Llega a instancias finales el juicio por la matanza de cientos de pingüinos en la reserva ecológica de Punta Tombo. Este lunes, la sala del Tribunal de Chubut se llenó de expectativa durante la etapa final del proceso. En este contexto, la defensa de Ricardo La Regina, único imputado en el caso, solicitó su absolución, argumentando la falta de pruebas concretas que sustenten las acusaciones de daño ambiental.
Durante su alegato, el abogado defensor, Federico Ruffa, afirmó que “no hay evidencia de pingüinos muertos o nidos dañados”. En este punto aseguró que la causa nunca debió llegar a juicio.
Ruffa argumentó que las inspecciones realizadas en el lugar no encontraron pruebas irrefutables y criticó el uso de un video presentado como prueba, que, según él, no contenía la autopsia necesaria para determinar la causa de muerte de los animales mostrados. "Se exhibieron imágenes emotivas, pero sin fundamento científico", agregó, defendiendo a su cliente de lo que considera un juicio basado en percepciones y no en hechos concretos.
Ante las declaraciones de Ruffa, la fiscal general, Florencia Gómez, manifestó encontrarse en "total disidencia" y enfatizó que se había comprobado “la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado” en los daños ocasionados entre agosto y diciembre de 2021.
Gómez argumentó que la destrucción de 2.049 metros cuadrados del hábitat de los pingüinos de Magallanes constituye un delito ambiental grave. “Se destruyó la flora y fauna nativa. No era propiedad del imputado, sino del Estado y de la sociedad”, destacó, recordando que la reserva ecológica tiene protección internacional.
En la plataforma https://www.change.org/salvenalospinguinosya, más de 52.000 firmas corroboran la existencia de la masacre.
Las voces del juicio: ciencia y derechos ambientales
Los alegatos de los querellantes, incluyendo al representante del Estado provincial y a abogados de diversas fundaciones ambientalistas, reafirmaron la gravedad de los actos cometidos. Martín Castro, en representación del Estado, defendió la acusación de ecocidio, aduciendo que “poco le preocupó al imputado la convivencia con los pingüinos”. La crueldad de los actos y la falta de consideración por el ciclo reproductivo de estas aves fueron ejes centrales de varias de las argumentaciones de quienes sostienen que se trató de un ecocidio.
La respuesta de la defensa
El abogado Eduardo Hualpa, que representa a las organizaciones ambientales, también presentó pruebas científicas que respaldan el impacto negativo de las acciones de La Regina. “El daño causado se produjo en un momento crítico, con una alta densidad de animales”, afirmó, señalando que la colocación de alambrados y la apertura de caminos afectaron la migración y reproducción de los pingüinos.
Sin embargo, la defensa de La Regina no se quedó atrás. Ruffa cuestionó la conducta de algunos testigos y el manejo de la evidencia, sugiriendo que el Estado tiene su parte de responsabilidad en el daño ambiental. “Se olvidan de mencionar otros daños, como los desbordes cloacales en la zona”, alegó, planteando que el juicio no solo debía centrarse en su cliente, sino en un contexto más amplio de descuido ambiental.
¿Cuándo se conoce el veredicto?
El veredicto se espera para el próximo jueves a las 11 horas, y con él, la resolución de un caso que tiene la atención de la opinión pública y que plantea interrogantes sobre la protección del medio ambiente. Este juicio no solo busca justicia para los pingüinos, sino que también puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad ambiental en el país.
