Luego de que rubricaran el pacto social, los gobernadores acudieron ayer al Senado para exponer y dar acuerdo a esa iniciativa de responsabilidad fiscal y a la reforma previsional en un plenario de comisiones, donde también estuvieron presentes los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca. Los mandatarios provinciales que acudieron expresaron su satisfacción por el acuerdo entre Nación y provincias, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá, que criticó duramente al Gobierno por autodefinirse dialoguista mientras los discrimina en las discusiones sobre coparticipación y no recibe a las autoridades de su provincia para negociar las deudas con sentencia firme contra la administración central.

 Rodríguez Saá ratificó su oposición al Consenso Fiscal, como fue renombrado el pacto para que tenga un carácter más dialoguista, el cual contempla bajar gradualmente impuestos distorsivos, apoyar la ley de Responsabilidad Fiscal, derogar el artículo 104 de la ley de Ganancias y suspender demandas judiciales contra Nación. “No lo firmamos ni lo vamos a firmar, está clarito. No nos conviene y no es bueno, porque implica un enormes perjuicios y ceder autonomía”, aseguró. El mandatario puntano aseguró que el Gobierno “administra mal, tiene un déficit enorme, superior a todas las provincias y a lo imaginable” y pretende poner en caja a las provincias. “Ha contraído una deuda de 150 mil millones de dólares, ¿dónde está esa plata?”, enfatizó.

 También rechazó la autodefinición de “dialoguista” que utiliza el gobierno de Cambiemos. “No es cierto. La provincia de San Luis tiene problemas y necesita coordinar con Nación. Pero no nos mandan los fondos porque no pertenece a ninguna liga de gobernadores”, agregó el mandatario de San Luis, que volvió a pedir una nueva ley de Coparticipación.

 El resto de las intervenciones fueron de acompañamiento. Pese a los problemas que generaron las políticas macroeconómicas del oficialismo, la gobernadora fueguina Rosana Bertone sostuvo que en el marco de esas reformas “todos resignamos algo para tener alguna certeza a futuro”. El jujeño Gerardo Morales afirmó que “las provincias no pierden”, mientras que su par cordobés, Juan Schiaretti, consideró que “toca andariveles que nos permiten avanzar como país”.

 Para el rionegrino Alberto Weretilneck, con este pacto “resolvemos una urgencia, que era el acuerdo del ‘93, evitamos que la Corte Suprema resuelva los temas de la política; que las provincias perdamos dinero, y de una u otra manera permitimos que las políticas macroeconómicas puedan llevarse adelante”. El salteño Juan Manuel Urtubey, quien ponderó el hecho de bajar la litigiosidad y calificó el acuerdo de “sensato, razonable y de sentido común”, dijo además que “debemos obligarnos, Nación y provincias, a resolver el problema del déficit fiscal”. “Ojalá que esto sirva para comenzar a sentar las bases de un país diferente”, se esperanzó el gobernador correntino Ricardo Colombi.

 También expusieron Gustavo Bordet(entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) y los vicegobernadores Laura Montero (Mendoza) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Adhirieron a través de una carta alegando “problemas de agenda”, los gobernadores de Chaco, Neuquén, La Rioja y Catamarca. Hubo, también, diferencias entre la posición de legisladores y mandatarios de una misma provincia, como en el caso de Neuquén (la senadora Lucila Crexell y Gutiérrez).