Tal como lo había anunciado días atrás, el Gobierno nacional decretó la intervención de la Casa de Moneda. Lo dispuso a través de un decreto publicado esta mañana en el que deja en manos del Ministerio de Economía la “reformulación y readecuación” de las funciones de ese organismo, su operatividad y sus trabajadores.

El encargado del “desarme” de esa entidad será el abogado Pedro Daniel Cavagnaro, quien fue designado como interventor a partir de mañana 1 de noviembre y durante los 180 días que regirá la medida.

Luego de ese plazo, Cavagnaro deberá rendir cuentas ante la cartera a cargo de Luis Toto Caputo acerca del estado de situación de la Casa de Moneda, presentar un plan de reformulación y readecuación de sus funciones, revisar los procesos judiciales y administrativos en marcha, y modificar los convenios colectivos de trabajo que rigen para el personal.

El decreto 946/2024 publicado en el Boletín Oficial también le da potestad para modificar la estructura orgánica, “designar y remover funcionarios” y, sobre todo, “revisar la administración de compras y contrataciones” a partir de una auditoría general del organismo.

Esto quiere decir que podrá dar de baja los contratos de servicios, renegociarlos, prorrogarlos, extenderlos o rescindirlos.

Esto remite a lo que la Casa Rosada había anunciado hace días cuando resolvió dar de baja la contratación de producción de billetes de mil y 2 mil pesos que estaban en marcha. El vocero Manuel Adorni argumentó que esa emisión “no tenía ningún sentido” y que por eso debían darse de baja.

Por ese motivo, la institución hasta hoy a cargo de Santiago Bausili comunicó que se dejaron de producir esos billetes el lunes pasado e informó al personal la finalización de la producción de billetes en general. También les transmitió que el trabajador que no tenga actividades se tome vacaciones.

Entre los considerandos, el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo fundamenta la decisión de intervenir la Casa de Moneda en el mentado decreto 70/2023 que declaró la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el último día de 2025.

Considera que “resulta fundamental renegociar los contratos suscriptos” con la Casa de Moneda y le da continuidad a aquellos sobre impresión de pasaportes, impresión de chapas-patentes e impresión de estampillas, entre algunos.

Establece también que la intervención tiene el fin de “contribuir” y “optimizar la eficacia y la eficiencia de las acciones que cumple” esa institución, y deja claro que por eso es necesaria su “transformación y actualización de su objeto social”.