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De todos los proyectos de reforma constitucional en danza, que el gobierno de Maximiliano Pullaro también repuso en la agenda en este primer año de gestión, emerge uno desde el ámbito universitario que plantea un enfoque distinto, la mirada ambiental como eje vertebrador, y ya no si cabe la reelección o no del gobernador, el capítulo que siempre abre este debate en Santa Fe. "Debemos avanzar ahora mismo en la discusión de una reforma de la Constitución en Santa Fe que ponga la centralidad en los derechos de la naturaleza y de las personas”, plantea a Rosario/12 el médico y docente Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de Rosario.
La posición viene a cuento de que falta un mes para que concluya el período de sesiones ordinarias en Legislatura, donde media docena de proyectos de reforma aguardan turno y resisten la pérdida de estado parlamentario. Un asunto controlado esta vez por la mayoría automática que detenta la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, a las órdenes de la Casa Gris.
Verzeñassi coincide en la necesidad de aggiornar la Carta Magna, que data de 1962. Pero introduce un abordaje distinto: "Avanzar sobre un nuevo texto que garantice la ampliación de derechos ya consagrados para que el Nuevo Estado de la provincia de Santa Fe sea uno ecosocial", señaló quien participa como fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina.
La propuesta ambientalista parte de la comparación de la norma santafesina con otras foráneas, y de allí postula diferencias que hoy confrontan con el discurso productivista que gusta de sacar a relucir Pullaro y sus ministros cada vez que pueden. Tiene que ver con mirar el Paraná y concebirlo como un río, no como hidrovía.
"Hasta los proyectos presentados que puedan estar mejor intencionados siguen hablando de los bienes comunes en términos de recursos. No es una discusión lingüística o de forma, de lo que se trata es de entender el verdadero cambio de paradigma que debemos encarar colectivamente para tener una nueva Constitución", plantea Verzeñassi. En esta lógica, lo que postula este proyecto es "comprender la diversidad de los sistemas vivos, de los ecosistemas, repensar la simplificación de las dinámicas sociales y productivas instaladas en los territorios", dijo.
De manera tácita, polemiza con el discurso imperante y el clima de época: "Luego nos quieren hacer creer que existen recetas únicas en comunidades y paisajes diversos, acumulando enormes matices de desigualdad en los centros urbanos y asignando a los territorios la única función de proveedores de materias primas a través de una lógica expoliativa", cuestiona el investigador de la UNR.
La dimensión agroecológica de una Constitución es lo que se anima a proponer. "Debemos promover la incorporación plena de la agroecología como un paradigma sustentable que integre las dimensiones ecológica, económica y social de la producción agraria por presentar múltiples beneficios que van desde la mitigación del cambio climático hasta la mejora de la calidad nutricional de los alimentos y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades rurales", recalca el director del INSSA, por fuera de la lógica convencional de la economía agroexportadora.
"Es terrible escuchar como cierta dirigencia santafesina está preocupada solamente por discutir una Reforma Constitucional por la necesidad de reelección del gobernador –critica–. Hay derechos sobre los que tiene que estar ordenada esta Constitución que, a esta altura de nuestra historia, deberían ya estar consagrados como tales: el derecho al agua, a la energía, al territorio saludable". Por caso, esto ya rige en el artículo 41° de la Constitución nacional: el derecho a vivir "en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano".
La actualización de la Carta Magna santafesina tiene allí un hueco. "En Santa Fe no existe un artículo 41°", dice. Por lo tanto, hay un flanco débil para la provincia desde este punto de vista. "Ante la posibilidad de que se apruebe la adhesión al Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones (Rigi) en la provincia de Santa Fe –advierte Verzeñassi– existe la posibilidad concreta de que la ley de aguas de la provincia, que es una ley histórica, revolucionaria, que garantiza el agua como derecho humano, quede sin efecto, porque la prioridad la van a tener las grandes inversiones", analizó.
En este punto, el docente de la UNR destaca que Rubén Giustiniani, como diputado provincial, impulsara en 2016 la prohibición del fracking en su proyecto de ley de aguas. "Fue un adelantado en eso, el agua potable es mucho más que un bien, un recurso o una mercancía, es un derecho humano de primer orden", reforzó Verzeñassi. "Hoy podemos afirmar que, bajo el paraguas de las inversiones, vienen a apropiarse de nuestros bienes comunes fundamentales para nuestros ciclos vitales. Y acá, creemos, es donde tenemos que dar la discusión más profunda. ¿Quién tiene derecho a definir sobre el acceso a los bienes vitales que hacen posible que podamos vivir nuestras vidas en nuestros territorio?".
"En este momento tendríamos que estar discutiendo qué nuevos derechos tenemos que incorporar en un texto constitucional para garantizar que Santa Fe sea un Estado ecosocial, construido sobre la base de la necesidad de reconocer que sí no hay territorios habitables no hay vida posible", subrayó Verzeñassi al tiempo que, sobre los proyectos con estado parlamentario presentados, indicó: “Hay que ver qué termina saliendo de la Legislatura como plan de Reforma. Lo que nos preocupa es que ahora, después de los más de sesenta años que nos costó llegar a este punto donde podemos poner en discusión nuestra Carta Magna, se inicie el debate con el objetivo principal de discutir la reelección del gobernador. Es terrible para la historia".
