El gremio judicial se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno provincial, acaso uno de los pocos obstáculos en el camino de Maximiliano Pullaro por estos días. Ayer el Sindicato de Trabajadores Judiciales cumplió otro paro de 24 horas y sacó su reclamo a la calle en una marcha que en Rosario unió Tribunales con el Centro de Justicia Penal.
Aunque el gobernador y sus operadores intentan endosar ese conflicto a los ministros de la Corte Suprema provincial que quieren desbancar, el Sindicato ayer demostró que en esta grieta está del lado corporativo y desmiente a la Casa Gris. “Quiero aclarar que en ningún momento la Corte se quedó con algún peso de lo que corresponde a nuestro salario. Si no cobramos los retroactivos que nos deben desde mayo es porque el Gobierno provincial no depositó las partidas”, retrucó Jorge Perlo, secretario general del gremio tribunalicio.
Tanto Pullaro como su ministro de Gobierno, Fabián Bastia, han pretendido responsabilizar a la Corte Suprema por lo que los empleados reclaman: retroactivos salariales de paritaria que están postergados, y los ascensos regulares de la carrera judicial que también están pisados en algún despacho de Santa Fe. “Ante el desmanejo financiero de la Corte, el Ejecutivo saldrá en auxilio para que pueda pagar retroactivo a sus trabajadores", dijo el martes Bastia al anunciar un desembolso de 5.200 millones de pesos para afrontar los pagos retroactivos al personal judicial.
El anuncio cargado de animosidad se debió a que –según la versión del Ejecutivo– “el máximo órgano judicial se quedó sin recursos al acelerar el uso de su presupuesto. Hubo un manejo discrecional y desajustado de los fondos de este año”, chuceó Bastia y su par de Economía, Pablo Olivares, tras una reunión con la titular del MPA, María Cecilia Vranicich.
Pero en el mitín de ayer, los empleados salieron al cruce y dejaron en off side al gobernador y su equipo. "Seguimos con el plan de lucha porque nadie del Gobierno provincial nos dio una fecha de pago de lo que nos adeudan ni firma de los expedientes que tiene retenido el gobernador. Por lo tanto, lo que dijo el ministro Bastia por los medios son promesas, y hasta que no se materialice no vamos a cesar el plan de lucha. Cada vez que el ministro habla lo hace provocando a los empleados judiciales y miente a la población”, lanzó el gremialista judicial desde el playón del Centro de Justicia Penal, en Virasoro y Sarmiento.
Al decir de Perlo, el anuncio del Ejecutivo hasta ahora quedó en esa declamación nomás.
El otro reclamo que sustenta el malestar gremial es la postergación de los ingresos de nuevos empleados por recambio natural, y ascensos que todos los años ocurren en el escalafón de la carrera judicial. Bastia puso en tela de juicio esos mecanismos y habló de manera peyorativa sobre "ascensos automáticos que hay que revisar y ver situaciones particulares".
La observación encrespó el sentir de los empleados judiciales. Perlo ayer lo definió como "otra mentira más del gobierno, cuando dicen que van a revisar los ascensos automáticos". "Es mentira –enfatizó– ningún judicial asciende automáticamente. Acá somos calificados por nuestro superior inmediato, por la Corte, Fiscalía General o Defensoría General. Y todos los años se hace una grilla de cada categoría con los que están para ascender según sus calificaiones. Hay ingresantes que rindieron hace tres años, trabajadores que tienen que ascender, y personal que rindió el concurso para funcionario. Son más de 560 trabajadores y trabajadoras afectados en la provincia. Es el trámite normal de toda la vida judicial”, explicó.
En estas circunstancias, el sitular del Sindicato exigió al Ejecutivo que cumpla con lo adeudado "y que el gobernador firme los más de 150 expedientes de ingresos y ascensos que tiene retenidos y no quiere firmar: mientras tanto, el plan de lucha continúa", afirmó.
