La diputada provincial del bloque Compromiso Justicialista, Alejandra Rodenas, presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Justicia y Seguridad brinde detalles sobre el “porcentaje de demoras y/o posibles traslados por averiguación de antecedentes que derivaron en causas penales” durante este año, así como de las “estadísticas sobre la cantidad de personas que fueron identificadas sin contar con el DNI y el resultado de esos procedimientos”. La iniciativa tiene como contexto la polémica que se generó alrededor de un procedimiento policial en inmediaciones de la escuela secundaria Gurruchaga, del barrio Luis Agote, que tuvo como objeto a alumnos de 13 y 14 años.

Además de requerirles DNI, que es una facultad legal que poseen las fuerzas de seguridad, según la denuncia de la madre de uno de los estudiantes abordados y de acuerdo al comunicado de la propia escuela, dos mujeres policías también les tomaron fotos y los consultaron sobre su militancia en el Centro de Estudiantes. Ambas acciones están reñidas con la normativa vigente y las convenciones supranacionales que tutelan los derechos y garantías de las infancias.

Entre otros puntos, la diputada Rodenas, ex jueza penal del viejo sistema procesal santafesino, solicita en el pedido de informes “detalle sobre el o los procedimientos operativizados en las inmediaciones y frente al Complejo Educativo Dr. Gurruchaga por la policía de la provincia de Santa Fe, para la identificación de personas en la vía pública”.

El Gobierno, a través de sus funcionarios, no dio detalles de lo ocurrido, sino que lo negó con el argumento de que no existe denuncia al respecto, apenas un llamado anónimo a una línea gratuita de que dio cuenta del hecho.

Ello supone que tanto las autoridades de la escuela como los miembros del Centro de Estudiantes y la comunidad educativa habrían faltado a la verdad sobre el procedimiento ocurrido el martes pasado por la mañana.

Rodenas también pide en su proyecto dirigido al Poder Ejecutivo que “informe si los establecimientos educativos son un objeto de investigación y control policial en particular. En caso afirmativo, fundamentar”.

A la vez, la exvicegobernadora pregunta sobre la “implementación en la práctica de las normativas específicas que regulan la identificación, las demoras y/o traslados a dependencias, a las comisarías para la averiguación de antecedentes de personas en la vía pública”.

En los considerandos del proyecto, Rodenas recuerda que “hace solo unos días se firmó un fallo que confirmó la constitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe, utilizado para demorar a personas por averiguación de antecedentes”.

 

Aunque el fallo consideró que la norma es constitucional, “estableció límites en su aplicación para evitar abusos. El mismo indica que la normativa permite a la policía actuar de manera discrecional en las demoras”, agrega.

Por último, resalta que “la ley establece que estas detenciones sólo pueden realizarse ‘cuando haya sospecha o indicios de la comisión de un ilícito, o por resistencia a identificarse’”.