La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) alertó que la mayor parte de los grandes generadores de residuos no se adaptaron a la normativa de gestión diferenciada en la provincia de Buenos Aires, y dado que en la práctica son muy pocos aquellos que generaron un plan de adecuación, las cooperativas ofrecieron ser parte de la fiscalización para mejorar mejorar los indicadores, y que los residuos tengan una trazabilidad acorde a lo establecido.

Desde el Ministerio de Ambiente sostuvieron que recibieron 1.105 planes de gestión de residuos, de los cuales 428 ya fueron aprobados mediante disposición. Según remarcaron, el área implementó auditorías en más de 35 municipios, y desarrolló capacitaciones en conjunto con universidades, asociaciones y gobiernos locales, para fortalecer las capacidades y el conocimiento en la gestión de residuos.

Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop, asegura a BuenosAires/12 que "no existe una voluntad real" para adecuarse a la normativa de gestión diferenciada por parte de los hoteles de cuatro y cinco estrellas, los shopping, las galerías comerciales, los hipermercados, las cadenas de locales de comidas rápidas y las empresas de logística. "La situación es tan compleja que hace que las organizaciones con representatividad en la gestión de residuos tengamos que proclamarnos públicamente", señala Martínez, que también es presidente de la cooperativa Creando Conciencia.

Conarcoop apunta a que la Provincia pueda delegar esa fiscalización. Una opción son, por ejemplo, las organizaciones municipales. "La escasez de recursos humanos y la dispersión territorial hacen que queda chica la fiscalización en la provincia más grande del país", asegura Martínez, que destaca que lo que propone Conarcoop "no es una delegación compulsiva de fiscalización que salga a la calle con una pechera y nada más", sino "un grupo formado por organizaciones constituidas bajo la ley", que con el conocimiento de la causa y su debida certificación, acompañen la fiscalización de los grandes generadores de residuos, "que están por fuera de la norma en los 135 distritos bonaerenses", según Martínez.

En julio pasado, el Ministerio de Ambiente de la Provincia amplió la nómina de sujetos alcanzados mediante la resolución 190, que también engloba a los barrios cerrados o countries que generen más de 1000 kilos de residuos mensuales. Fue la actualización de la resolución 138/13, donde se establecía que los grandes generadores, instalados en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires, debían implementar un Plan de gestión diferenciada de los residuos sólidos urbanos.

De acuerdo a la normativa actual, los grandes generadores tienen a cargo la separación en origen de sus residuos sólidos urbanos, en al menos dos fracciones, que son reciclables y no reciclables. Después de eso deben continuar con la recolección diferenciada, el transporte, y el tratamiento, ya sea de acondicionamiento y o de valorización, además de la disposición final de los residuos sólidos urbanos que generen. Sin embargo, también son responsables del envío de la totalidad de la fracción seca reciclable a un destino sustentable habilitado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), deben llevar un registro de operaciones que demuestre las acciones realizadas en el marco de la gestión integral de sus residuos, y presentar acciones de sensibilización y capacitación en gestión sostenible de los residuos a sus empleados, a los clientes y a la comunidad en general.

Martínez no brinda un número exacto, pero asegura que los índices de adecuación a la normativa actuales "son preocupantes”. Él no duda cuando afirma que Conarcoop y diversas organizaciones que trabajan en materia de residuos están capacitadas para llevar adelante la fiscalización, y cita un ejemplo. Conarcoop, desde 2023 y mediante el entonces Ministerio de Trabajo, hoy reducido a Secretaría, certifica la competencia laboral de la norma para separadores y clasificadores de residuos reciclables. Martínez subraya que una confederación de cooperativas con responsabilidad gremial sobre un sector tiene esa potestad, y cita como ejemplo a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Durante las últimas semanas, Martínez y sus compañeros de Conarcoop estuvieron en distintos puntos del país entregando certificaciones a diversas cooperativas. "Si una confederación tiene este nivel de gremialidad y responsabilidad, y encima trabaja de manera articulada con el Estado nacional más allá de la gestión actual, ¿cómo no vamos a trabajar con la sociedad civil, las organizaciones confederativas y los ministerios de la provincia de Buenos Aires?", se pregunta el dirigente, y amplía: "Podemos seguir construyendo territorialidad en base a una delegación conveniada y de garantía de capacitación correcta, y así como lo hacemos en todo el país, queremos que a nivel provincial el Ministerio de Ambiente sea el órgano rector".

"Evitar abusos monopólicos"

Además de denunciar que los grandes generadores de residuos no se adaptaron a la normativa de gestión diferenciada en la provincia de Buenos Aires, Conarcoop señaló que muchos de ellos venden esos residuos, violando abiertamente lo que está permitido la ley. Desde la confederación de cooperativas nacionales observaron que "si bien existen normas y leyes adecuadas a los requerimientos ambientales", allí tampoco resulta sencilla la fiscalización. Aclararon que esto ocurre "pese a los esfuerzos denodados" del Ministerio de Ambiente, que fue creado en 2021, durante la primera gestión del gobernador Axel Kicillof.

Ramiro Martínez, presidente de la Conarcoop.

Martínez explica a BuenosAires/12 que los sectores supermercadistas de distintas marcas "venden el cartón a los sectores más vulnerables y siempre tratan de lucrar con eso". El cooperativista destaca que el Estado los multa, "pero la multa es tan baja que pueden seguir haciendo lo que quieran", advierte. "Esto nos preocupa mucho, y viendo cómo se abusan las empresas nos da bronca que en una provincia tan amplia no podamos llevar adelante este tipo de trabajos", añade el presidente de Conarcoop, que remarca que ya mantienen charlas con las autoridades del Ministerio de Ambiente y demás organizaciones para llevar adelante la fiscalización.

Martínez agrega que eso serviría para generar puestos de trabajo en los sectores más vulnerables, pero sobre todo para "evitar los abusos monopólicos" de sectores concentrados que venden irregularmente sus residuos. "Acá va más allá del reciclado, se trata de controlar a los pseudo gestores que dicen ser 'destinos habilitados', pero que no pueden certificar o dar trazabilidad del ruteo del residuo", agrega el presidente de Conarcoop, y sentencia: "Si el CEAMSE recibe 18 toneladas por día, es imposible que los municipios no puedan fiscalizar sus residuos, por eso debemos fortalecer al sector cooperativo y de gestión de residuos".

La visión del Ministerio de Ambiente

BuenosAires/12 consultó al Ministerio de Ambiente de la Provincia sobre el tema, y desde la cartera bonaerense subrayaron, en primer lugar, "el compromiso con una gestión ambientalmente sostenible de los residuos generados en gran volumen, donde el desarrollo económico y la inclusión social vayan de la mano con la protección del ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos".

Con su Área de Grandes Generadores de Residuos Asimilables Domiciliarios como autoridad de aplicación, que es responsable de evaluar y supervisar los planes de gestión de residuos presentados por los grandes generadores en todo el territorio provincial, las autoridades bonaerenses informaron a este diario que "los resultados obtenidos hasta la fecha reflejan un avance significativo en los acuerdos entre grandes generadores y destinos sustentables, alcanzado un incremento del 68 por ciento en estos convenios".

 El Área de Grandes Generadores de Residuos Asimilables Domiciliarios se enfoca en la creación y modificación de normativas provinciales que regulan la actividad de los grandes generadores, así como en la notificación formal sobre las responsabilidades que éstos conllevan.

"El área articula con los gobiernos locales para implementar políticas de separación en origen y de recolección diferenciada de residuos, colabora activamente con cámaras empresariales, asociaciones y organismos reguladores para asegurar un cumplimiento coordinado de la normativa a nivel provincial", sostuvieron desde el Ministerio de Ambiente a este diario. Además, como parte de sus acciones, subrayaron que el área "realiza inspecciones y auditorías territoriales en los establecimientos, y en los casos de incumplimiento, aplica sanciones administrativas para garantizar el respeto a la normativa ambiental".

En cuanto a la normativa implementada, destacaron el desarrollo de resoluciones como la N°331/23, que regula la gestión de residuos en edificios de la administración pública, y la Resolución N°190/24, que extiende la obligatoriedad de esta gestión a todos los barrios cerrados y clubes de campo de la provincia.

"Esta política tuvo impactos destacables en la Provincia, porque disminuyó el volumen de basura dispuesto en sitios finales, gracias a la recuperación y reciclado de residuos que, de otro modo, habrían sido enterrados", sostuvieron a BuenosAires/12, y agregaron: "También promovió la economía circular basada en la separación de residuos en origen, generando oportunidades económicas para las comunidades locales, contribuyendo a reducir el impacto ambiental, y fomentó la inclusión social mediante la formalización y apoyo a cooperativas de recicladores, que hoy en día emplean a más de 5 mil trabajadores en toda la Provincia, mejorando sus condiciones de trabajo y su estabilidad laboral".