Frente a la amenaza de una nueva ola despidos en el Estado, los trabajadores de ATE Capital comenzaron un plan de lucha con cortes de calles. El gremio está en alerta desde que trascendieron los informes del ministerio de Modernización sobre los empleados son considerados “de sobra” por el gobierno en cada repartición nacional para alcanzar las llamadas “dotaciones óptimas” –nuevo eufemismo de Cambiemos para justificar los despidos en la administración pública–. Estas amenazas de ajuste ponen en peligro la continuidad laboral de 20 mil personas, miles de ellas con contratos que vencen el próximo 31 de diciembre. 

Los estatales hicieron cortes en el cruce de Corrientes con Callao -una esquina clave para el tránsito en el centro porteño- y sobre la avenida Paseo Colón, frente al ministerio de Energía. Es que desde esa cartera acaban de salir telegramas de despidos para trabajadores de Dioxitek, una procesadora de dióxido de uranio que el gobierno puso en venta como parte de la privatización de las plantas nucleares. 

En la Asociación de Trabajadores del Estado entienden que la preparación de nuevos despidos debe leerse en el marco del pacto fiscal y las reformas laboral y previsional impulsadas por Cambiemos. “Esto responde a los pedidos del FMI respecto a cómo ellos evalúan la conformación del estado para hacer el ajuste que garantice el pago de la deuda. Además, van hacia de un estado mínimo porque están achicando derechos: para lo que están pretendiendo, les van a sobrar empleados públicos”, dijo a PáginaI12 el titular de ATE Capital, Daniel Catalano. 

En sintonía con los informes de “dotaciones óptimas”, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, adelantó que trabaja en un proyecto de ley para limitar la cantidad de empleados del Estado. La iniciativa está incluida en el consenso fiscal acordado con las provincias y agrava la alarma sobre los trabajadores con contratos que vencen en diciembre. 

En estos días hay discusiones organismo por organismo para que se garantice su renovación. En algunos lugares, los funcionarios adelantaron una solución tan precaria como los convenios en juego: plantean una suerte de renovación automática para los primeros meses del verano, con la advertencia de que al mismo tiempo van a ir avanzando con bajas. El plan de lucha de ATE va a continuar la semana que viene, cuando el gremio confluya con la Corriente Federal, Camioneros y las dos CTA en la marcha al Congreso contra la reforma laboral. 

Los despidos masivos de estatales fueron una de las primeras medidas ordenadas por el presidente Mauricio Macri tras su asunción. Entre 2015 y 2016, el PRO echó a 12.500 mil empleados de la administración pública nacional, en su mayor parte trabajadores que Cambiemos identificaba con el kirchnerismo. Ahorro no hubo, porque tras esas cesantías masivas el gobierno creó cinco nuevos ministerios y 17 nuevas secretarías y 38 subsecretarías. El número de ministerios en la gestión Pro se elevó de 16 a 21, el de secretarías de Estado de 70 a 87, y el de subsecretarías de Estado de 169 a 207. La estructura del estado creció un 25 por ciento. Según estimaciones gremiales, los nombramientos de esta gestión ya superaron los 16 mil.

Otro aspecto que desmiente los discursos sobre la austeridad oficial son los sueldos de los nuevos funcionarios. Según quedó publicado en el Boletín oficial, fue creado por ejemplo con un salario bruto de 55 mil pesos el cargo de “Coordinador de la Coordinación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público en la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización”, el mismo que sostiene la necesidad de despedir para llegar a “dotaciones óptimas”. También en Modernización nombraron a un tuitero y militante del PRO como director nacional de Políticas y Desarrollo de Internet, con un sueldo de 80 mil pesos. Un caso similar al de la creación de la directora nacional de Movilidad en Bicicleta, cargo con un sueldo de 70 mil pesos, creado en julio pero con salario retroactivo a diciembre de 2016.