La Unidad Penitenciaria 10 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires, se mantendrá clausurada hasta que se culminen las tareas de reparación integral de la estructura edilicia, luego de haber recibido denuncias por peligro de derrumbe. La orden fue emitida por el Juzgado de Ejecución Penal 1 de La Plata, a cargo de Nicolás Villafañe.
La denuncia, realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), indicaba que recientemente había ocurrido "un desprendimiento del techo de un espacio de uso común del penal que está ubicado entre los pabellones 1 y 2", según precisó el abogado y psicólogo Roberto Cipriano García al diario Tiempo Argentino.
"El pedazo de mampostería cayó sobre la espalda de un detenido, que fue asistido por los profesionales de la salud del área de sanidad de la cárcel. Por milagro, no sufrió heridas graves", remarcó.
A raíz del reclamo, el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata se presentó en el penal, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), para constatar las condiciones edilicias, verificar el estado de alojamiento y la densidad poblacional.
"Ante el peligro de derrumbe" en los pabellones mencionados y el sector de admisión, "el magistrado ordenó que peritos --ingenieros y arquitectos-- confeccionen informes", aseguró García. Finalmente, el juez analizó el reporte y concluyó con la orden de clausurar el penal completo.
¿Qué pasará con las personas privadas de su libertad?
El juez Villafañe también prohibió "el ingreso de presos hasta que la administración penitenciaria efectúe las tareas de reparación integral de la estructura edilicia de la cárcel, para que en el espacio cumplimenten los estándares constitucionales de condiciones dignas para las personas privadas de libertad", detalló García.
Por otro lado, el abogado enfatizó que pidieron a la Justicia "que todos los detenidos que habitaban en esa área de la cárcel sean realojados transitoriamente en otros sectores".
"Hace décadas que venimos denunciando continuamente que las cárceles se caen a pedazos", remarcó García. En ese sentido, afirmó que varios penitenciarios alertaron en los últimos años sobre el "mal estado en términos generales del techo de la planta baja de esa institución de encierro".
"Vimos grietas que anunciaban otros posibles desprendimientos de techos", aseguró el abogado, y siguió: "Por eso, solicitamos que hagan una constatación judicial urgente y que actúen de oficio, con el fin de garantizar el derecho de habitabilidad de las personas allí cautivas".
El juez correspondió esa lógica y expresó que "cuando se rompe el equilibrio entre personas privadas de libertad y la calidad de seguridad de alojamiento de un establecimiento penitenciario, se ven afectadas en forma directa las condiciones de detención de las personas".
Al respecto de la denuncia, consideró que las condiciones de detención precarias en las que se encontraban los presos "afectaban" sus "derechos fundamentales", como la salud, trabajo, estudio y el contacto con sus familiares, al igual que la alimentación y el descanso.
