La tercera jornada del juicio a Los Monos tuvo como protagonistas a dos imputados: Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero, que habló luego de Lorena Verdún, primer esposa de Claudio "Pájaro" Cantero. "Somos el chivo expiatorio del socialismo después de lo que dijo el diputado (Andrés) Larroque en el Congreso, que los trató de narcosocialistas. Desde ahí, la respuesta política fue armar una causa. Ahí entramos nosotros. Para mostrar que somos el mal de la provincia, que soy el monstruo más grande, como me pintaron", entendió Machuca. Para el imputado más célebre de esta causa, este juicio fue el resultado de "un pacto político entre los cuatro magníficos: el socialismo, (Luis) Paz, (Policía División) Judiciales y (el juez Juan Carlos) Vienna". "Hay viajes entre Vienna y Paz a Las Vegas. Yo conseguí ese tema (pruebas). También la prueba de la moto (del magistrado, a nombre de Luis Paz). Y otras más que se van a desarrollar acá. Si somos todos iguales ante la ley, a mí no me aceptaron pruebas. Pido que se acepte como testigo a las novias de Vienna y de Paz, que sostienen lo que yo vengo diciendo", denunció. "Ni a Robledo Puch le dieron tantos años como los que esta pidiendo el fiscal para mí. No entiendo, ahora piden 41 años de prisión cuando en el juicio abreviado me iban a dar siete", sostuvo Monchi en relación a los años de prisión que pidió la Fiscalía.

"La prueba de la complicidad del socialismo con el armado de esta causa y con el narcotráfico es que (Antonio) Bonfatti le cedió a Luis Medina un Chevrolet Cruze y que Medina le facilitó una camioneta. Todo esto se puede investigar. Además, el socialismo le dio a Luis Medina la concesión del boliche Esperanto. A mí me tratan de narcotraficante y no tengo ni una sola causa", remarcó.

Y repitió ante los jueces algo que ya había afirmado ante la prensa: aseguró que policías de la División Judiciales le fueron a "vender la causa". "Lo voy a mostrar con testigos. Si yo hubiese pagado un millón de pesos no estaría sentado acá", concluyó.

"Otra cosa. Nunca maté ni mandé a matar a nadie. Ni di órdenes", expresó en relación a las acusaciones en su contra con respecto al triple homicidio de Francia y Acevedo (donde fueron asesinados Nahuel César y su madre además de Marcelo Alomar) y el de Lourdes Cantero, cuya casa fue ametrallada.

Por último, afirmó que cuando él estaba prófugo su defensa recibió por parte de Fiscalía el ofrecimiento de un procedimiento abreviado por una pena de siete años en caso de entregarse. Contrastó ese supuesta oferta (que Fiscalía negó) contra la condena solicitada por el fiscal Fernández Bussy de 41 años de prisión efectiva. "Ni a Robledo Puch le dieron tantos años", señaló al intentar referirse al famoso asesino serial.

Por otro lado, declaró la ex mujer del Pájaro Cantero. Lorena Verdún dijo tener vínculos "solamente con el Guille Cantero, porque desde que se separó del padre de sus dos hijos en 2008 se terminó la relación con los Cantero".

Por su parte el Colegio en Pleno de Jueces Penales de la 1ª y 2ª Instancia en lo Penal emitió un comunicado donde critica los dichos del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, quien dijo que ceder a las presiones de los detenidos de esta causa, "nos pone a un paso de Colombia donde un jefe narco se construyó su cárcel". "Esto implica una evidente e inadmisible intromisión de un alto funcionario del Poder Ejecutivo provincial en la actuación de un Tribunal de Justicia interviniente en un proceso penal en curso, así como una inaceptable descalificación y presión sobre decisiones a adoptar por los jueces que entienden en el caso, todo lo cual conforma un ilegítimo avance sobre la insoslayable independencia de los órganos jurisdiccionales competentes que es inherente a un Estado Republicano".

El Colegio aclaró que la decisión del "alojamiento provisorio" se trata, puntualmente, de un recurso de Hábeas Corpus establecido en la Constitución Nacional y Provincial y regulado por la ley procesal, dentro del cual el Poder Judicial es el encargado de aplicar la ley y velar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, sean quienes sean las partes involucradas, y aún tratándose, como en este caso, de una acción planteada ante una decisión del propio Poder Ejecutivo.

De pasó también cuestionó a Maximiliano Pullaro. "Causa perplejidad las expresiones que recurrentemente han empleado desde el inicio mismo del juicio oral los ministros de Seguridad y de Justicia, aludiendo a los inculpados como acreditados miembros de una organización delictiva, lo que es inaceptable como condicionamiento hacia el Tribunal interviniente". La nota está firmada por Georgina Depetris, Gustavo Pérez de Urrechu, Luis María Caterina y Griselda Strologo, en representación del Colegio de Jueces interdistrital.