Participantes del tercer encuentro Cárceles y Derechos Humanos se posicionaron contra el avance punitivista del gobierno nacional. Como contrapartida, se revalorizó la educación como herramienta para abandonar el círculo de la delincuencia y el encierro. 

El encuentro Cárceles y Derechos Humanos se realizó el 29 de octubre último en la Universidad Nacional de Salta. Es el tercero de un ciclo de reflexión organizado por la Comisión de Educación en Contexto de Privación de la Libertad de la Facultad de Humanidades y en esta oportunidad se posicionó contra la avanzada punitivista del gobierno nacional, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La coordinadora de la Comisión, Sol Villena, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y pedagoga, dijo a Salta/12 que en el encuentro llegaron a la conclusión de que "La educación tiene que ser pensada en un trabajo en red". "Necesitamos entrelazarnos todos los que pensamos y trabajamos por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, necesitamos entretejernos, entrelazarnos para poder buscar las maneras de que se pueda acceder a derechos, de que la cárcel no sea un lugar aislado sino que sea un proyecto humanizado de acceso a derechos", explicó.

Mientras que "la cárcel busca separar, nosotros tenemos que buscar vincular, nosotros tenemos que buscar el acceso, abrir puertas, ventanas donde la cárcel sea un lugar de encuentro", reflexionó.

Sobre el encuentro, Villena contó que "surgió como una necesidad, abrir un espacio de encuentro, de diálogo, de debate sobre temas relacionados al sistema penal". Y detalló que el objetivo de estos encuentros es "poder reflexionar colectivamente, no solamente con estudiantes de contexto de privación de libertad, que están cursando la carrera de ciencias de la comunicación dentro de una unidad penitenciaria, sino con la comunidad".

Hubo ponencias virtuales, del integrante del Comité Provincial Contra la Tortura de Salta, Marcelo Andrés Giordamachi, también del miembro de la Comisión de Prevención de la Tortura de Tucumán, Fernando Korstanje, y del coordinador del Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles (Gesec), Francisco Scarfó.

También participaron estudiantes, docentes, y personal de la Coordinación de Educación en Contexto de Encierro de la provincia de Salta y la fundación Proyectar del Centro de Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica. Y participaron familiares de personas privadas de la libertad.

En la reunión se buscó "reflexionar, problematizar colectivamente sobre las prácticas que tienen que ver con las garantías de los derechos humanos". "Y otro objetivo fue habilitar un espacio de discusión frente a esta situación actual en la que vivimos, de medidas tendientes a profundizar prácticas punitivistas en nuestra sociedad", explicó Villena.

El espacio ya sentó postura contra el proyecto del Ejecutivo Nacional para bajar la edad de punibilidad. "Estuvimos conversando en los encuentros anteriores acerca de por qué nos oponemos y cómo este proyecto está totalmente infundado, es anticonstitucional y muy centralista, con una visión muy porteño-céntrica, sin tener en cuenta las realidades de las provincias", expresó Villena.

El comisionado Giordamachi expuso la problemática del régimen disciplinario en contexto de encierro en Salta, "cómo se diseña a través de las infracciones y de las sanciones una idea de pena del punitivismo, del castigo". "Planteé que la sanción hegemónica y más utilizada en las unidades de cárceles es el aislamiento, expliqué lo que es el aislamiento, que es permanecer encerrado por más de 22 horas y trabajé sobre el régimen de aislamiento, lo que implican las consecuencias a nivel de la salud psicológica y física de los internos", dijo a Salta/12.

Korstanje expuso la situación de las personas detenidas en las comisarías de Tucumán, una de las provincias que tiene más presos en dependencias policiales que en cárceles. Señaló las condiciones infrahumanas de detención, la falta de acceso a beneficios procesales, a la salud, a la educación y al trabajo. Respecto a los aislamientos en las instituciones penitenciarias, dijo que pueden llegar a durar hasta 90 días. También habló de las razias policiales que se vienen realizando en los barrios populares de la provincia

En San Miguel de Tucumán el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) denunció a dos juezas y a un juez de ejecución por la situación de las comisarías que fue expuesta en diversos informes de la Comisión Provincial y también por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Esto devino en disposiciones del Poder Judicial y del Ejecutivo que obstruyen el cumplimiento de las funciones de monitoreo asignadas por ley a los comisionados ya que se les están impidiendo el ingreso a las instituciones penales y dependencias policiales.

Korstanje dijo a Salta/12 que hay "una avanzada circense punitiva en Santa Fe y Tucumán de la mano de (Patricia) Bullrich". "El experimento de Tucumán es como peor, es como más valioso para el gobierno porque es doblegar a un aliado y es como más peligroso para el país porque Tucumán repite una historia de laboratorio pionero como en el 75 con el Operativo Independencia", manifestó.

El 30 de julio último, a Korstanje le obstruyeron la entrada a la Comisaría Primera cuando se disponía a realizar una inspección y un policía lo agredió de forma física y verbal. El comisionado dijo que la fiscalía tucumana se niega a reconocer esa agresión. 

Por su parte, Scarfó expuso sobre la importancia de las políticas de educación en contexto de encierro, ya que ésta es fundamental para la resocialización de las personas privadas de libertad y, asimismo, señaló la necesidad de que las universidades ingresen a los sistemas carcelarios.