En una extensa sesión, la Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción ayer al proyecto de ley del Ejecutivo Provincial para instituir el juicio por jurados populares en al provincia. El proyecto pasó al Senado. 

El artículo primero de la iniciativa asegura que tiene el objetivo de "garantizar la participación ciudadana en la administración de la justicia penal de la provincia de Salta, satisfaciendo la manda de los artículos 5, 118, 121, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional".

El artículo segundo dispone que los delitos previstos en el artículo 80 del Código Penal "Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados". Ese artículo refiere a hechos graves, con homicidios agravados. El tercer artículo prevé que los juicios por jurados se realizarán en el departamento donde se hubiera cometido el hecho, salvo que "éste hubiera conmocionado a esa comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial", en cuyo caso se podrá sortear a jurados de otro departamento. 

El jurado popular estará integrado por doce miembros titulares y cuatro suplentes, y deberá guardar equivalencia entre participantes de género masculino y género femenino. 

En la sesión la diputada Socorro Villamayor (del bloque oficialista Salta Tiene Futuro) presentó el dictamen de mayoría. “Esto no solo es la madurez de una sociedad” sino también “la decisión política de un gobernador” de enviar el proyecto y “lograr que finalmente iniciemos la práctica del juicio por jurados en la provincia”, destacó. 

Recordó que el juicio por jurados ya se aplica en trece provincias. “La importancia de la implementación del juicio por jurados” es que en este caso "es el ciudadano el que va a llegar a la justicia”, el que deberá determinar si una persona es culpable o no. 

La legisladora subrayó que no se designará a jueces especiales para este tipo de juicios, sino que el Tribunal de Juicio que salga por sorteo será el que dirija el proceso. También los y las integrantes del jurado serán elegidos por sorteo que hará el Tribunal Electoral. La integración será una carga pública para personas de entre 18 y 75 años de edad que sepan leer y escribir, no sean abogados y no integren algún órgano del estado. Si alguien se niega a participar, será pasible de una multa. 

Apertura de la justicia 

Por otro lado, jueces, fiscales y defensores deberán tener “una manera de expresarse comprensiva y clara”, sostuvo Villamayor, para quien el juicio por jurados “significa un avance importante en la administración de justicia”, en “la participación ciudadana en la vida judicial”.

El diputado Luis Albeza (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) coincidió en que el proyecto de juicio por jurados apunta a "una apertura de la justicia” y una democratización. Recordó que administración de justicia “es un poder cerrado hacia la ciudadanía”, a diferencia de los otros poderes. Tiene instancias que no son públicas, además de que usa "mucho lenguaje técnico que la gente no conoce”. 

Los jueces técnicos, integrantes del Poder Judicial, pertenecen casi siempre a la clase media o media alta, grupos que tienen una forma de juzgar y valorar distinta a sectores de la ciudadanía de donde provendrían los futuros integrantes de jurados populares, agregó.

Albeza también repasó los delitos que serán juzgados en juicios por jurados: homicidio con dolo, con alevosía, por precio (sicariato), por placer; homicidio cometido con el concurso premeditado de dos o más persona, cuando el homicidio es conexo o criminis causa (cometido para ocultar otro delito), cuando se mata por codicia por odio racial y de género o por orientación sexual o de género. Cuando se mata por un medio que pueda crear peligro común (por ejemplo, un incendio, un gas venenoso). Todos estos homicidios agravados están contemplados en el artículo 80 del Código Penal.

Además, repasó las ventajas del juicio por jurados: incrementa la participación del ciudadano de a pie en la administración de justicia, hay mayor libertad a la hora de decidir; en cuanto a la prueba, hay mayores exigencias; trae un sentido innato de justicia; obliga a los jueces y abogados a usar un lenguaje llano y democratizará la administración de justicia; disminuirá la desconfianza en el Poder Judicial y dará mayor legitimidad a sus decisiones. 

En cuanto a las críticas, descalificó las afirmaciones que cuestionan la falta de conocimiento de jurados populares, "los abogados no son más aptos que otras personas para discernir si alguien es culpable o no", afirmó. En cuanto que los jurados serían influenciables, también pueden ser influenciables los jueces, afirmó. 

Patricia Hucena (JGSC) destacó que el juicio por jurados es un "modo de participación del pueblo en las decisiones judiciales”, supone no solo el derecho de la persona a ser juzgada por sus pares, sino el derecho del pueblo a ejercer justicia. “Dará más transparencia a la decisión en casos de gran importancia”, aseguró. 

Sobre la forma en que se aplicará, repasó que la función del jurado será decidir si el acusado o acusada es culpable o no y la función del juez técnico es la dirección del juicio. “No es ceder autonomía, sino reconocer ciudadanía plena a nuestros y nuestras habitantes”, sostuvo. Agregó que el juicio por jurados “va a permitir el desarrollo pleno del sistema acusatorio”, recordó que está previsto en la Constitución argentina desde hace más de 170 años y concluyó: “esto es trascendental para la justicia de Salta, sin duda”.

Pedidos de vuelta a comisión 

Legisladoras y legisladores de los bloques opositores Ahora Patria y PRO pidieron que el proyecto volviera a comisiones para un análisis más exhaustivo. 

En el caso de Ahora Patria, que emitió un dictamen en minoría proponiendo modificaciones, el diputado Roque Cornejo postuló que se eleve a 21 años la edad mínima de las personas que pueden ser convocadas a integrar un jurado. Y consideró que se debería establecer como requisito que tengan concluidos sus estudios secundarios, una afirmación que provocó la respuesta de Albeza. 

Cornejo también se pronunció a favor de eliminar las multas, y que en cambio se establezca que quien sea sorteado como jurado o jurada debe aceptar este cargo o será obligado a comparecer por la fuerza pública. “Acá lo que estamos teniendo es un proyecto que busca recaudar”, criticó. También afirmó que el proyecto no prevé medidas de seguridad para el jurado. 

Su compañera de bloque, Griselda Galleguillos, cuestionó que no se haya previsto el juicio por jurados para hechos de corrupción, un planteo en el que coincidió Gustavo Orozco, quien también se pronunció por la vuelta a comisión. 

Sofía Sierra (PRO) hizo hincapié en la seguridad de quienes sean convocados a integrar un jurado. Consideró “un error” que el proyecto prevea la publicación de los nombres de los jurados en el Boletín Oficial. “Tampoco se han previsto garantías para la seguridad del jurado durante la audiencia en juicio” cuando se prolongue más de un día, señaló.

Asimismo, opinó que debió analizarse más la cuestión de la unanimidad en el veredicto. En algunas provincias, el veredicto solo puede decidirse por unanimidad. En este caso el artículo 87 del proyecto de ley prevé que el fallo deberá ser unánime y como última instancia, en el artículo siguiente, autoriza a que se llegue a un veredicto por mayoría agravada de diez jurados y juradas. 

Sierra también desaprobó las multas. "No estamos de acuerdo en que las multas sean tan onerosas para las personas que incumplen” al haber sido sorteadas, sostuvo. Originalmente el proyecto preveía que fuera del monto del sueldo de un juez de primera instancia, de alrededor de 4 millones de pesos. En comisiones, se puso este monto como monto máximo de multa. 

El conservador Guillermo Durand Cornejo, que acompañó la iniciativa, puso el eje en que el jurado popular solo se aplicará a un número exiguo de casos penales. Para ejemplificar, dijo que este año se realizaron "aproximadamente" 12 juicios por delitos graves.