La comunidad educativa del nivel secundario de la escuela Gurruchaga mostró ayer su “preocupación” por la decisión policial de solicitar documentación, tomar fotos y preguntarles a alumnos de segundo año de la institución si participan del centro de estudiantes. “No queremos que nuestros estudiantes asistan con miedo, consideramos que de alguna manera esto vulnera sus derechos”, señaló el colegio a través de un comunicado, en el que asegura que la fuerza de seguridad le comunicó a un alumno de 14 años que la no portación de su DNI “era causal de demora”. Desde la cartera de Seguridad provincial explicaron a Rosario/12 que “los GPS de los policías dan que no hubo ningún efectivo parado por más de 120 segundos” en la zona, por lo que “no es tiempo suficiente para identificar a nadie”. Un vocero aclaró: “No decimos que no haya sucedido. Hasta ahora no hay denuncia formal”.

Un reciente fallo judicial de cámara ratificó que ese tipo de procedimiento de las fuerzas de seguridad, regulado por el cuestionado artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe, constituye una ilegalidad, puesto que no existe norma que obligue a portar DNI en la vía pública.

El hecho también fue repudiado por el sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Rosario, Coad, que consideró “intimidatorio y anticonstitucional” el accionar de las fuerzas de seguridad en una escuela. Del mismo modo, la Federación de Secundarios (Feser) señaló que entiende “esta situación como un retroceso en nuestros derechos y de la gran lucha colectiva por la conquista de la democracia”.

Documentos por favor

El episodio ocurrió durante la mañana del martes en inmediaciones del establecimiento, ubicado en Salta entre Cafferata e Iriondo. Es habitual que un binomio de policías se ubique en la esquina de Iriondo, sobre la plaza de Las Américas, que une los niveles primario y secundario de la institución educativa.

También recorren otras parejas policiales las calles del barrio Luis Agote, en el marco de un acuerdo con la vecinal doctor Maradona, en demanda de presencia institucional vinculada a la seguridad pública.

Lo que no es tan frecuente es que los miembros de la fuerza de seguridad soliciten documentación a los alumnos que asisten a la escuela, y menos que les tomen fotografías y les requieran información sobre su participación, o no, en el centro de estudiantes.

Esta institución fue una de las primeras en advertir la anomalía. A través de un grupo de Whatsapp se enteraron por un mensaje que “estaba la policía frenando a los pibes, pidiendo DNI, y que en su caso de no tenerlo se lo iban a llevar”, dijo Camila, presidenta de Centro de Estudiantes.

Con miedo

Según señaló la escuela a través de un comunicado, difundido ayer, “durante el trascurso de la mañana (del martes) varios de nuestros estudiantes fueron parados por la policía en los alrededores de nuestra institución, exigiéndoles DNI, tomándoles fotos, preguntándoles si formaban parte del centro de estudiantes”.

“Cabe destacar –agregó la comunidad educativa en el texto que hizo público- que a uno de nuestros estudiantes (14 años) se le solicitó la documentación y como no la tenía le informaron que era causal de demora”.

Añadió que “como consecuencia de esto, los estudiantes y las familias se manifestaron muy preocupados, decidiendo no enviar a sus hijos a clases” aunque, aclaró, “las actividades escolares se están desarrollando con total normalidad”.

Tras una serie de encuentro entre directivos, coordinadores, docentes y estudiantes, la comunidad decidió generar “espacios de charla, debate y concientización” acerca de lo sucedido y de esa habitual –e ilegal- práctica policial.

“No queremos que nuestros estudiantes asistan con miedo, consideramos que de alguna manera esto vulnera sus derechos. En nuestra institución trabajamos por una educación pública integral, inclusiva y diversa que los cobijes a todos/as”, dijeron.

El sindicato Coad sostuvo también en un comunicado que la policía “hostigó e intimidó” a estudiantes de la escuela. “Los agentes siguieron a los menores hasta la parada del colectivo, les sacaron fotos, preguntaron sobre su pertenencia al centro de estudiantes y amenazaron con llevarlos a la comisaría por no presentar el documento de identidad”.

“Desde nuestro gremio repudiamos este accionar y anticonstitucional de la policía provincial”, agregó, y solicitó al Gobierno “una investigación de los hechos”.

“No hubo traslados”

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad explicaron ayer que no existe constancia de demoras en la zona por el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía, lo cual ya se sabía porque no hubo detenciones momentáneas de alumnos.

“Con respecto al supuesto intento de detener a un alumno de la Gurruchaga, en el horario que se dice sucedió esto, en esa zona no hubo traslados 10bis”, explicó una fuente de la cartera de Seguridad santafesina.

Tampoco hubo, continuó, “consultas al sistema Cóndor” que se utiliza en los controles de tránsito para verificar documentación, y “no hubo consultas al sistema Sifcop”, empleado para averiguar antecedentes en línea.

Desde Seguridad explicaron además que “los GPS de los policías dan que no hubo ningún efectivo parado por más de 120 segundos”, por lo que consideraron que “no es tiempo suficiente para identificar a nadie”.

De todos modos, agregaron que “teniendo en cuenta la seriedad de la situación, si alguien pudiera aportar al Ministerio Justicia y Seguridad algún otro dato que permita esclarecer la situación, se agradecería”.

El cuestionado artículo que habilita la demora de una persona hasta seis horas por “averiguación de antecedentes”, establece que nadie puede ser detenido salvo las excepciones contempladas: “Cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”.

Hace una semana, el juez de segunda instancia de Rosario, Gustavo Salvador, confirmó la constitucionalidad del artículo 10 bis en una causa que lo cuestionaba. En esa resolución, el magistrado fijó los “alcances” de la implementación de la facultad policial, a los fines de evitar arbitrariedades en su ejercicio, como demostró que sucede un trabajo realizado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

De acuerdo a ese informe, en el 65% de las actas analizadas –unas cuatro mil- sólo se invoca la detención por no portación de DNI, sin ninguna mención a alguna posible resistencia. En los hechos, la facultad habilita una discrecionalidad: demorar por “portación de cara”.