El gobierno de Javier Milei quiere vender una porción de Campo de Mayo que para la justicia podría haber funcionado como centro clandestino de detención y lugar de enterramiento durante la última dictadura. Se trata del área conocida como Puerta 8, donde estaba en los años ‘70 el destacamento de Comunicaciones de la guarnición militar. La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Matías Moreno, y el abogado querellante Pablo Llonto ya pidieron en los tribunales que el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, brinde explicaciones y que se frene la avanzada de la administración libertaria.