El juez federal de garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso ayer la prisión preventiva por dos meses de José Miguel "Yopi" Gerala y de David Edilberto Medina. Están acusados de delitos vinculados al robo y exportación ilegal de los rieles que componen las vías férreas del Ramal C25, que unen las localidades de Embarcación y Formosa, 702 kilómetros dispuestos en forma paralela a la ruta nacional 81.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal federal es que el material ferroso era extraído por personas de comunidades originarias en Morillo (Coronel Juan Solá), Dragones y Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta.

El trabajo era encargado por José Miguel Gerala, quien proveía las herramientas de corte, acopiaba los rieles -algunos fueron encontrados en el domicilio de su padre, el intendente de Morillo Atta Gerala- y luego los transportaba hacia Aguas Blancas.

En tanto que Medina se supone que coordinaba el acopio de los rieles con los dueños de dos fincas en la frontera, donde se cruzaba la mercadería por pasos internacionales no autorizados. Además, coordinaba con transportistas y clientes de Bolivia.

Los allanamientos

En los allanamientos realizados ayer en la finca de la familia Cardozo, en Aguas Blancas, Gendarmería Nacional y personal de la Dirección Nacional de Aduanas encontraron 132 rieles en la zona del río que separa la frontera internacional, que habrían estado listos para salir en camión con destino a Bolivia. La otra finca usada para la maniobra sería Gauchito Gil, también ubicada en Aguas Blancas.

Además, en un galpón perteneciente al intendente de Coronel Juan Solá, Atta Gerala, se secuestraron 15 rieles y elementos de corte.

La Fiscalía Federal informó que tienen identificados a los compradores de Bolivia.

El juez federal de Garantías de Orán autorizó los allanamientos y detenciones por parte del personal de Gendarmería Nacional.

“La investigación se va a dirigir hacia el intendente”

Lo aseguró el fiscal general Eduardo Villalba durante la audiencia de imputación celebrada ayer en Orán. “Entendemos que la maniobra se realizó gracias a la estructura de poder que tiene en la localidad de Morillo”, dijo y recordó que lleva Atta Gerala varios mandatos como intendente. También mencionó que existe “temor” entre los ciudadanos de la localidad.

El fiscal sostuvo que están frente a “una organización delictiva mucho más extensa que las dos personas que se van a imputar en esta instancia” y aseguró que existe “connivencia” por parte de “personal de Gendarmería Nacional y los propietarios de fincas aledañas, entre ellos el actual intendente Gerala”.

La fiscalía afirmó que la maniobra de sustracción de rieles del C25 del Ferrocarril Belgrano con la finalidad de exportarlo ilegalmente hacia Bolivia daba “cuantiosas ganancias”. La indagación penal surgió de una investigación periodística, ya que el delito se cometía “a la luz del día”.

La sustracción era “similar al robo de caños del Gasoducto (NEA)”, recordaó el MPF. En cuanto a las vías, “No están en abandono, pertenecen al Estado nacional y podrían tener utilidad”, aseguró Villalba.

Investigaban el ingreso ilegal de neumáticos

Por su parte, la auxiliar fiscal Roxana Gual indicó que hubo una investigación inicial por presunta importación ilegal de neumáticos, que tuvo origen el 23 de agosto de 2023. Personal del Correo Argentino, con sede en Salta, denunció la presencia de 480 neumáticos en la oficina, que provenían del extranjero y tenían como destino diversos lugares del país.

“Estos neumáticos tenían facturas de la empresa Norte Agro, a nombre de David Edilberto Medina. Este hombre estaba sometido a proceso judicial por el uso de documentos falsos para importar 200 cubiertas de origen extranjero”, dijo Gual.

Por esa causa se intervino el teléfono de Medina, quien administraba un galpón en Orán. “Mientras llevábamos (adelante) la investigación, recibimos una denuncia anónima -el 1 de julio de 2024- que ponía en conocimiento que uno de los hijos de Atta se dedicaba al robo y traslado de rieles del ramal C25, valiéndose de personas de comunidades originarias de la zona", contó. 

Los fiscales detectaron que además Medina emitía remitos a transportistas asociados a la actividad del comercio del hierro, que pasaban por Aguas Blancas hacia Bolivia.