La jueza Vanesa Peluffo, subrogante en el Juzgado Penal 43 de la Ciudad de Buenos Aires, se declaró incompetente en la causa Wenance, tras dictar hace apenas una semana la prisión preventiva de Alejandro Muzak, el Madoff de Olivos, y sus secuaces Paola Vallone y Pedro Viggiano.

Cuando la Cámara de Apelaciones ratifique la decisión, las causas por estafa y asociación ilícita se unificarán en el Juzgado 3 de San Isidro, que encabeza la jueza Andrea Rodríguez Mentasty. Allí, el fiscal Alejandro Guevara completó la instrucción preliminar, según la cual considera que hay evidencia suficiente para llevar a Muszak a juicio oral por veintitrés hechos de estafa realizados a través de una asociación ilícita, cuya jefatura ejercía el financista.

Wenance realizaba intermediación financiera ilegal, sin autorización del Banco Central de la República Argentina. Por un lado tomaba colocaciones de inversores y por el otro prestaba dinero a sectores no bancarizados a tasas altísimas. Pero el negocio no consistía en prestar dinero sino en vender títulos por esos préstamos. Así, Muszak se desprendía de esos activos tóxicos y les transfería el riesgo a sus inversores. Llegó a vender, según consta en  el expediente, hasta seis veces el mismo préstamo: un esquema Ponzi de manual.

Las múltiples causas contra Muszak, a pesar del trabajo sostenido de la fiscal Mónica Cuñarro y de la celeridad de las actuaciones en San Isidro, durmieron una prolongada siesta, de casi un año y medio. Sin embargo, “en menos de dos semanas pasaron a nafta… y prendieron el turbo”, grafica un abogado con acceso al expediente.

¿A qué se debe? Las fuentes consultadas coinciden en que hay dos elementos. El motivo central es la causa por lavado de activos que presentó, hace ya algunos meses, Alejandro Liporace, en calidad de abogado en causa propia. Liporace parece haber activado una suerte de “botón rojo” en el somnoliento poder judicial.

Tras un par de idas y vueltas respecto a la competencia, ya que existía desde 2021 una causa con la misma carátula y contra los mismos imputados en el juzgado penal económico de Rafael Caputo, el tribunal de Casación estableció que quede en manos de Daniel Rafecas.

Los abogados querellantes creen que esa causa pondrá la vara alta. “El estilo de Rafecas es investigar en serio, cualquiera que haga otra cosa va a quedar muy expuesto”, explican. “El lavado es un delito federal, complejo y con ramificaciones internacionales, por eso nadie quiere jugar con eso y quedar pegado”, agregan.

El otro elemento que trajo alguna esperanza a los cerca de ocho mil damnificados de la estafa, que supera los 300 millones de dólares, es la llegada de la jueza Vanesa Peluffo al Juzgado 43, en reemplazo de su par, Paula Verónica González. “Peluffo no es González”, resumen con alivio.

La actuación de González durante todo este tiempo le valió sucesivos recursos de queja, tanto de la fiscal interviniente como de la querella, por retardo de justicia y por parcialidad y una próxima presentación ante el Consejo de la Magistratura.

Gonzalez demoró más de un año la pericia sobre las tablets, computadoras y teléfonos secuestrados a Muszak en un allanamiento, que finalmente “se perdieron” en un depósito policial y también permitió que el financista dispusiera de la cobranza de los créditos existentes mientras se sustanciaba el proceso, en perjuicio de los legítimos acreedores.

Con estas novedades, la expectativa de los querellantes es que se profundice la investigación sobre la ruta del dinero, que según un rastreo realizado por peritos privados estaría guardado en criptomonedas, en un país del este europeo. 

Panorama internacional

Por otro lado, la justicia de España rechazó la propuesta de reestructuración de pasivos de Abuntia, nombre comercial bajo el cuál operaba Muszak en ese país. Entre otras irregularidades, inversionistas sostienen que les habrían fraguado la firma digital para falsear su consentimiento. En España, Muszak estafó a unas 350 personas, en su mayoría representados por el estudio Kepler- Karst, por un monto de al  menos 15 millones de euros. 

Muszak también enfrenta procesos judiciales en Uruguay, donde el Banco Central de ese país lo multó con aproximadamente 2 millones de dólares, le revocó la licencia y le impide operar.

Volviendo a Argentina, en Córdoba, donde el fiscal Enrique Gavier, experto en delitos económicos complejos, investiga su operatoria. Fuentes  con acceso al expediente no descartan el pronto inicio de acciones legales contra el financista también en Estados Unidos.

Las empresas fintech, apócope de finance technology, como Wenance tienen escasísimo control por parte del Banco Central de la República Argentina, debido a que la ley de entidades financieras todavía vigente, sancionada por la última dictadura cívico militar, los desmanteló para facilitar todo tipo de negocios.

Para la normativa, Wenance califica como una prestadora de crédito no financiero, al igual que numerosas mutuales y cooperativas. Amparado en ese vacío, Muszak hizo crecer su operación con prácticas ilegales, que en cualquier entidad debidamente controlada por el Banco Central, hubieran sido tempranamente detectadas.