Ayer se realizaron los alegatos del juicio por La Masacre de Resiliencia San Fernando, el incendio donde murieron cuatro usuarios de drogas y del sistema de salud mental en esta granja de rehabilitación clandestina.
Tres meses antes del incendio ya había muerto Ezequiel Ibarra, ahogado en la pileta, tras tener un ataque de epilepsia. A pesar de esta muerte, la comunidad, que no estaba habilitada, no fue clausurada.
El veredicto se conocerá el 29 de noviembre a las 14 hs en los tribunales de San Isidro. Pueden ser condenados por homicidio, privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre –entre otros delitos- directores y psiquiatras de una falsa institución de salud mental.
”Buscamos que no haya más muertes ni violaciones a los DDHH. Que estas 'cárceles privadas', como se alegó durante el juicio, sean clausuradas”, expresaron desde Arda -Asociación de Reducción de Daños de Argentina-, quienes también expresaron: ”Nos interesa difundir que desde la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de ARDA pedimos que se declare la “emergencia en el ámbito de las comunidades terapéuticas” y que el Estado aplique “los protocolos de investigación de violaciones a los DDHH y muertes dudosas en instituciones de salud mental” que desarrollamos desde hace tiempo. Tenemos un registro con más de 20 muertes que quedaron impunes.”
La mañana del 22 de febrero de 2022 se desató un incendio en la sede de la comunidad terapéutica ubicada en Los Chañares al 3900, localidad de La Lonja, partido de Pilar. Los testigos indican que en menos de cinco minutos toda la casa estaba prendida fuego. Cuatro de los 26 hombres internados no pudieron salir del lugar. La autopsia arrojó que fallecieron por inhalar monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Se llamaban José Nahuel Castaño (22 años), Nicolás Claudio Ortiz (24), Nicolás Ezequiel Bisbal (37) y Rodrigo Ariel Moreno (25).
Además de juzgar las muertes, se espera que en el proceso que se viene desarrollando y culminará a fines de noviembre, salga a la luz el modo de operar de este tipo de lugares. Será el primero en juzgar a responsables de comunidades clandestinas bajo la imputación de "reducción a la servidumbre", en particular por el tipo de "captación" con que operan. La CPM y ARDA vienen denunciando desde hace años que la mayor parte de los internos llegan a las comunidades contra su voluntad y que son mantenidos allí bajo distintas formas de violencia que incluyen la sobremedicación forzada, clonazepam y etumina mediante. Eso sin contar la situación de hacinamiento y encierro a la que son sometidos en lugares que muchas veces cuentan con condiciones de infraestructura precarias. .
