A horas de oficializarse el triunfo de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, el Departamento de Justicia le presentó un escrito a la jueza que lleva la causa por la expropiación de YPF para que rechace el planteo de dos fondos buitres para quedarse con fondos de la petrolera estatal argentina.

El guiño del gobierno estadounidense fue presentado ante la titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, con el argumento de que la solicitud los demandantes "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos".

El revés lo recibieron los fondos Burford y Eton Capital, que habían presentado una solicitud para quedarse con activos de YPF y así cobrar el fallo en el juicio por la expropiación de la petrolera que obliga a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares.

Ambos fondos buitres ganaron el juicio en primera instancia por la expropiación ocurrida en 2012 y el monto que exigen implica un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia.

Lo particular del pedido es que fue hecho mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que puedan ser embargados. En este contexto, la Procuración del Tesoro se puso en contacto con el gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto y explicar las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción.

Las acciones que tiene la Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.

En septiembre último, el gobierno estadounidense había pedido tiempo para evaluar si presentaría un escrito acerca del pedido de los demandantes de que la Argentina entregue sus acciones de YPF. En concreto, había pedido poder dar su opinión el 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales.

Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.

Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa.

Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15 por ciento de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.

La defensa argentina había planteado que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación.