El ajuste fiscal y la devaluación elevaron los precios de los alimentos y redujeron la capacidad de compra de los sectores vulnerables, concluye la investigación titulada “Rascar la olla. Informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses del gobierno de Milei”, elaborado por el Programa de Estudios Regionales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en conjunto con la Fundación Rosa Luxemburgo.
El informe registra una caída del 11 por ciento en el consumo general de alimentos y de un 16 por ciento en supermercados y mayoristas. A su vez, detalla el modo en que la eliminación de políticas de apoyo a la agricultura familiar perjudicó tanto a productores como a consumidores, dado que se debilitaron las instancias que apoyaban a la producción familiar y a los espacios comunitarios de distribución alimentaria.
La investigación también destaca que esta crisis favoreció a las grandes empresas de sectores estratégicos y oligopólicos, que pudieron maximizar sus beneficios. Utilizando datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), informe sostiene que mientras crece la inseguridad alimentaria, las empresas de ese sector que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires aumentaron sus ganancias un 1300 por ciento, y el complejo exportador de granos hizo lo propio en un 4900 por ciento.
La escalada de precios en los primeros meses del año, que llevó el índice de pobreza al 52,9 por ciento, ubicó a la Argentina primera en el ranking de inflación nominal, con un 135 por ciento en alimentos, según datos proporcionados por el Banco Mundial.
Desde noviembre hasta julio, el gobierno de La Libertad Avanza incrementó los precios de lo que comen los argentinos a nivel general un 128 por ciento, ubicándose así entre los países con mayor inseguridad alimentaria. “La política de devaluación del peso frente al dólar, junto con el recorte del gasto público, desregulación económica y aumentos en las tarifas de servicios y combustibles, ha intensificado la crisis alimentaria en el país”, denuncia el informe.
Transferencia de recursos
La política de ajustes y la transferencia de recursos hacia sectores exportadores y de mayores ingresos ha tenido un impacto devastador en el ingreso de los hogares promedio. Aunque el gobierno nacional celebró los aumentos salariales implementados desde marzo, la mayoría se encuentran muy por debajo de la inflación, especialmente en el sector público y en el privado no registrado, donde la pérdida en términos reales alcanzó el 19 por ciento.
El informe analiza que las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei generaron “una caída en el poder adquisitivo, una contracción del consumo interno y una grave pérdida de seguridad alimentaria, afectando tanto la producción como el acceso de la población a alimentos básicos”. El presupuesto estatal se ajustó drásticamente, mientras que la desregulación de precios y los acuerdos salariales a la baja golpearon el poder adquisitivo y desincentivaron el consumo interno, complicando el acceso a bienes esenciales y profundizando la crisis económica.
Las políticas actuales están configurando un modelo de producción agraria concentrado y orientado al exterior. Se eliminó el “Compre Nacional” y se promovió la importación de alimentos más baratos, en un intento por controlar precios. Paralelamente se flexibilizó el uso de tecnologías e insumos que favorecen al agronegocio en detrimento de las economías regionales. Sectores tradicionales como el de la yerba, azúcar, olivo y vid enfrentan “desprotección, costos de insumos elevados y precarización laboral, comprometiendo así la soberanía alimentaria y las oportunidades de desarrollo económico en el interior del país”.
Inseguridad alimentaria
La falta de incentivos para el mercado interno y las desregulaciones continuas proyectan un futuro desafiante, en el que la recuperación del consumo y la producción nacional podrían estar cada vez más fuera del alcance de la mayoría de los argentinos. Por ejemplo, el presupuesto destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cayó un 95 por ciento en términos reales. El Instituto Nacional de Semillas tuvo una ejecución de tan solo el 20 por ciento y los programas con financiamiento internacional, por debajo del 2 por ciento.
Los sectores excluidos experimentaron un deterioro significativo en los ingresos. El Programa Potenciar Trabajo “fue congelado y desdoblado en dos nuevos, que no suponen una contraprestación laboral. Por su parte, el Programa Nexo directamente fue eliminado. De esta manera, quienes percibían Potenciar (ahora Volver al Trabajo o Acompañamiento Social) y Nexo entre noviembre y julio perdieron un 71,4 por ciento de sus ingresos en términos reales”, señala el informe.
Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar aumentaron 40,8 por ciento en términos reales, sin ser este incremento suficiente para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que en julio se ubicó en $131.294 para el adulto equivalente.
La combinación de devaluación, inflación y aumento de tarifas dejó a una gran parte de la población en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, acentuando la brecha entre los sectores más favorecidos, como el exportador, y los trabajadores del sector público y privado no registrado. La crisis no solo expone las dificultades del presente, sino que plantea desafíos profundos para la estabilidad social y económica.
*Comunicador social, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
