras afina el lápiz con los últimos detalles para el paro de 36 horas que comienza hoy al mediodía y en el que el sindicato se movilizará hasta la sede del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda el economista Federico Sturzenegger para rechazar el plan de destrucción de las fuentes laborales que tiene entre manos. Mientras tanto, los trabajadores de distintos organismos como Fabricaciones Militares se encuentran en estado de alerta y movilización ante los despidos.

“Lo que va a haber en la Argentina es un virtual paro general. Se trata de una medida de fuerza que trasciende a los sindicatos y que la hemos convocado porque no sólo tiene consenso por parte de los trabajadores, sino que además tiene un creciente consenso social. Se va a cumplir un año de la gestión Milei y ya sabemos quienes han ganado y quienes han perdido por las políticas de este gobierno”, aseguró a PáginaI12 Aguiar adelantando la medida de fuerza que se anticipa y acompaña a su vez al paro de transporte de mañana miércoles. 

“Si tomamos la lista de las empresas mayores que cotizan en la Bolsa de Comercio vemos quiénes son los ganadores que quintuplicaron sus ganancias, mientras que los salarios, jubilaciones y los ingresos de la clase media se derrumbaron”, agregó el dirigente que conduce la ATE a nivel nacional. “La gente empieza a tomar conciencia de la estafa. Le mintieron, no había ñoquis ni un Estado sobredimensionado. Este Gobierno protege y se abraza a la casta”, destacó aludiendo a la campaña “anticasta” que usó el presidente Javier Milei para convencer en parte al electorado en 2023 y una de las primeras promesas que no cumplió.

Uno de los organismos estatales que se mantiene alerta ante la posibilidad de despidos masivos es Fabricaciones Militares. Como anticipó PaginaI12 en Río Tercero la situación es crítica luego de que la Petroquímica Río Tercero (PRT) anunciara el cierre de operaciones de una de sus fábricas en las que trabajaba con TDI, Diisocianato de Tolueno, un producto químico que se utiliza en la fabricación de poliuretanos que se usan para la elaboración de colchones y sillones para vehículos. La producción del insumo para PRT implicaba el 70 por ciento de la facturación de la sede de la fábrica militar de la localidad cordobesa. “A la fábrica le dieron 60 días para conseguir otro cliente”, detalló a PáginaI12 David Salto, secretario General de ATE Río Tercero y trabajador de Fabricaciones Militares, ente público al que la gestión del presidente Javier Milei parece haberle puesto fecha de vencimiento. 

Por su parte, otra de las sedes de Fabricaciones militares también sufre despidos de sus trabajadores. “En Rosario ya tenemos despidos y la fábrica de Jachal, en San Luis, ya la cerraron con los retiros voluntarios”, señaló a este diario Fernando Peyrano, secretario general adjunto de la seccional Rosario de ATE.

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Los trabajadores de Estado enrolados en ATE se concentrarán a partir de las 12 en el Obelisco y luego se movilizarán a la sede del ministerio que está en manos de Sturzenegger. 

“Es uno de los funcionarios que hasta ahora la ha sacado más barata. Porque actúa en las sombras y no suele dar la cara, pero los trabajadores lo conocemos muy bien. Es casta pura, desde los 90 que no deja de ocupar cargos en el Estado con el objetivo de destruirlo”, señaló Aguiar apuntando contra el funcionario que estuvo al servicio de los gobiernos de la Alianza en 1999 y que llevó a la crisis social y económica del 2001, de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y ahora forma parte del gabinete de Milei.

“Si nuestros justos reclamos no encuentran respuestas, las medidas se van a profundizar, la conflictividad irá en ascenso y la afectación de la paz social no será nuestra responsabilidad. Será responsabilidad de quien tiene que garantizarla con políticas, que es el Gobierno”, aseguró el gremialista anticipando que las decisiones de los trabajadores de ATE no se verá modificada por las medidas represivas que pueda tomar Milei y su Gabinete para frenar el reclamo y la protesta social.