Funcionarios del gobierno nacional anunciaron de manera informal el cierre del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. 

La decisión de cerrar los centros anunciada meses atrás ya había generado en junio pasado el pedido de una Defensoría de Tartagal (cabecera del departamento San Martín) para mantener la dependencia ante la importancia que reviste su existencia en una zona de vulnerabilidad extrema como esta.  

Otros agentes del gobierno provincial, en tanto, sostuvieron que la novedad “es desesperante”, ante la trascendencia que tiene el trabajo que realiza el CAJ de Santa Victoria Este. No obstante, el secretario de Justicia de la provincia, Luis María Salado, afirmó que tocará suplir el trabajo que los operadores de este Centro vienen realizando en territorio. Pero la modalidad del sistema que contaba con personas de manera permanente en el territorio, será reemplazada en algunos aspectos con un equipo itinerante.

Uno de los aspectos más preocupantes es que la dependencia estaba involucrada en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Lhaka Honhat c/ Argentina”. En febrero de 2020 este tribunal internacional condenó al Estado argentino a titular un extenso territorio indígen y garantizar el acceso a derechos humanos violentados de manera sistemática.

Por lo que pudo conocer Salta/12, en la última semana de octubre se informó vía una plataforma digital sobre el cierre de la dependencia. La mala noticia era esperada, puesto que en septiembre se habían cerrado los CAJ de Ingeniero Juárez (en Formosa), Cachi (en Salta), Amaicha del Valle (en Tucumán), Belén (en Catamarca), y Susques (en Jujuy). Todas localidades con poblaciones indígenas y rurales que deben enfrentarse a una burocracia estatal lejana al territorio.

El CAJ victoreño cuenta con una abogada, un trabajador social y una intérprete diplomada en traducción wichí-castellano. Todos viven y trabajan en el territorio, con acciones que van desde asesoramiento jurídico, acompañamiento en trámites judiciales y realización de denuncias sobre trata de personas con fines de explotación laboral y sexual hasta violencia familiar y de género.

El CAJ también intervenía para mediar en casos por cuota alimentaria, fomentando acuerdos entre las partes. La finalidad era evitar el coste que tiene acceder a los tribunales más cercanos, como el de Tartagal, a más de 160 kilómetros. En muchos casos, para llegar a la ciudad desde los parajes más alejados se debe transitar por caminos en muy mal estado.

También realizaban trámites para que la población accediera al documento nacional de identidad, dado que en la zona existe un importante número de personas indocumentadas. Además, el CAJ acompañaba en trámites de la ANSeS y en trámites por situaciones de discapacidad.

Los agentes del CAJ también fueron citados como testigos en casos por vulneraciones de derechos humanos, además de haber denunciado a la policía local por no tomar denuncias. También hacían informes a la provincia sobre la falta de agua potable.

Por las mismas dificultades de la distancia, el CAJ gestionaba la realización de audiencias virtuales en la oficina local, con lo que además se evitaban costes de traslado. Asimismo, el CAJ elaboraba informes sociales y hacía visitas domiciliarias a solicitud de la Justicia provincial.

"Idiosincracia particular"

El 26 de junio último, ante el anuncio de cierre de los CAJ el defensor civil N° 2 de Tartagal, Luis Solorzano, elevó una nota a la ex subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro, quien fue después reemplazada por Tristán Arturo Corradini.

El defensor solicitaba la permanencia del CAJ victoreño por los servicios que prestaba y la distancia de Santa Victoria Este de los tribunales provinciales. “No obstante el trabajo que lleva a cabo la Asesoría Itinerante de este Ministerio Público, es que la coordinación con el CAJ de Santa Victoria nos ha resultado eficiente y de gran alivio, no solo para las personas domiciliadas en aquel lugar -que ahora cuentan con un lugar donde asistir y entrevistarse con profesionales acorde a sus problemáticas-, sino para nuestra labor, permitiéndonos tomar contacto de manera certera con nuestros asistidos, personas no solo de escasos recursos sino de idiosincrasia particular a la vez que variada, como la mayoría de los pobladores de aquella zona (integrantes de pueblos originarios; criollos sin educación formal; pobladores de países limítrofes sin su documentación en regla, entre otros)”, aseguraba entonces Solorzano. 

Afirmaba también que las causas iniciadas en la zona tenían por finalidad “proveer al ciudadano del mínimo indispensable para su sustento”, que van desde el acceso a planes sociales a cuestiones que hacen a la propiedad de la tierra y el territorio.

“Eran trámites vinculados con la Nación”, sostuvo el secretario de Justicia provincial, Luis María Salado, al afirmar que cuando se anunció el cierre de los CAJ ya se había dispuesto la posibilidad del trabajo con mediadores comunitarios.

Son 52 los agentes provinciales que hacen las mediaciones, de los cuales solo uno está en Santa Victoria Este, ubicada en el límite tripartito que comparte el país con Bolivia y Paraguay. El sistema provincial prevé un trabajo itinerante de un equipo de abogados que llega a la zona durante algunos períodos.

Otros agentes de la provincia, en tanto, indicaron que la importancia del CAJ de Santa Victoria Este tiene que ver con la cercanía y la confianza que lograron construir estos años de trabajo con la población. Con la ida del equipo de este Centro, la motosierra libertaria afectará en definitiva, a la población más vulnerada del país.