El Gobierno nacional autorizó formalmente a las empresas transportadoras y distribuidoras de electricidad y gas para aplicar los aumentos que ya habían dispuesto para las tarifas que comenzaron a regir desde el primer día de noviembre.
Los aumentos rondan el 2,5 para el servicio eléctrico y 2,7 por ciento para el gas, y están justificados en el supuesto marco de “emergencia del sector energético” que regirá al menos hasta el último día de este año.
La decisión fue formalizada a través de 22 decretos publicados en el Boletín Oficial a través de los cuales el Poder Ejecutivo autoriza a las empresas transportadoras de todo el país a seguir con la escalada.
Desde que asumió Javier Milei, la luz tuvo una suba que ronda el 760 por ciento mientras que el gas aumentó un promedio del 200 por ciento sólo en el AMBA, según un relevamiento de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).
Entre los considerandos que justifican el incremento tarifario de la electricidad, el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo sostiene que cada uno de los nuevos valores es “razonable y prudente” para continuar en “el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético”.
Es más, recomienda “mantener los precios y tarifas del sector energético en valores reales lo más constantes posibles” para evitar un supuesto “proceso de deterioro de los mismos”.
Argumentos similares se aplican para las subas autorizadas al Ente Regulador del Gas (Enargas) en todo el país, que discrimina los valores de acuerdos a los niveles de usuarios residenciales.
Los porcentajes fueron calculados sobre la base de los últimos números que arrojaron los índices oficiales de inflación, aunque como ya se sabe el impacto en la economía real es mayor al calculado en ese promedio.
De hecho, el ajuste tarifario está por debajo de los números oficiales que, a la vez, le permite al Gobierno seguir disminuyendo los subsidios del Estado en los servicios públicos.
