Pobladores criollos y miembros del Pueblo Wichí se enfrentaron el lunes último en la localidad de Alto La Sierra, pueblito ubicado en el extremo noreste de la provincia, a más de 580 kilómetros de la ciudad de Salta. 

Los hechos, que se originaron por un robo que habría perpetrado un niño indígena de 13 años de edad en perjuicio de un hombre criollo que vive en el pueblo, se enmarcan en una realidad mucho más compleja atravesada por la falta de delimitación de un territorio de ocupación ancestral indígena ubicado en las cercanías de la triple frontera.

El domingo último, el adolescente habría ingresado a robar combustible a la casa de un habitante criollo. Como muchos otros chicos y chicas menores de edad, el grupo está atravesado por las adicciones. Referentes comunitarios vienen dando cuenta de manera reiterada sobre esta problemática, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que inhalan nafta, consumen marihuana y bebidas preparadas con alcohol etílico.

Según contó Justiniano Pérez, uno de los voceros de la comunidad indígena de Alto La Sierra, el chico fue golpeado por el hombre criollo, que le ató las manos y lo llevó hasta el destacamento policial. De la dependencia policial el niño fue enviado al Hospital pero se desconoce cuál fue el diagnóstico. 

En este marco, referentes indígenas fueron el lunes último a reclamar a la Comisaría. En ese momento llegó el criollo que llevó al adolescente. Este hombre es señalado como quien vende combustible fraccionado, por medio litro o un litro, a chicos y chicas que consumen la nafta inhalándola. Con ese antecendente, al encontrarse en la dependencia policial empezó una confrontación entre mujeres originarias y criollas.

Tras eso, pobladores criollos viralizaron videos de los hechos acontecidos y denunciaron la falta de seguridad y aseguraron que sufren una discriminación al no poder acceder a la administración de Justicia. En este contexto surgió, además, la problemática por la falta de delimitación de estas tierras, que deben repartirse entre la población indígena, ocupante ancestral de este territorio, y los habitantes criollos. 

Un antecedente cercano

El 9 de septiembre pasado miembros de la comunidad indígena quemaron una casilla que pertenecía a un criollo, con el argumento de que en ese lugar había de trata de adolescentes indígenas con adicciones. Pese a las denuncias radicadas en la Policía, nunca se investigó este hecho.

Tras este suceso, criollos y wichí mantuvieron una reunión en la que acordaron que cada parte organizara una comisión para trabajar con la problemática de las adicciones, que afectan tanto a niños, niñas y adolescentes indígenas como criollos.

“Logramos acordar que ya no vendan el alcohol etílico. Y bajó mucho el consumo. Pero los chicos, como este que robó, salían desesperados a comprar combustible y creció muchísimo ese consumo”, contó Pérez.

“A nosotros también nos parece mal”, dijo por su parte Sergio Albornoz, integrante de la comisión que se formó en la comunidad criolla, al reconocer que sí hubo un acuerdo en tal sentido. “Los primeros días estuvo bien. Pero después ellos salen con que no podemos construir y nos dicen que el criollo se tiene que ir”, se quejó. 

El precedente lejano

En febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al Estado argentino a restituir los derechos vulnerados a las comunidades originarias de los ex lotes fiscales 55 y 14, un fallo que se conoce como el caso “Lhaka Honhat”, porque fue instado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra). 

La sentencia obliga al Estado argentino a otorgar a las comunidades habitantes de este extenso territorio un título de propiedad comunitario sobre 400 mil hectáreas. Y también reconoce derechos a las familias criollas que desde hace años residen en este lugar, pero en su caso, dispone que deberán ser relocalizadas en 200 mil hectáreas. La salvedad es para el caso de quienes que ya se encuentren viviendo dentro de las urbanizaciones como la del municipio de Santa Victoria Este, a cuya jurisdicción pertenece Alto La Sierra.

Este pueblo está urbanizado de hecho, pero no existe plano alguno de la Dirección de Inmuebles que trace su ubicación. “La última (planificación) es la del Hospital, que se hizo hace unos 30 años”, dijo Albornoz. Destacó que no hay planos del pueblo pese a que en su gestión como gobernador el ahora senador nacional Juan Carlos Romero había construido viviendas dentro del ejido urbano.

El trazado de la urbanización ya había sido acordada entre indígenas y criollos. Sin embargo, el referente criollo afirmó que constantemente se acusa a la comunidad que representa de “usurpadora” y se la pone en riesgo ante estos enfrentamientos.

De hecho, otra integrante de la comisión criolla publicó de manera digital: “nos quieren correr del pueblo. Nos hacen responsables de todos los delitos… sufrimos hostigamiento, mal tratos, quemaron una casa, prohíben que se construyan viviendas y también prohíben la venta de combustible”.

El conflicto principal está centrado en la falta de delimitación de la tierra que le corresponde a cada sector. Esta tarea recae en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), pero hasta ahora no logra concluir este proceso.

Diferenciados en sus posiciones, Albornoz y Pérez, coincidieron, sin embargo, en que en la zona “hay un total abandono del Estado”.

Sin acceso a la Justicia ni a la seguridad

Con el cierre del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y con solo dos policías por turno en el destacamento, Alto La Sierra se torna desguarnecida. A esto se suma la inaccesibilidad de los caminos en temporada de lluvias. Esta dificultad provoca otras vulneraciones de derechos. Le pasó al chico de 13 años de esta historia: estaba citado a una audiencia en la ciudad de Tartagal, a más de 220 kilómetros, y no logró llegar porque los colectivos no entran a la comunidad por el mal estado de los caminos.

Ayer, el Ministerio de Seguridad de Salta afirmó que frente a los hechos acontecidos “se reforzará el servicio de seguridad ciudadana en Alto La Sierra, con mayor presencia policial y la incorporación de una moto al parque automotor de la jurisdicción a fin de potenciar el desplazamiento policial en zonas de difícil acceso”. Añadió que además se intensificarán “los patrullajes y controles integrales en especial en locales de expendio de bebidas alcohólicas”.