El Gobierno lleva dos años sin poner en marcha la ley sancionada a fines de 2015, que creó un programa nacional de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencias machistas, una de las principales demandas de la primera marcha con la consigna Ni Una Menos. “Recién ahora se implementará una prueba piloto en la ciudad de La Plata, pero en el resto del país ese servicio sigue siendo escaso y desarticulado”, advirtió a PáginaI12 la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, al adelantar una de las conclusiones del monitoreo y análisis del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres –anunciado el año pasado por el presidente Mauricio Macri– que realizaron organizaciones de la sociedad civil, de la academia y activistas. Mayores recursos para el sostén económico de las mujeres en situación de violencia, y el desarrollo de políticas de largo plazo para promover su ingreso y permanencia en el empleo, capacitaciones obligatorias para incorporar la perspectiva de género en la Justicia, campañas sostenidas en el tiempo de sensibilización y difusión de servicios en municipios y que lleguen a zonas rurales y a mujeres indígenas, son parte de los incumplimientos relevados.   Con un femicidio cada 30 horas, una frecuencia que no baja en el país, de acuerdo con las estadísticas que difundió esta semana Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre hoy y mañana miles de mujeres en todo el país volverán a expresar un grito de hartazgo frente a las violencias machistas y también contra el ajuste económico que promueve el “macrismo y los gobernadores”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. La convocatoria en la ciudad de Buenos Aires es a las 17 frente al Congreso para marchar hacia la Plaza de Mayo. 

Gherardi enumeró los principales hallazgos del relevamiento que hizo ELA sobre la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, que abarca acciones de 2016 al 2019 y cuya aplicación coordina el Instituto Nacional de las Mujeres que encabeza Fabiana Túñez. Entre ellos, la necesidad de establecer políticas para abordar “las deficiencias” en la formación y en la aplicación de una perspectiva de género por parte de integrantes del Poder Judicial, donde las capacitaciones siguen siendo en su mayoría optativas y no se realizan eveluaciones de impacto que puedan medir su efectividad. Al mismo tiempo, cuestionó que la Línea de atención 144 todavía “no es accesible para mujeres sordas y personas con otras discapacidades”. 

Otros de los problemas detectados, además de la necesidad de avanzar en la implementación del patrocinio jurídico gratuito previsto en La Ley 27.210, es establecer políticas de apoyo para el proceso de inserción laboral de personas trans y población diversa.

Además, Gherardi mencionó que es necesario:  

  •  Mejorar la articulación entre los distintos ámbitos del Poder Judicial y más aún entre el Poder Judicial y los distintos espacios de atención que dependen de los Poderes Ejecutivos (nacional, provinciales y municipales).
  •  Impulsar un debate sobre los términos en que deberían promoverse las licencias por situaciones de violencia doméstica, así como otras manifestaciones de violencia, promoviendo la elaboración de guías de intervención en el ámbito laboral.
  •  Realizar campañas sostenidas en los ejes que se había planteado en el PNA, con el desarrollo de campañas inclusivas que muestren la diversidad de las personas que viven en el país, con un abordaje de las diversas manifestaciones y formas de violencia que viven las mujeres con discapacidad, las personas LBTI y las mujeres migrantes.
  •  Articular el trabajo con las redes de periodistas, universidades y espacios de formación de comunicadoras/es y periodistas, promoviendo la incorporación de la perspectiva de género, de inclusión y la formación en derechos humanos en las currículas educativas.  
  •  Difundir y destacar el trabajo de las periodistas que trabajan con perspectiva de género, inclusiva y desde un enfoque de derechos humanos, una estrategia para valorizar y difundir su trabajo en un contexto de creciente desocupación y precariedad laboral para el sector. 
  •  Promover campañas en los municipios para difundir los recursos locales de asistencia para las mujeres, brindando recursos económicos a los gobiernos locales y recurriendo a canales de comunicación habituales para las mujeres, como en el transporte público automotor. Y  que lleguen a las poblaciones rurales y mujeres de pueblos indígenas.

A este panorama, se suma, como informó este diario, que el Gobierno decidió recortar el presupuesto para luchar contra la violencia machista en 2018. El Instituto Nacional de las Mujeres recibirá casi 30 millones de pesos menos que en 2017, según surge del proyecto de presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.