Después de años de disputas políticas y de la corporación judicial, el Consejo de la Magistratura aprobó (con nueve votos del oficialismo, jueces, abogados y el representante académico), una terna de candidatos para cubrir una vacante en la Sala I de la Cámara Federal porteña. La terna está encabezada por un juez de tribunal oral, Julio César Báez, pero la gran sorpresa fue la inclusión del candidato que está en segundo lugar, Domingo Montanaro, un abogado que pasó por varios concursos pero nunca era elegido por denuncias que tuvo cuando fue juez correccional subrogante y por haberse pronunciado a favor de la pena de muerte. En tercer lugar está Mariano Llorens, secretario de un tribunal oral, y el nombre a quien en tribunales le juegan todas las apuestas. Llorens es de carrera judicial y en el Consejo lo señalan como el favorito de Daniel Angelici.
La Sala I tiene ahora como único juez titular a Jorge Ballestero. Leopoldo Bruglia es subrogante y con la remoción de Eduardo Freiler hay un lugar más. A partir de esta situación, Bruglia se apuró a pedir un traslado definitivo, un procedimiento controvertido que el macrismo aplicó para meter por la ventana a Carlos Mahiques en la Cámara de Casación Federal. Esa discusión quedará pendiente. Por ahora, el plenario del Consejo resolvió enviar al Poder Ejecutivo la terna que integran Báez, Montanaro y Llorens, y en cuarto lugar al juez penal tributario Javier López Biscayart. Descartó otra terna que ubicaba a López Biscayart en segundo puesto y al juez federal Sebastián Casanello en tercer puesto.
Báez integra el tribunal que, entre casos conocidos, condenó a un colectivero que atropelló a una familia y mató a un nene de cinco años. Intervino también en el caso del ex juez Juan José Mahdjoubian, acusado de “arreglar” causas y direccionar a su juzgado. Montanaro siempre sacó buenas notas en los concursos pero sus antecedentes impedían que llegara a juez: el macrismo evidentemente no vio como un problema su postura a favor de la pena de muerte, su antecedentes de denuncias por maltrato laboral cuando fue juez subrogante y por el cariz de algunas decisiones, como mandar a arrestar a una turista que denunció haber visto un robo y no se presentó a ratificar la denuncia o perseguir con cárcel a personas en situación de calle. Tuvo también una evaluación psicológica negativa. Llorens es secretario, de carrera judicial, trabaja en el tribunal oral 26, cerca de Patricia Llerena, de la comisión de reforma penal nombrada por el ministerio de Justicia.
