El equipo económico cerró octubre con una sonrisa de oreja a oreja. En el mes, se dispararon los precios de los bonos, bajó de manera vertiginosa el riesgo país y las acciones tocaron picos de los últimos seis años. El mercado disfruta el momento, aplaude cada uno de los nuevos anuncios de ajuste fiscal e internaliza la idea de que el próximo año el país volverá a colocar deuda externa.
El gobierno saca chapa de estos éxitos financieros y repite el mismo latiguillo de siempre sobre las bondades de aplicar políticas ultraconservadoras, reducir el gasto del sector público y cortar la emisión monetaria. Se ufana con inversores y empresarios de que lo hecho hasta acá fue una hidalguía y de que lo que viene para los próximos meses será aún mejor.
La estrategia discursiva es la misma en cada uno de los eventos donde participan los funcionarios. El planteo es que “nadie podría haber imaginado hace un año que el riesgo país iba a ubicarse debajo de 1000 puntos, la inflación mensual iba a estar en torno a 3 por ciento y que la brecha cambiaria se ubicaría en menos del 20 por ciento”.
El relato oficial, sin embargo, se olvida de mostrar cómo se llegó hasta este punto. ¿Por qué los inversores ahora parece que empezaron a creerle al gobierno que pagará las deudas? ¿Por qué gran parte de los analistas asegura que próximamente será factible tener las condiciones para volver al mercado de deuda? La respuesta tiene tonos dramáticos: el gobierno demostró que realizará todo el sacrificio social necesario para cumplir con los bonistas.
Sacrificio social
En los últimos meses la economía se desplomó y la recuperación proyectada para el próximo año puede pensarse como un deseo de organismos internacionales y consultores del mercado. Son escenarios macro que no miden las consecuencias ni el impacto irreversible para la industria y el trabajo. El poder de compra de la población sufrió un recorte impactante que será difícil de recuperar, más allá de lo que estimen las estadísticas.
Algunos economistas repiten que los salarios volvieron a ubicarse en el nivel de noviembre de 2023 en términos reales. Pero en la práctica esto dice poco y nada. Los hogares tienen que destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos para pagar las tarifas de los servicios públicos, el transporte y los alimentos de consumo masivo (que a pesar de ser bienes transables se ubican en precios por encima de los que tienen en otras partes del mundo).
Este ajuste sobre los ingresos de la población fue de proporciones importantes en los últimos meses y entusiasmó a los inversores. Los convenció que sus bonos serán repagados y les hizo creer que el próximo año el país podrá volver a endeudarse con el mundo. Claro que esto no fue lo único que explicó el furor por los activos bursátiles argentinos. También influyeron los anuncios de créditos de organismos internacionales y la estabilidad del dólar.
En los últimos dos meses la reducción de la brecha cambiaria estuvo impulsada por distintos elementos. Por ejemplo, la colocación masiva de obligaciones negociables de las empresas privadas. Uno de los últimos informes de la consultora 1816 detalló que entre septiembre y octubre se emitieron más de 2400 millones de dólares en bonos corporativos. También el incremento de préstamos en moneda extranjera del sistema financiero por más de 1500 millones de dólares en el mismo período.
Pero el punto es que ninguno de estos factores parece permanente (incluyendo el efecto de la primera etapa del blanqueo para aumentar los depósitos en dólares e incentivar la compra de obligaciones negociables) y mucho menos el elemento social. El gobierno, más allá de su optimismo para los próximos meses, juega al límite con el umbral de hartazgo social.