“Le pedimos al señor Presidente de la Nación, como máximo responsable del Gobierno Nacional, que tome las medidas necesarias para impedir nuevos ataques a nuestra familia y evitar cualquier interferencia a la investigación judicial por parte de funcionarios del gobierno o sus asesores”. Con estas palabras termina la nueva carta pública que emitió ayer la familia Maldonado, y lo hizo porque considera que hoy “debe iniciarse una nueva etapa en la investigación” para conseguir “verdad y justicia para Santiago”, el joven desaparecido en medio de la represión de Gendarmería a una protesta mapuche en territorio recuperado de Cushamen, el 1 de agosto, y cuyo cuerpo sin vida apareció el 17 de octubre. Además, anunciaron que el juez federal Gustavo Lleral hizo lugar, de manera parcial, a sus pedidos para que declaren más personas en la causa y para que sea inspeccionado el lugar donde fue hallado el cadáver, a metros de donde fue visto por última vez mientras escapaba de los gendarmes que disparaban, flotando cerca de una orilla del río Chubut donde viven los mapuches. Entre los convocados por la justicia está el payador chileno Nicasio Luna (ver aparte), y cuatro mujeres de Gendarmería.

“No deberíamos vernos forzados a aclarar esto pero, ante la sucesión de ataques sufridos por nuestra familia, pedimos a los medios de comunicación y a la sociedad en general que nos acompañen y dejen de lado cualquier especulación política”, dijeron los Maldonado a pocas horas del inicio de la junta médica, donde se reunirán los peritos de parte con el Cuerpo Médico Forense para elaborar el informe final de la autopsia de Santiago Maldonado. “No somos militantes partidarios (como pretenden caracterizarnos) sino personas comunes a las que una tragedia convirtió en símbolo de un reclamo colectivo. Las distintas marchas y actividades realizadas por Santiago son claramente una actuación política, a la que no tememos porque vivimos en una sociedad democrática y entre nuestros derechos está el peticionar a las autoridades y exigir justicia por la desaparición y muerte de nuestro familiar. Si eso nos transforma en enemigos del Gobierno es por decisión exclusiva de ellos”, reza el texto del nuevo comunicado. Y destaca: “Nuestro único objetivo, desde el inicio de la tragedia que vivimos, es saber la verdad, obtener justicia, evitar la impunidad”, con los tres sustantivos en mayúsculas.

Como una forma de anticiparse a las inevitables filtraciones, los Maldonado afirman que “la inminente difusión de los resultados de la labor pericial refuerza nuestro pedido para que, a partir de las conclusiones de la audiencia de mañana (por hoy), se abra una nueva etapa en la investigación y se concreten medidas indispensables para averiguar la verdad y lograr identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte de Santiago”. Una de ellas es “la reconstrucción del hecho según las distintas versiones expuestas en la causa, peritar el lecho del río Chubut, recoger y analizar los restos de la fogata realizada por efectivos de gendarmería el 1 de agosto”. Como el juez Lleral rechazó una parte de sus solicitudes reiteraron “el pedido de intervención, en lo sucesivo, de investigadores independientes, ajenos a las fuerzas de seguridad federales -dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación- , para colaborar en la causa y evitar nuevas interferencias y dilaciones”.

En la resolución firmada el miércoles, el juez Lleral hizo lugar al pedido de volver al lugar del hallazgo del cuerpo, aunque difirió ponerle fecha para luego de la junta médica. Pero sí fijó las audiencias para interrogar a los miembros de la Pu Lof en Resistencia Fernando Jones Huala, Elizabeth Loncopan y Claudina Pilquiman. Esta última ya declaró en el expediente y es la mujer mapuche que, junto a su hija Ailin Co, llevó a Santiago a la comunidad el 31, lo vio en medio de la represión cuando agarró su mochila en la casilla de guardia y esa madrugada lo buscó por los escuadrones de Gendarmería de Esquel y El Bolsón. Lleral también citó a las integrantes de Gendarmería, enfermeras y encargada de filmaciones,Yanina Saldaño, Rita Arjona, Dagma Pérez Benitez y Romina Vorlku. Además deberá comparecer como testigo el docente Eduardo Rubén Pastorini, que habría estado presente a partir de las 13 del 1 de agosto en la parte externa de la Lof.