En la conferencia semanal de este lunes, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) presentó la segunda etapa del programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición Adecuada en barrios populares (SANA). Durante 2025, el SANA alcanzará a familias de 300 barrios populares, en 40 municipios bonaerenses, con un aporte de dos millones de porciones alimentarias por mes.

La directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios, explicó que el fin de la política es destinar una respuesta integral "a la creciente demanda y necesidad básica alimentaria", que se presenta la población más vulnerable de la provincia de Buenos Aires. La funcionaria aseguró que SANA es un complemento de los programas de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), políticas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que, entre ambas, destinan mensualmente 67.000 millones de pesos para que se alimenten 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes.

La política se plasma en el territorio bonaerense mediante un trabajo articulado entre el Estado provincial, los municipios, las universidades, las iglesias y las asociaciones civiles. Barrios señaló que "frente al ajuste y deserción del Gobierno nacional, la Provincia tiene un Estado presente que fortalece las políticas públicas de acompañamiento a los sectores que más lo necesitan". El primer gran escándalo de la La Libertad Avanza en el Gobierno fue protagonizado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunciada por no repartir alimentos que el Estado ya tenía comprados. Pese a que la Justicia ordenó que lo haga, la oposición y las organizaciones que trabajan en el territorio aseguran que continúan acopiados.

Durante 2024, el SANA trabajó con 100 barrios bonaerenses. La titular de OPISU resaltó que la entrega de los alimentos se da mediante distintas mesas barriales, que nacieron al calor de la pandemia, la cual para la funcionaria "trajo mucha organización en materia de alimentación". Barrios sostuvo que la idea es seguir asistiendo y acompañando esas mesas con asistencia técnicas y equipos de nutrición, "para llevar adelante de manera eficiente el fortalecimiento de una tarea que ha desguarnecido el Gobierno nacional con la quita de todos los programas".

En su discurso, la funcionaria resaltó "el rol fundamental de las universidades", que producen los alimentos deshidratados que OPISU compra en escala para luego repartir en los barrios donde lleva adelante el SANA y todas sus políticas de integración social urbana. Un ejemplo reciente de ellos es la supersopa que produce la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), a la cual OPISU compró 400 mil raciones de cuatro litros cada una.

"El país vive un desastre social"

Durante la misma conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también se refirió a los alimentos. Pero a diferencia de Barrios, el funcionario bonaerense repasó distintos índices que según él dan cuenta de que "el país vive un desastre social".

Al referirse a productos de la canasta básica, Bianco citó al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que demostró que entre enero y septiembre el consumo se redujo un 9,5 por ciento. El ministro mencionó, además, que según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el consumo de leche cayó un 12 por ciento en el último mes, y que la producción se redujo un 10 por ciento este año.

Citando un informe de la Univerisdad Nacional de San Martín (UNSaM), Bianco destacó que creció un 71 por ciento la cantidad de trabajadores asalariados privados que no llegan a cubrir una canasta básica y son pobres. En el caso de los empleados públicos, ese incremento es de un 154 por ciento. Como resultado, la proporción de asalariados registrados del sector privado bajo la línea de pobreza creció del 17 al 30 por ciento durante este año, y la de los empleados públicos del 11 al 28 por ciento. "Queremos poner estos datos para dar cuenta de la tragedia social económica y productiva que vive el país y que afecta a nuestra provincia", explicó el ministro.

Cuando habló de actividad y empleo, Bianco indicó que según la consultora de Orlando Ferreres, el nivel general de actividad económica, en septiembre, registró una caída del 7,2 por ciento. "Eso que cuentan del rebote los del Gobierno nacional no estaría sucediendo", afirmó. En el acumulado, para los primeros nueve meses del año, la actividad económica muestra una caída del 5,1 por ciento.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina, a su vez, denunció que cerraron diez mil kioscos desde que asumió MIlei, que es el 10 por ciento de todos los que existen en el país. Bianco se refirió a ello y dijo que la venta en kioscos cayó un 30 por ciento en la mayoría de las jurisdicciones, aunque en algunas la contracción fue del 50 por ciento. En referencia a la falta de empleo que eso produjo, el funcionario lamentó el cierre de la avícola Tres Arroyos, que dejó en la calle a 200 trabajadores por la falta de demanda.

Al hablar de los comercios, el ministro de Gobierno remarcó que "aumentó la desigualdad", y citó al observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que informó que el consumo mejoró en los bienes de lujo de shoppings, pero que empeoraron los bienes de consumo masivo, como los de alimentos en supermercados.

El ministro también lamentó la suba en las tarifas a partir de noviembre. Dijo que el agua aumentará un 4 por ciento a partir de noviembre, e indicó que desde que asumió Milei ya aumentó un 289 por ciento, "bien por arriba de la inflación". Los combustibles también aumentarán un 4 por ciento, y desde que está La Libertad Avanza, el aumento total fue del 340 por ciento. La medicina prepaga, a su vez, aumentará entre un 3,9 y un 6,9 por ciento, "pero en sus políticas de desregulación el Gobierno permitió limitar su cobertura con la prescripción de recetas, entonces no sólo que es más cara sino que te da una servicio acotado", lamentó el funcionario.

"La Provincia invirtió 500 millones de pesos en Lanús"

En el marco del trabajo del OPISU, el ministro Bianco destacó los trabajos en el barrio ACUBA, en Villa Caraza, y señaló: "Al principio de año el intendente de Lanús nos solicitó la terminación de las viviendas que habían sido abandonadas por el Gobierno nacional, pese a que estaban en su etapa final. Le dijimos que por supuesto que sí, el equipo de OPISU y de Hábitat contrató las cooperativas, compraron los materiales, terminaron las viviendas y se empezaron a entregar la semana pasada".

Bianco aseguró que "OPISU demostró que invirtió 500 millones de pesos en el barrio", y si bien destacó que "el municipio también aportó recursos", dijo que la Provincia "seguirá trabajando con Lanús al igual que con los 135 municipios, en la medida que el presupuesto lo permita para continuar con obras necesarias y estratégicas".

Siguiendo la temática de viviendas, el ministro fue consultado sobre la suspensión de obras de distintos desarrolladores de casi 400 barrios cerrados de La Plata que estaban fuera de regla. "En mi barrio se llama estafa lo que hacen los desarrolladores que no cuentan con autorización para llevar adelante los desarrollos urbanísticos, no estamos en contra de los emprendimientos de vivienda, pero tienen que cumplir la normativa y la regla vigente", apuntó.

Bianco explicó que existe un procedimiento legal mediante el cual se debe llevar adelante cualquier tipo de urbanización, y que recién cuando la Provincia lo valida se puede poner el primer ladrillo o vender los lotes. El problema visualizado en La Plata, y en distintos puntos de la Provincia, es que los desarrolladores privados lotean los terrenos sin convalidación, los venden, la gente lo compra de buena fe y construye, pero no tienen la validación necesaria y no lo pueden subdividir ni ser propietaria.

Amplió el ministro: "La gente es estafada, construye una propiedad fuera de regla y ni la puede escriturar. No son reglas nuevas, pero los desarrolladores avanzan, construyen y después presionan, pero capaz están construidos arriba de una humedal, y la normativa invalida construir en esos lugares porque después suceden las desgracias". Bianco dijo que La Plata "paró la pelota y se puso a revisar documentaciones", y aclaró que junto al municipio de la capital bonaerense trabajarán para regularizar la documentación.

La agenda

El Gobierno bonaerense anunció que esta semana llevará adelante la encuesta sobre bienestar digital, en el marco de la mesa provincial que combate la ludopatía. Del 4 al 8 de noviembre, se celebrará en 4741 escuelas de toda la provincia y censará a 1 millón 600 mil estudiantes secundarios. El objetivo no es sólo analizar el vínculo de los estudiantes con el juego online, sino todo otro tipo de comportamiento en redes, "para saber qué hacen nuestros pibes y darle la atención que merecen", según explicó Bianco.

"La ludopatía nos preocupa muchísimo y analizaremos con particular atención, porque se habló mucho sobre las magnitudes de tiempo que se dedica al juego online, que generó problemas de adicciones y comportamientos, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo es ese comportamiento. Gracias a la encuesta lo sabremos mejor", explicó el ministro.

Bianco aprovechó la conferencia para lamentar el derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, y también repudió la vandalización del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Consideró que se trata de un hecho grave para la democracia argentina, y exigió un rápido accionar de la Justicia. 

En el mismo sentido, la voz cantante de Gobierno provincial repudió "al Presidente Milei, que dijo que era un autoatentado". "Seguramente no sea casual que sucedan estos actos de vandalismo pocos días después que el presidente Milei acusara a Alfonsín de golpista ensuciándolo en su memoria", lamentó Bianco, y cerró: "Hay discursos de odio, violencia política y eso genera que la gente lleve adelante actos de vandalismo. Nos merecemos vivir en paz y no estamos a favor de la violencia política, solicitamos al Presidente que cese con ello y deje de convalidar estos ataques".