Una vez llegada la democracia, las travestis y trans siguieron siendo perseguidas. Apenas en 2012, la Ley de Identidad de Género les reconoció como personas sujetas de derechos, en un país que, sistemáticamente y por décadas, las hostigó. Ahora trece de las sobrevivientes buscan una reparación histórica a través de un amparo colectivo en el que piden al Estado que las personas travestis y trans, mayores de 50 años, puedan acceder a una pensión o a una jubilación.

“Esta acción marca un precedente de que, por primera vez, se presentan personas con legajos policiales en mano. Anteriormente siempre eran nuestro relatos, porque, como digo, memoria y verdad siempre tuvimos, siempre nos faltó la última parte, que es la justicia”, sostuvo María

Belén Correa, directora y fundadora del Archivo de la Memoria Trans (AMT), y una de las peticionarias. El AMT, junto con el acompañamiento legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), realizó el amparo al que también se sumarán otras peticionarias que actualmente tramitan su legajo policial. El amparo incluye pericias de la salud de las sobrevivientes.

En el recurso legal del amparo, las 13 sobrevivientes piden que la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se adecúe al artículo 13 de la Ley de Identidad de Género, que establece que toda norma, reglamentación o procedimiento, debe respetar el derecho humano a la identidad de género. Esta normativa explícitamente sólo contempla el acceso a la seguridad social para las mujeres y los hombres cisgéneros.

La legislación vigente, además, exige a las personas que tienen entre 60 y 65, un registro de 30 años de aportes al sistema previsional para acceder a una pensión o jubilación. Sin embargo, el colectivo travesti trans ha estado marcado por la exclusión de derechos básicos como la salud y la educación, lo cual tampoco ha hecho posible que la mayor parte de aquellas que sobrepasan los 50 años de vida haya realizado aportes previsionales.

Un hito

Esta acción legal representa un hito para una comunidad históricamente vulnerada. A causa de la violación sistemática de derechos humanos, el promedio de vida de una mujer travesti o trans en América Latina es de 35 años. La violencia que este colectivo enfrenta se acrecienta en contextos marcados por una agenda antiderechos. Para muestra: la llegada del gobierno de La Libertad Avanza representó el despido de las personas contratadas bajo el cupo de la Ley Laboral Travesti Trans, aprobada en junio de 2021. 

Mientras que, previo a que este sábado hubiese una marcha de millones de personas en la capital federal para celebrar el primer Día del Orgullo en Argentina en el primer gobierno de ultraderecha, el 29 de octubre, día en el que la Ciudad de Buenos Aires conmemora la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans, el legislador porteño Yamil Santoro publicó un video X en donde anunciaba que había presentado, en la Legislatura Porteña, un proyecto para prohibir esta fecha. Santoro comparó las terapias de reemplazo hormonal con un “suicidio”.

“Hemos creado leyes que fueron una sábana para un invierno crudo y hoy lo seguimos viviendo: hay compañeras que no se pueden jubilar, que no pueden acceder a determinada pensión. Entonces, ¿dónde está la perspectiva de género en seguridad social? ¿En dónde está también la cuestión de interpelar al sistema administrativo que atraviesa todo estos códigos? El sistema administrativo del derecho tiene que estar fuertemente interpelado por Ley de Identidad de Género”, expresó Lara María Bertolini, otra de las peticionarias, en una conferencia de prensa realizada el pasado viernes, en la que presencial y virtualmente estuvieron las 13 sobrevivientes.

Bertolini, estudiante avanzada de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, consideró que la incompatibilidad de los programas y los planes estatales con la Ley de Identidad de Género hace que el colectivo no sólo vuelva a la violencia que por décadas vivió, sino que también pierda los derechos que ha ganado.

Los legajos policiales

Una de las paredes del salón donde fue la conferencia estuvo repleta de documentos policiales que representan apenas el 10 % del legajo de todas las detenciones de Ivana Bordei, otra de las demandantes. Bordei fue la primera que tramitó su legajo policial en 2018, después de asesorarse con la abogada Ángela Vanni, quien desde la década de 1990 acompañó al colectivo travesti trans en los tribunales y las comisarías, y articuló estrategias legales para la derogación de los edictos policiales, que finalmente llegó en 1998.

Haciendo uso de la Ley de Protección de Datos Personales, Bordei contó que comenzó a tramitar su legajo en el Departamento de Control de la Policía y luego también asesoró a sus demás compañeras. Una vez solicitó su archivo, de forma presencial, tuvo que esperar aproximadamente 20 días para recibirlo.

“Fue todo tan simple. No estaba asustada, no andaba con miedo, porque hay que decir que el miedo también construye y, esto de volver a transitar estos lugares donde fuimos detenidas, era fuerte, emocionante, porque una decía ‘acá me llevaron’”, recordó Bordei.

La compilación de los legajos policiales fue un proceso de cuatro años. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, el trámite comenzó a realizarse de forma electrónica y el tiempo de entrega de la documentación se extendió hasta ocho meses. Al momento, hay otras sobrevivientes que tramitan sus legajos para incorporarlos al amparo colectivo.

Además de Correa, Bertolini y Bordei, las otras nueve peticionarias y firmantes del amparo son: Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chávez, Paula Ezkerra Rodríguez, Wanda Eliana Galeano, Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas, Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campos.

La violencia estatal

Desde antes de la dictadura militar, adultas, adolescentes y niñeces travestis trans enfrentaron a los cuerpos militares y de seguridad pública. Aparte de las detenciones y procesos judiciales ilegales, fueron sometidas a torturas.

De 1950 hasta 1998, en la Ciudad de Buenos Aires, los edictos policiales dieron paso a la persecución y encarcelamiento injustificados de las personas travestis y trans por su identidad y expresión de género. Recién entre 2010 y 2018, en la Provincia de Buenos Aires, se derogan otros artículos del Código Contravencional y de Faltas que criminalizaron las vidas y cuerpos por fuera de la heteronormatividad y el trabajo sexual. En otras provincias argentinas también existieron contravenciones similares que fueron derogadas en 2012, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

El colectivo ya ha presentado al menos tres proyectos de ley ante el Congreso, en la búsqueda de una reparación histórica por todas las vejaciones causadas por el Estado durante décadas. En noviembre del año pasado, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera en aprobar una Ley de Reparación Histórica para las travestis y trans que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad entre diciembre de 1983 y junio de 2010.