El miércoles 30 de octubre a las 11:03 de la mañana comenzó el juicio por Pierina Nochetti, en el Tribunal Oral y Criminal nro. 1 de Necochea, ciudad balnearia de la Provincia de Buenos Aires. La docente y artista lesbiana fue acusada en 2022 por pintar un mural correspondiente al Municipio con el reclamo “¿Dónde está Tehuel?”, sin más pruebas que una fotografía de ella de espaldas mirando la pintura.
El juez a cargo del proceso es Ernesto Juliano y el fiscal, José Luis Cippoletti. Este último ofreció una instancia de conciliación donde ambas partes encuentren la resolución al conflicto con la extinción de la acción penal (según art. 59° inciso 6°). Luego de un cuarto intermedio, al ser aceptado por la denunciada, el proceso se dio por finalizado a las 11:56 de la mañana. La condición exigida por la defensa fue que este proceso de conciliación comience esta semana y que no se dilate más de lo que ya se hizo.
La jornada culminó con el descargo de la acusada: "Ya vengo hace mucho tiempo con esto y la verdad es que me ha afectado mi salud mental, me ha afectado en cuanto a lo familiar, me ha afectado también en mi trabajo, porque sufro violencia laboral. Esa violencia laboral hace que no pueda hacer horas extras, por ejemplo, en los eventos que hace la Municipalidad de Necochea, me hostigan. Entonces, no solamente tengo un sueldo bajo, mal categorizado, sino que también me pierdo la posibilidad de poder tener horas extras. Esta exposición, la verdad que a mí me hizo muy mal y no se la deseo absolutamente a nadie y no deseo que nadie vaya, por una foto de espaldas, a ser juzgada en ningún momento de nada, porque la verdad es que es muy injusto estar en el lugar donde estoy yo, con tantos clasismos, donde yo gano un sueldo de 275 mil pesos y las personas que llevan adelante estas cosas, como son mis empleadoras, yo no llego a ganar el 10% de lo que ganan ellas. Además que no puedo seguir trabajando en mi casa. Quisiera terminar con esto, por eso pido que no se extienda más de viernes, porque la verdad es que me parece todo muy injusto”. Luego de estas palabras, el juez Juliano exigió al fiscal que el proceso administrativo se acelere para que comience lo antes posible, a cuya demanda el fiscal respondió por la positiva.
Nochetti denuncia persecusión y se refiere a que la pared de la discordia fue intervenida por muchísimas personas y a ninguna se le inició una demanda por eso.
Afuera del juzgado frente a una escasa presencia policial, bajo el sol del mediodía, las organizaciones civiles se concentraron entre tambores, banderas y pegatinas exigiendo por la absolución de Pierina, por la aparición de Tehuel, el joven trans desaparecido en marzo de 2021, y por lxs 30000 desaparecidxs durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. El canto colectivo que preguntaba “¿Dónde está Tehuel?” se filtró por las paredes del establecimiento y llegaban a los oídos del juez, fiscal, activistas, familiares, amigxs y trabajadores del Tribunal que formaban parte del público.
Se hicieron presentes importantes organizaciones nacionales e internacionales: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, SOMOS, ATE y la Asociación Civil Familiares y Amigxs de Tehuel, entre otras.
“La propuesta de conciliación es una oportunidad para hacer cesar de manera inmediata la persecución penal a la que injustamente ha sido sometida Pierina Nochetti como activista lesbiana y defensora de derechos humanos. Esperamos que este sea el punto de partida para reclamar un acuerdo que sea reparador del daño que ella vivió y que contribuya a poner fin a la discriminación laboral de la cual ha sido víctima.”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Nochetti contó también con el apoyo de referentes de la Comunidad LGTB+ y personalidades destacadas de la cultura, defensoras de los Derechos Humanos como la activista lesbiana transfeminista Marta Dillon. Y estaba también Higui, quien había sido apresada por defenderse de su agresor en un intento de violación correctiva, el 16 de octubre de 2016. De igual forma, la movilización organizada colaboró en que la absolución de Higui llegara en marzo de 2022.
Dos años después, el inicio del juicio contra Pierina se da en un contexto de vulneración de los derechos para las identidades LGTB+ entre otras, donde el gobierno del presidente liberal Javier Milei pone en riesgo el acceso a derechos conseguidos por la Comunidad durante los últimos 18 años (Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Identidad de Género, Ley de Cupo Laboral travesti-trans, entre otras normas) así como también otros concernientes a la salud pública, como la Ley nacional de respuesta integral al VIH, Hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual -ITS- y Tuberculosis -TBC- (del año 2022) a través de la no actualización del presupuesto para el año 2025.
Estos hechos, lejos de estar aislados, forman parte de un ataque directo a la comunidad. Sin más, la misma Pierina Nochetti sufre persecución y violencia laboral desde antes del caso del mural, del cual este es la expresión grotesca de tal hostigamiento. Negación de recategorización, pérdida de documentos, recorte de horas de ESI, embestidas en medios de comunicación locales.
Este juicio se constituye así como drama final de un acoso constante recibido por la docente, que es trabajadora del Municipio, ya que la pared en cuestión fue intervenida por muchísimas personas y a ninguna se le inició una demanda ni se le pidió taparlo.
“Las novedades que me dio el abogado de Pierina son muy alentadoras”, expresó Tito, papá de Pierina, “me dijo que en la Fiscalía vamos a ir por todo. Así que cree que van a sacar lo penal y la absolución también”. Y agrega: “Se sentía la presión que había y no se animaron. La presión de los medios, la carta que le mandó León Gieco, que es hermosa. Así que vamos a ir por la absolución, por todo”.
Frente a este panorama de hostigamiento y persecución hacia las personas LGTB+ y cualquier persona u organismo opositor al Gobierno, queda demostrado que la organización y la movilización siguen siendo herramientas de la sociedad para buscar Justicia frente a un Estado que no se responsabiliza por esa tarea. Al revés, criminaliza el acceso democráctico a las vías legítimas de protesta.
