Las comunidades indígenas Oka Pukie (Mi Troja) y Kyelhuk (Quebracho), del Pueblo Weenhayek, advirtieron que una demanda civil presentada por la finquera María Monserrat “es la antesala a un posible desalojo” del territorio que ocupan ancestralmente en jurisdicción del municipio de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta. 

El pasado 23 de octubre iba a llevarse a cabo una audiencia en el marco de este trámite judicial, pero el trámite se suspendió el día antes, por pedido de la demandante, que invocó inconvenientes de salud. La jueza Carmen Juliá dispuso que esta audiencia se realizará recién en febrero de 2025, un plazo que la abogada de las comunidades, Fernanda Barón, consideró muy dilatado, por lo que adelantó que pedirá que se haga en una fecha más próxima. 

Si la audiencia se hiciera en breve, las comunidades aún contarían con la protección que otorga la Ley 26160, que declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos. En cambio, es probable que para febrero del año próximo esta ley haya caído, dado que en noviembre vence el decreto presidencial por el cual se prorrogó su vigencia y el gobierno nacional ya anunció que no la prorrogará, con lo que se teme que  haya un avance de los titulares registrales que disputan tierras con pueblos indígenas. 

Las comunidades resaltaron que la demanda de desalojo se da en un “contexto de amenazas, intimidación y violencia”. “Paradójicamente, la empresaria recurre a denunciar sistemáticamente a los caciques, acusándolos de violentos, promoviendo así instancias punitivas de criminalización”, afirmaron.

Además de repudiar estas acciones, afirmaron que el “fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas” y manifestaron su preocupación “por el uso de la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de comunidades en condiciones de vulnerabilidad y desprotección frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos”.

Estas comunidades están a la altura del kilómetro 5 de la ruta nacional 86, en el Chaco salteño. Están constituidas por unas 25 familias que mantienen un viejo conflicto con Monserrat, quien reclama la propiedad sobre las 95 hectáreas de ocupación ancestral que comparten Oka Pukie y Kyelhuk.

En noviembre de 2014 ambas comunidades fueron violentamente desalojadas a raíz de una denuncia de esta finquera. Y en diciembre de 2022 el niyat (cacique) de Kyelhuk, Isaías Fernández, fue objeto de una tentativa de homicidio cuando le erraron un disparo mientras se manifestaban contra el alambrado que empleados de la empresaria trataban de instalar en el territorio comunitario.

    Ambas comunidades fueron relevadas en el marco de las previsiones de la Ley 26160 y cuentan con las carpetas técnicas que reconocen la posesión tradicional, actual y pública de los territorios que habitan.

    "Las denuncias son falsas"

    La niyat de Oka Pukie, Nancy López, sostuvo que las denuncias en contra de ambas comunidades "son falsas", y por eso están "tranquilos”.

    Por otro lado, lamentó que capataces de la empresa, algunos de ellos integrantes de pueblos originarios de la zona, “están testimoniando en contra de nosotros”, “nos están acusando de muerte, acusando de ser violentos y muchas cosas más. Son los peones que ella (Monserrat) manda a recorrer el territorio y muchas veces nos encontramos y nos amenazan como mujeres, porque ellos son todos hombres”, sostuvo López, que es una de las directoras de la radio La Voz Indígena, de Tartagal.

    La frustrada audiencia del 23 de octubre es la segunda dispuesta en la demanda que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia de Tartagal. Nancy López recordó que la primera se convocó hace un mes, para un día miércoles, y se les notificó un domingo por la noche, sin darles tiempo a preparar una defensa. “Nos llega el comunicado así de repente, así de urgente”, lamentó. La abogada de las comunidades consiguió que se suspendiera esa citación y se fijó nueva fecha para el 23 de octubre.

    La niyat recordó que Oka Pukie y Kyelhuk siempre reclamaron la tierra que ocupan, y lo hicieron siempre “pacíficamente. Siempre estamos tratando de resolver nuestras problemáticas con espera, con paciencia”, insistió.

    Recuperar el monte 

    Nancy López inscribió en ese marco de reclamo pacífico la recuperación de la flora autóctona que vienen haciendo estas comunidades. Siguen, dijo, “buscando formas para levantar, para ver cómo recuperamos este territorio que tuvimos un día y después se iba desapareciendo”.

    La niyat contó que como ya no quedaban árboles autóctonos, pensaron “cómo hacer para volver a tener estos árboles”, con ese objetivo consiguieron fondos para un proyecto de reforestación y “hoy tenemos muchos árboles autóctonos y árboles frutales”. “Tenemos un trabajo muy profundo. Tenemos algunos lugares donde la gente pueda sembrar”, destacó.


    En ese misma labor de rehacerse comunitariamente, la niyat anotó el objetivo que se han propuesto estas familias para que niñes huérfanos de estas comunidades crezcan en su entorno.

    “También hicimos un gran trabajo para recuperar a los niños desde la guardería”, que se los “arrebataron de su madre, de su hogar, de su cultura, les llevaron, les trasladaron” a hogares “donde no entienden, se dan cuenta que están entre cuatro paredes, se encuentran con otra cultura otro mundo y otra enseñanza”, sostuvo. 

    Uno de los hitos de estas comunidades es la restitución, en octubre de 2023, de una adolescente de 14 años que estuvo en un hogar estatal durante nueve años. Además de esta niña, en la familia del cacique Isaías Fernández hay otros dos niños, sobrinos suyos, que quedaron huérfanos y están ahora a su cargo. 

    Nancy López contó que la finquera denunciante afirma que las familias de Oka Pukie y Kyelhuk no son indígenas sino migrantes del Estado Plurinacional de Bolivia. “La denuncia que nos hace esta señora Monterrat dice que nosotros estamos vendiendo lotes, que estamos construyendo casas de material, que no somos gente de aquí, somos gente extranjera que viene de Bolivia”, detalló.

    La niyat consideró que la empresaria se confunde porque tanto la adolescente como los sobrinos del niyat de Kyelhuk cuentan con apoyo del Estado y les construyó casas “bien bonita(s) de material”. Eso “confunde la gente”, dijo, porque Monserrat plantea que “si, por ejemplo, yo me hago una casita donde mi familia puede estar protegida, una casita bien bonita, entonces soy criolla”. “O sea, yo como originaria no puedo también vivir dignamente, si tengo un techo de plástico yo soy aborigen; si no vivo bajo una casa de plástico y si tengo la posibilidad de hacer mi casita más bonita y que pueda resistir las grandes tormentas que tenemos, yo soy criolla”.

    La finquera sostiene, subrayó Nancy López, que “nosotros no somos de los pueblos que habitamos en la Argentina, nosotros somos extranjeros; por ejemplo, yo no soy argentina, yo soy de Bolivia (sostiene la denunciante), mi padre era nacido de Bolivia, yo no soy nacida en Argentina, entonces en la denuncia que nos hace también (dice) que yo no tengo derechos ancestrales o territorios ancestrales porque yo no soy argentina”.