En el marco del intento de apurar las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado, el gobierno publicó en la última semana de octubre un decreto por el cual ordena el remate de 309 propiedades. Algunas, ni siquiera son propiedad del Estado nacional. Además, se utilizó la misma fundamentación que justifica la venta de "baldíos o edificios innecesarios para la gestión", que había sido utilizada