La política de esterilizaciones forzadas en Perú durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), de la que fueron víctimas más de 300.000 mujeres, fue una forma de violencia dirigida "particularmente contra mujeres indígenas, rurales y desfavorecidas" que podría ser considerado delito de lesa humanidad, dictaminó este miércoles un comité de expertos de la ONU.

"La esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad según el estatuto de Roma", señaló el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que expresó su preocupación por la ley promulgada por Perú que impide la persecución de este tipo de crímenes graves si fueron cometidos antes de 2002.

La conclusión del grupo de 23 expertos (22 mujeres y un hombre) fue adoptada tras revisar una denuncia presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997, como parte de las políticas de natalidad desarrolladas por el Gobierno peruano, de las que también fueron víctimas 25.000 hombres.

"Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado", afirmó la miembro del comité Leticia Bonifaz. Agregó que los procedimientos se realizaron sin el consentimiento de las víctimas, algunas de ellas incapaces de comprender del todo la naturaleza de las operaciones a las que eran sometidas.

El comité subrayó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas, por lo que hizo un llamado urgente al Estado para que acelere u amplié sus pesquisas, proporcionando compensación financiera y apoyo psicológico.

El testimonio de las víctimas


La decisión del comité recogió testimonios como el de una víctima del departamento de Huánuco, en el centro norte del país, quien fue detenida en la calle por practicantes médicos en 1996, posteriormente sedada y al despertar se le dijo que estaba "curada" porque ya no podría tener hijos.

Inmediatamente después de la intervención tuvo que regresar andando durante dos horas a su casa, sin ningún cuidado postoperatorio, y fue abandonada por su esposo cuando descubrió que había sido esterilizada, señaló el documento, poniendo este caso como ejemplo de las consecuencias graves en la salud física y mental que tuvieron esas campañas.

El caso fue presentado en 2020 ante el comité de Naciones Unidas, encargado por velar por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificado por Perú en 2001.

Aunque también hubo hombres víctimas de las esterilizaciones, el comité interpretó que esa campaña fue especialmente violenta con las mujeres, por la diferente naturaleza de las intervenciones y los riesgos quirúrgicos asociados.

"Fueron parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales de origen campesino o indígena, y la política resultó en la anulación y sustitución de su autonomía reproductiva", denunció Bonifaz.