“Ni idea que me desalojen” fue la ironía que lanzó ayer un funcionario de la Justicia Federal salteña al ser consultado por la puesta en venta del histórico edificio ubicado en la esquina de las calles España y Deán Funes de la ciudad de Salta.
El edificio, incluido en el catálogo de propiedades a vender que publicó el Estado Nacional en el sitio de internet https://www.argentina.gob.ar/bienesdelestado/subastas-de-bienes-inmuebles-futuras, es uno de los cuatro inmuebles ubicados en la provincia que el gobierno libertario decidió poner en subasta.
En ese edificio, ubicado a una cuadra de la plaza central de la ciudad, en una zona de gran valor inmobiliario, funcionan aún las dependencias de los juzgados federales de garantías 1 y 2, las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones, y el Tribunal Oral Federal N° 1. También funcionan dependencias del SENASA, de la Aduana y de Unidad de Investigación Financiera (UIF).
“No hay que darle mayor relevancia”, dijo el presidente de la Cámara de Apelaciones de la provincia, Renato Rabbi Baldi Cabanillas. El magistrado recordó a Salta/12 que el mismo Estado nacional firmó hace unos seis o siete años un acuerdo a través de la ex ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes), actual AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), con el Consejo de la Magistratura para ceder la administración del inmueble. “Es del Poder Ejecutivo Nacional pero está bajo la administración de la justicia”, confirmó Rabbi Baldi Cabanillas.
“Estoy intentando hablar con la gente de la Magistratura para poder conversar de este tema que evidentemente es un error. Desde la AABE, o antigua ONABE, han calculado mal. Es decir, deben tener un listado importante de oficinas nacionales y se le debe haber escapado que está por un acuerdo hecho por ellos justamente (…), no debe tener doble chequeo y bueno, ya se va a resolver”, interpretó.
Inmuebles “ociosos”
En el decreto de la AABE firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Gobierno, Guillermo Francos, se indica que entre las medidas para “eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión”.
“Mantener ociosos los inmuebles objeto de las normas mencionadas, a los que oportunamente se consideró innecesarios para la gestión del estado nacional, genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”, sostiene el decreto.
Es así que se entendió que están en condiciones de subastados “en razón de resultar innecesarios para la gestión de los organismos a cargo (de ellos").
En opinión de martilleros consultados, el concepto de “subasta futura” (que figura en el decreto), no existe. También cuestionaron que el proceso se haga vía electrónica, cuando la manera de darle transparencia es mediante la presencialidad y con la intermediación de los colegios profesionales.
También, estaciones de ferrocarril
Los “muy malos recuerdos” de las políticas privatizadoras de los 90 fueron revividas por Marcelo Paz, diputado provincial del departamento Anta, al conocer la “subasta futura” de la Estación Mollinedo de la línea del Ferrocarril Belgrano, Ramal C18, ubicada en la localidad de Coronel Mollinedo.
Actualmente en esa estación hay una infraestructura de silos que permite guardar los granos producidos en el departamento que explota la agroganadería, con algunas grandes commodities.
“Se hacen convenios para la utilización de los edificios desde la central de Ferrocarriles de Tucumán”, explicó el legislador a Salta/12. Mostró su malestar por el camino que tomo el gobierno nacional sobre el Belgrano Cargas, cuando debía ser sostenido como política estatal para el desarrollo, opinó. “Soy hijo de ferroviario y soy testigo de cuando mi viejo quedó sin trabajo como muchos ferroviarios y fueron indemnizados, fueron muy malos momentos que viví”, recordó.
Pas indicó que existía un proyecto para reflotar el trayecto del tren y la salida de los granos por otro medio de transporte que no sean los camiones. “Una empresa había ganado (la licitación) del arreglo de las vías. Esto (la subasta y el cierre de los ferrocarriles) mata una vía más de transporte y va a generar desempleo en el departamento de Anta”, afirmó. Y a esta mala noticia le sumó el recorte del presupuesto universitario que, según advirtió, pone en riesgo la continuidad de la extensión universitaria en Anta.
Además de los inmuebles aquí mencionados, el gobierno de la motosierra dispuso la "subasta futura" de dos departamentos ubicados en la zona del macrocentro salteño, cuya referencia indica solo “UF6”.